Internacional - Política

Por qué la Asamblea Nacional debe representar a Venezuela en el exterior

2019-01-23

Según la Constitución venezolana, la representación internacional del Estado...

Por Miguel Ángel Santos y José Ignacio Hernández G. | The New York Times

El 10 de enero marcó el límite constitucional del primer periodo de gobierno de Nicolás Maduro. El desconocimiento internacional de las elecciones fraudulentas celebradas el 20 de mayo entre Maduro y el candidato Henri Falcón ha abierto la posibilidad de que la Asamblea Nacional (AN) —único órgano del Estado con legitimidad de origen— asuma temporalmente las responsabilidades de la presidencia de Venezuela.

Dentro del territorio venezolano dicha posibilidad es una utopía: la AN —controlada desde 2015 por la oposición— ha sido privada de sus atribuciones para ejecutar los actos de gobierno que le confiere de iure la Constitución de 1999. A nivel internacional podría ser distinto. El amplio reconocimiento de la asamblea por parte de la mayoría de los países representados en la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el parlamento europeo, además de un grupo de tenedores de bonos reunidos en el Comité de Acreedores de Venezuela, le abre la posibilidad de ejecutar actos de gobierno en el exterior.

Según la Constitución venezolana, la representación internacional del Estado corresponde al poder ejecutivo, incluyendo la gestión y defensa de los activos públicos en el extranjero. Pero la carencia de legitimidad de Nicolás Maduro lo inhabilita para realizar las funciones propias de la presidencia.

¿Qué hacer en estos casos? Hay instancias en el derecho internacional donde autoridades legítimas han sido reconocidas internacionalmente en detrimento del gobierno de facto con el que coexisten. Un ejemplo reciente es el Consejo Nacional de Transición de Libia, reconocido por el gobierno británico como “única autoridad de gobierno” en 2011, lo que le permitió defender ciertos derechos de Libia ante los tribunales del Reino Unido y reclamar la propiedad de los activos líquidos depositados en el British Arab Commercial Bank. Un año después, ocurrió una situación similar en Siria, cuando la Coalición Nacional para las Fuerzas Revolucionarias y Opositoras fue reconocida por el Reino Unido como representante único de ese país.

Con este antecedente, la Asamblea Nacional, en su condición de única autoridad con legitimidad de origen en Venezuela, podría actuar como representante del Estado venezolano en el extranjero, a fin de ejercer la defensa y protección de sus derechos. Esta noción es consistente con el desconocimiento internacional de la elección presidencial de mayo, así como también con el desconocimiento del Tribunal Supremo de Justicia nombrado por Maduro y las sentencias en que declara a la AN en desacato.

Esta nueva coyuntura le abre a la oposición venezolana la posibilidad de ponerse al frente de una operación orientada a proteger los activos del Estado venezolano en el exterior. De hecho, en un acuerdo aprobado el pasado el 15 de enero, la AN solicitó a 46 países que protejan los activos de Venezuela ante la usurpación de la presidencia por parte de Nicolás Maduro.

En el ámbito de los países que reconozcan a la AN como única autoridad legítima, las acciones de la asamblea podrían ir más allá: podrían abarcar desde la toma de refinerías y otros activos propiedad del Estado venezolano, pasando por la apropiación de los activos líquidos y proventos de ventas de petróleo que circulen por dichos países, hasta la representación legal en procesos contra el Estado venezolano.

Es una oportunidad única, ahora que los activos públicos de Venezuela en el exterior se encuentran amenazados por las demandas de un conjunto de acreedores defraudados por la nación. Venezuela tiene una cantidad aproximada de 65,000 millones de dólares en bonos de la república, la petrolera estatal PDVSA, la Electricidad de Caracas y la refinería Citgo. Todos se encuentran en default, con la excepción de dos que corresponden a esta última y uno que corresponde a PDVSA, que está garantizado con las propias acciones de Citgo. Además, el país ha sido demandado ante el tribunal de arbitraje del Banco Mundial, de lo cual han derivado diversas condenas al pago de importantes sumas de dinero que han dado lugar a acciones de ejecución de activos del Estado venezolano, especialmente en la industria petrolera.

En este contexto, la Asamblea Nacional puede solicitar a los países que la reconozcan como autoridad legítima la protección de los activos venezolanos que se encuentren en sus territorios. Dicha acción podría beneficiar al conjunto de los acreedores, puesto que los valores de recuperación de sus deudas en el evento de un ataque colectivo pueden ser menores de lo que conseguirían en un proceso de reestructuración más ordenada realizada como consecuencia de una transición política reconocida nacional e internacionalmente.

Al margen del éxito de estas acciones, la imagen de la oposición actuando como gobierno al frente de una operación de defensa de los activos de Venezuela sería muy poderosa. La ventana para concretar esta posibilidad es relativamente limitada. No solo porque su periodo finaliza en 2021, sino porque la intensa refriega política amenaza con desgastarla y disgregarla.

¿Qué hacer para aprovechar mejor esta gran oportunidad? La Asamblea Nacional, y su presidente, el diputado Juan Guaidó, han sido reconocidos ya como autoridad única por la OEA; en retribución, la AN designó un nuevo representante de Venezuela ante ese organismo. Estados Unidos, a través de su vicepresidente, Mike Pence, reconoció a la AN como “el último vestigio de democracia” en Venezuela y apoyó el llamado de Guaidó a un gobierno de transición. Colombia y Paraguay también les han dado su visto bueno a ambos. Esta alineación favorable, le ofrece a la autoridad legítima de Venezuela, la rara oportunidad de empezar a revertir dos décadas de agravios a la nación perpetrados por el gobierno chavista.

No es una utopía ni una fantasía. Pero para contar con un reconocimiento más formal y amplio de la comunidad internacional, y poder así avanzar la defensa de los activos de la nación, es necesario concretar un acuerdo político dentro de la oposición que defina los roles que le corresponderán a la Asamblea Nacional y al propio Guaidó como presidente encargado. Este acuerdo será una prueba sobre la capacidad de la oposición para garantizarles a los venezolanos un futuro mejor.



Jamileth