Comodí­n al Centro

Luisa Ortega, la chavista rebelde 

2017-08-15

"Chávez era el muro de contención de esas ideas locas que se nos ocurrían...

Alfredo Meza, El País


“Chávez era el muro de contención de esas ideas locas que se nos ocurrían a nosotros”. El número dos del régimen venezolano, Diosdado Cabello, pronunció estas palabras en un acto televisado en 2013, 15 días después de la muerte del presidente, y en medio de la campaña electoral que escogería como su sucesor al entonces vicepresidente, Nicolás Maduro. La frase es memorable porque retrata cómo los acólitos de Chávez carecían de la visión estratégica del líder.

Hoy los diques han saltado y esas “ideas locas” se pueden resumir en la deriva acelerada hacia la aniquilación de la democracia. Ahí están las maniobras para posponer o evitar las elecciones, y el bloqueo de cualquier iniciativa para entenderse con sus adversarios del poder legislativo, controlado por la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática. El chavismo, que mostraba pequeñas fisuras, ha terminado de romperse. Las críticas a las decisiones de Maduro han salido de la intimidad del movimiento para convertirse en un escándalo público. Y, en ese nuevo escenario, la destituida fiscal general del Estado, Luisa Ortega Díaz, ha emergido como la principal voz discordante entre las filas chavistas.

La guillotina revolucionaria en la que Maduro ha prometido convertir la recién estrenada Asamblea Constituyente —hecha a medida de sus intereses para suplantar a la Asamblea Nacional controlada por la oposición— empezó a funcionar hace una semana con la fiscal general como objetivo. La primera decisión del nuevo órgano, cuya legitimidad no ha sido reconocida por la UE ni por los principales países latino­americanos, fue expulsar a Ortega Díaz del cargo que ocupaba desde 2007. Sus cuentas bancarias han sido congeladas y se le ha prohibido la salida del país por “la presunta comisión de faltas graves”.

Muchos no olvidan cómo puso la institución al servicio de régimen para condenar a los opositores

Su ruptura formal con Maduro se produjo a finales de marzo, cuando dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia despojaron al Parlamento de sus poderes y retiraron la inmunidad a los diputados. “Lo que ha ocurrido es un golpe de Estado”, clamó entonces Ortega. La corriente chavista con la que se identifica esta experta en leyes tiene a la Constitución de 1999, promovida por Chávez, como bandera. Es una Carta Magna criticada por presidencialista y gaseosa, abierta a las interpretaciones convenientes de quien tiene el poder. Aun así, establece términos claros sobre la duración de los mandatos y la manera de convocar una Asamblea Constituyente.

A esas premisas y a la división de poderes se ha aferrado Ortega Díaz, nacida en Calabozo (centro de Venezuela) hace 59 años, para alejarse de Maduro. “Defenderé la Constitución con mi vida”, dijo en respuesta a los planes del presidente de reformarla.

La fiscal general destituida, casada con el exguerrillero y hoy diputado Germán Ferrer, ya había mostrado diferencias con el Ejecutivo en el pasado. En marzo de 2016 desmintió al Gobierno cuando dijo que la desaparición de 28 mineros en el poblado de Tumeremo era un invento de los medios. Un equipo de expertos de la fiscalía encontró 16 cadáveres e identificó al sospechoso, Jamilton Andrés Ulloa Suárez, El Topo, un delincuente que tenía aterrorizados a los habitantes de la región. El régimen tuvo que reconocer los crímenes y ordenar su detención.

Los operativos policiales desplegados en las barriadas populares también fueron objeto de crítica por parte de la fiscal general por las constantes denuncias de violaciones de derechos humanos. Y no pasó inadvertido su viaje en febrero a Brasil para reunirse con el procurador general de ese país y conocer los detalles del caso Lava Jato (sobornos a las más altas autoridades de varios países latinoamericanos a cambio de contratos que favorecieron a la constructora Ode­brecht). Aquello no fue un gesto menor: en el expediente aparecen mencionados Cabello y Maduro como receptores de fondos para sus campañas electorales.

Desde entonces, los colaboradores de Chávez que rompieron con Maduro se hicieron más visibles. Son un grupo que, aunque dividido en un archipiélago de organizaciones, parece decidido a transmitir la idea de que el chavismo no es una banda de forajidos que desconocen el Estado de derecho. Luisa Ortega Díaz no está integrada en ninguna de esas nacientes estructuras, pero su liderazgo podría aglutinar a todos ellos en una corriente que rompa la polarización de Venezuela. Que recoja quienes, siendo chavistas u opositores, están convencidos de que un grupo no podrá aplastar al otro.

Su ruptura con el Gobierno llegó en marzo: afirmó que se había perpetrado un golpe de Estado

Con todo, no es fácil para la oposición reconocer su liderazgo y olvidar que, cuando Chávez vivía, o incluso pocos meses después de su muerte, Ortega Díaz puso la institución al servicio del régimen para apuntalar las condenas de los opositores. Sucedió a partir de febrero de 2014 con la investigación penal de la acusación al dirigente opositor Leopoldo López. El tribunal estableció la culpabilidad de López a partir del testimonio de una experta (vinculada al chavismo) que analizó la arenga del político. Según el Gobierno, esos discursos fueron clave en el inicio de las protestas del primer semestre de 2014, que dejaron 43 muertos y centenares de heridos. El Ministerio Público nunca contrastó aquel análisis con las opiniones de otros profesionales.

Mucho antes de eso, tras las muertes ocurridas en la manifestación de 2002 —previa al intento de derrocamiento de Chávez—, Ortega Díaz, entonces una fiscal rasa, solicitó la pena máxima de 30 años para los policías involucrados. Ellos están considerados los chivos expiatorios. Quince años después, los oficiales todavía están presos sin beneficios procesales. El jefe, Iván Simonovis, en prisión domiciliaria, es uno de los legendarios prisioneros políticos del régimen.

La situación es ahora muy diferente para Ortega Díaz. El Gobierno la considera una traidora y, aunque formalmente no se han presentado cargos contra ella, el Tribunal Supremo ha prometido llevarla a juicio. Ella cree que su vida está amenazada o que puede ser encarcelada de forma arbitraria, según ha declarado esta semana a la agencia Reuters. Lleva días escondida en distintas casas. Cambia de lugar una vez al día para evitar ser localizada. A pesar de todo, ha asegurado, no está en sus planes retirarse.



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