Reportajes

La extraña ejecución

2007-03-24

Calderón no envió ni siquiera una corona floral al velatorio en el que se congregaron militares que...

Jorge Carrasco Araizaga

México, D.F.,  (proceso).- A pesar de que el presidente Felipe Calderón ha hecho de las Fuerzas Armadas el pilar de su gobierno, su relación con el Ejército se vio ensombrecida por la ejecución de Mireya López Portillo Guedea, hija del general de división retirado Luis Humberto López Portillo Leal, la madrugada del sábado 17 de marzo.

La conmoción que provocó este asesinato, con el tiro de gracia al estilo de una vendetta, fué seguida por manifestaciones de malestar e indignación por parte de militares en activo, así como retirados. El motivo: la molestia se debió a que la Presidencia de la República no envió a ningún representante a las ceremonias fúnebres. Tampoco fué bien vista la decisión del gobierno federal de dejar en manos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) la investigación de un hecho que tiene el sello de la delincuencia organizada.

Lo que hasta ahora había sido una luna de miel entre las Fuerzas Armadas y la Presidencia empezó a convertirse en una relación complicada. Si algunos integrantes del Ejército esperaban el respaldo presidencial luego de la más reciente agresión a la milicia, lo que escucharon de Calderón fué que también él está amenazado.

El asesinato de Mireya, hija y sobrina de generales, es considerado por ESOS integrantes de Ejército como parte de las agresiones contra elementos de la milicia y los ataques que han sufrido las instalaciones militares durante las últimas semanas.

El presidente Calderón no envió ni siquiera una corona floral al velatorio en el que se congregaron militares que acompañaron al general López Portillo Leal, quien fué uno de los mandos superiores de la Defensa durante los dos últimos sexenios. En 1998 el padre de Mireya combatió en el estado de Guerrero al Ejército Popular Revolucionario (EPR) y fué acusado de cometer graves violaciones a los derechos humanos.

Más aún, el gobierno federal dejó que la PGJDF se hiciera cargo de las investigaciones, a pesar de la desconfianza que el Ejército le tiene a esta dependencia. Por ello, la Procuraduría de Justicia Militar (PJM) realiza su propia averiguación.

Una muestra de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desconfía del trabajo de la procuraduría capitalina se dio apenas a finales de febrero, cuando peritos militares desacreditaron la averiguación que ésta realizó en torno al asesinato del empresario Luis Alfonso Belmar.

“¿Cómo es posible que la investigación del asesinato de la hija del general se le deje a la Procuraduría del Distrito Federal, si ha demostrado su incompetencia?”, dijo a Proceso un jefe del Ejército.

Debido a que la ejecución ocurrió en Bosques de las Lomas, en la delegación Cuajimalpa, la procuraduría de la capital del país inició las pesquisas del hecho ocurrido alrededor de la una de la mañana del sábado 17. Mireya López Portillo Guedea y su esposo Jordi Peralta Samper, un alto ejecutivo de ventas de TV Azteca, fueron atacados después de cenar en un restaurante de la zona comercial de Santa Fe, al poniente de la ciudad.

La pareja iba en una camioneta Grand Cherokee Limited blanca, sin placas y –de acuerdo con los primeros reportes– sin permiso de circulación. Cuando transitaba sobre Paseo de Tamarindos, a la altura del número 1258, fué alcanzada por desconocidos que se desplazaban en un auto Nissan Máxima color arena, que había sido robado en enero pasado.

Los agresores dispararon contra Peralta Samper, quien conducía la camioneta, que se salió del camino y se detuvo en una cuneta. Allí, les dispararon a ambos de frente al parabrisas con armas largas. En el lugar quedaron 50 casquillos percutidos.

La acción fué presenciada por un amigo del matrimonio, quien había cenado con ellos y conducía un vehículo aproximadamente 200 metros detrás de la pareja. Esta persona rindió de inmediato su declaración ante el Ministerio Público de la agencia 26 de la PGJDF, en Cuajimalpa, y se encuentra en calidad de testigo protegido.

Los primeros reportes de la investigación señalaron que la hija del general era el principal blanco del ataque. La autopsia mostró no sólo más disparos sobre ella, sino el tiro de gracia. Jordi Peralta recibió cinco tiros en el pecho, dos menos que ella.

Varias calles adelante de donde ocurrió el crimen, en la calle Bosque de Radiatas, los asesinos abandonaron el Máxima con dos armas de grueso calibre –sin cartuchos– en su interior: un AK-47 y un rifle calibre .223, marca Galil, de fabricación israelí.

Al parecer, el arma que mató a Mireya López Portillo pertenece a la Dirección de Operaciones Especiales de la Agencia Federal de Investigación (AFI). Su número de asignación es el 93117 y a pesar de haberse reportado recientemente como “desaparecida”, el hecho sólo ameritó que se levantara un acta administrativa.

Los cuerpos de las víctimas fueron reconocidos la mañana del domingo por el propio general López Portillo en la agencia del Ministerio Pública de Cuajimalpa. Abandonó el lugar hasta la tarde, después de que una carroza de los servicios funerarios del Ejército recogió el cuerpo para trasladarlo al Servicio Médico Forense, donde le practicaron la autopsia.

De allí trasladaron los restos al velatorio de la Sedena, en Lomas de Sotelo. Al lugar llegaron militares en activo y en retiro, sobre todo compañeros de generación de López Portillo Leal. Ahí fué cuando se comenzaron a sentir las ausencias, entre ellas la del exsecretario de la Defensa Gerardo Clemente Ricardo Vega García, su excompañero de estudios. Más significativa fué la falta del pésame de la Presidencia de la República, que ha hecho de su alianza con las Fuerzas Armadas el signo del actual gobierno. Quien se hizo cargo de los arreglos en el velatorio y acompañó al padre de la víctima fué el general Jaime Antonio López Portillo Robles, quien fué procurador de Justicia Militar con Vega García en el sexenio pasado y actualmente es director de Justicia Militar, cargo en el que es responsable de los trámites de baja y alta de los miembros del Ejército y la Fuerza Aérea.

También estuvieron ahí excompañeros de López Portillo en el Colegio Militar, de donde egresó en 1960, entre ellos el general retirado Rodrigo Alcaraz Leyva, quien en el sexenio pasado estuvo al frente del Instituto de Formación Policial de la Policía Federal Preventiva (PFP), el cuerpo militarizado al que Calderón pretende unificar con la Agencia Federal de Investigación (AFI).

Así mismo, acudió el general en retiro Guillermo Martínez Nolasco, quien entre 1999 y 2003 fué presidente del Supremo Tribunal Militar y diputado federal por el PRI en la pasada legislatura, donde presidió la Comisión de Defensa en la Cámara de Diputados. Su sucesor en esa comisión, el general retirado Jorge González Betancourt, diputado por el PAN, también presente en las ceremonias fúnebres, aseguró que el atentado del 6 de marzo contra el secretario de Seguridad Pública de Tabasco, el general retirado Francisco Fernández Solís, del que resultó sólo con heridas, “son reacciones del crimen organizado”.

Esos ataques no son los únicos que ha sufrido el Ejército. En junio pasado fué acribillado en Cancún el coronel retirado Wilfrido Flores Saucedo, jefe de estado mayor de la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos de Cancún, Quintana Roo. Cuando se iniciaron los operativos contra el narcotráfico ordenados por el presidente Calderón, dos soldados de intendencia desarmados fueron asesinados en Culiacán el 3 de febrero.

También hay un hecho que algunos elementos del Ejército recuerdan, a pesar de que no se hizo público: el ataque con ráfagas de AK-47 contra las instalaciones del Hospital Militar en Acapulco, en diciembre pasado, en el que murieron dos soldados. La agresión no trascendió a la prensa, porque horas después del tiroteo los muros del hospital fueron reparados.

El agravio en contra de las Fuerzas Armadas creció con la ejecución de López Portillo Guedea. De acuerdo con información publicada por el diario El Universal el lunes 19, en un principio la PGJDF estableció que el objetivo del ataque era asesinar a la hija del militar. Según esta hipótesis, el móvil habría sido la venganza y el tiro de gracia fué un mensaje.

Ese mismo día, el secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Joel Ortega, dijo que el atentado tiene la sombra de la delincuencia organizada, por lo que la Procuraduría General de la República (PGR) tendría que atraer las investigaciones. Además, mencionó el decomiso de 205 millones de dólares y 17 millones de pesos en una residencia de la calle Sierra Madre, en las Lomas de Chapultepec, cerca del lugar de la doble ejecución, pero unas 36 horas antes de ésta.

Al día siguiente, las autoridades del Distrito Federal fueron más cautas. El titular de la PGJDF, Rodolfo Félix Cárdenas, evitó precisar sobre el tipo de armas utilizadas y si son de uso exclusivo del Ejército. Añadió que podrían pasar dos semanas para saber si el expediente se turna completo a la PGR. Oficialmente, esta dependencia sólo investiga la parte relacionada con una de las armas usadas en el crimen, la que al parecer se le perdió a la AFI.

“Actualmente la averiguación la tiene la PGJDF. He escuchado y leído algunas notas (periodísticas) en las que se maneja que ambas instituciones, la federal y la de la Ciudad de México, se la disputan. No existe nada de eso. Nosotros tomamos la investigación porque nos correspondía de inicio”, declaró Félix Cárdenas a la prensa.

El funcionario descartó que la doble ejecución esté relacionada con la trayectoria de López Portillo Leal o con el millonario aseguramiento realizado por la PGR en las Lomas de Chapultepec.

Las primeras hipótesis acerca de las dos ejecuciones relacionaron el crimen con el pasado del general López Portillo Leal, cuando fué comandante de la IX Región Militar, con sede en Guerrero, a finales de la década pasada. Entonces fué acusado de las ejecuciones de algunos miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR). La relación del general con ese estado es incluso más antigua, pero siempre estuvo vinculada con la represión de los movimientos armados en la zona.

López Portillo Leal es egresado de la promoción 1960 del Colegio Militar, al que ingresó en 1957 y donde, además de estudiar con el anterior titular de la Defensa, fué compañero de algunos militares que con el tiempo pasarían a ser parte del personal castrense formado en la Escuela de las Américas, que el comando sur del Ejército de Estados Unidos tuvo en Panamá.

Entre sus compañeros estuvieron el general Carmelo Teherán Montero y Gastón Menchaca Arias. El primero fué capacitado por los estadunidenses en inteligencia militar y el segundo se especializó en operaciones de guerra irregular. Ambos actuaron contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) al inicio del conflicto armado en Chiapas.

Luis Humberto López Portillo no fué el primero de su familia en ingresar al Ejército. Su hermano Salvador fué ayudante del secretario de la Defensa Nacional durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, Marcelino García Barragán. Todavía a principios de los noventa fué director del Reclusorio Norte en el Distrito Federal. Otro de los hermanos de Luis Humberto, Antonio, también perteneció a las Fuerzas Armadas.

La primera estancia del general López Portillo Leal en Guerrero fué entre 1974 y 1976, al lado de Enrique Cervantes Aguirre, quien se convertiría en titular de la Defensa en el sexenio de Ernesto Zedillo.

En aquel entonces López Portillo Leal era mayor de infantería, Cervantes Aguirre teniente coronel, grado con el cual éste se desempeñó como comandante de la 27 Zona Militar. Años después, López Portillo Leal ocupó este mismo cargo, ya como general.

Con ellos llegó el entonces capitán Juan Alfredo Oropeza Garnica, quien también se graduaría en la Escuela de las Américas. Los tres participaron en la llamada guerra sucia en Guerrero, en tiempos de Lucio Cabañas.

En 1981, López Portillo Leal obtuvo el grado de coronel de infantería Diplomado de Estado Mayor. fué comandante de la 24 Zona Militar en Cuernavaca, Morelos. En Chiapas, durante el levantamiento del EZLN en 1994, también realizó tareas antisubversivas como jefe de la 30 Zona Militar.

Dos años después llegó a Guerrero como comandante de la IX Región Militar, que comprende la 27 zona militar, con sede en el Ticui, y la 35, en Chilpancingo. Su segundo paso por Guerrero estuvo marcado por los hechos ocurridos la madrugada del 7 de junio de 1998 en la comunidad El Charco, en el municipio de Ayutla de los Libres.

En ese entonces, elementos al mando del general Oropeza Garnica, quien entonces comandaba la 27 Zona Militar, ejecutaron a 11 personas e hirieron a otras cinco en un enfrentamiento con el EPR. Además, fueron acusados de torturar a varias de las 21 personas que detuvieron, entre ellas la maestra Éricka Zamora, quien pasó cuatro años detenida a pesar de que nunca le probaron los cargos de terrorismo que le imputaron.

A finales de 1998 apareció en el Distrito Federal el Comando Patriótico de Concientización del Pueblo, integrado por militares de distintos rangos, procesados por la justicia castrense y liberados bajo fianza. El comando, integrado por el médico militar Bacilio Gómez, pugnaba por una reforma de la justicia militar. López Portillo Leal fué uno de sus principales críticos.

Al salir de Guerrero, ya en el gobierno de Fox y con su excompañero de generación, Clemente Vega García, como secretario de la Defensa, López Portillo Leal pasó a la comandancia del Primer Cuerpo del Ejército, una de las agrupaciones militares más importantes del país.

En 2001, su cercanía con Vega García lo llevó a encabezar el primer desfile militar del 16 de septiembre del entonces presidente Vicente Fox. Dos años después López Portillo Leal pasó a retiro. Se le mencionó como posible candidato a diputado federal, pero Vega se decidió por otro compañero de su generación, el general retirado Guillermo Martínez Nolasco.



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