Panorama Norteamericano

La nueva Administración de Estados Unidos, los inmigrantes, la MS-13 y la construcción del muro

2018-04-13

Mientras que para el crimen organizado tradicional la función principal es hacer dinero...

María Luisa Pastor Gómez | IEEE


La promesa hecha a sus votantes de levantar un muro en la frontera con México ha llevado al inquilino de la Casa Blanca a relacionar la inmigración centroamericana con la delincuencia y la inseguridad en Estados Unidos, en un intento de justificar el endurecimiento de su política migratoria.

En la lógica de este discurso extremo, Donald Trump ha lanzado su particular “cruzada” contra los inmigrantes ilegales a los que asocia con asesinos, narcotraficantes y pandilleros de la Mara Salvatrucha, un colectivo criminal y extremadamente violento, creado en la década de los ochenta en Los Ángeles por los hijos de refugiados salvadoreños como defensa a los actos de xenofobia y marginación que sufrieron en la adaptación a su país de acogida.

Un argumento que le sirve al mandatario estadounidense para culpar a la política de “fronteras abiertas” de la muerte de muchas personas en su país y considerar la construcción del muro en la frontera con México como solución para hacer frente a la violencia y la inseguridad.

Además de levantar el muro, Trump ha anunciado otras medidas. Entre ellas la supresión de programas de protección, concedidos por razones humanitarias, la aplicación de un impuesto sobre las remesas que los inmigrantes envían, que contribuyen de manera notable a las economías de sus lugares de origen, y la expulsión de los miembros de las maras que actúan en Estados Unidos.

La primera medida antiinmigración se anunció en septiembre de 2017 con la decisión de no renovar el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, en sus siglas en inglés). Este programa permitió regularizar a los niños que entraron ilegalmente en Estados Unidos, pero que tiene carácter temporal y no significa la ciudadanía inmediata para sus beneficiarios, conocidos como “dreamers” (soñadores), por el nombre de la ley (DREAM) y en clara referencia al “sueño americano”.

En cuanto a las maras (pandillas), tanto el presidente Trump como el fiscal general, Jeff Sessions, están llevando una estrategia coordinada de acusar a la Salvatrucha de atentar contra la seguridad pública y amenazan con deportaciones masivas de sus miembros.

Esto no sería nuevo, ya que entre 1996 y 2002 fueron expulsados cerca de 31,000 delincuentes con condena a Centroamérica. De ellos 12,000 a El Salvador, donde encontraron un Estado frágil, tanto política como económicamente, todavía en fase de recuperación de la guerra civil que asoló el país. Los pandilleros aprovecharon esas condiciones para fortalecer sus estructuras y convertirse en la amenaza a la seguridad que son hoy día.

Al mismo tiempo estos grupos se expandieron de Los Ángeles a otras ciudades de EU con poblaciones de inmigrantes considerables, lo que provocó que un problema inicial de unos cientos de pandilleros terminó convertido en la existencia de 10,000 miembros de la Salvatrucha en Estados Unidos y un aumento de 30,000 en Centroamérica.

En sus alegatos contra la MS-13, Trump y Sessions se turnan para identificarla como un grupo terrorista, que equiparan con Al Qaeda, o como un poderoso cartel de la droga, y califican a estos pandilleros como ladrones, violadores, asesinos y animales, a los que ponen como paradigma de los riesgos de la inmigración ilegal.

Pero la realidad es que no todos los miembros de las maras son inmigrantes sin papeles y además su manera de actuar es muy diferente a la de los grupos de narcotraficantes y del crimen organizado, por lo que es importante aplicar recetas diferentes para atajar sus problemas.

Como señala el antiguo guerrillero salvadoreño Joaquín Villalobos, las maras son un fenómeno antropológico, no solo delictivo. Un carácter que tiene su expresión más gráfica en los tatuajes, en su lenguaje corporal, música, grafitis y la violencia con las bandas contrarias.

Este valor antropológico se manifiesta en la percepción del territorio no sólo como el lugar donde realizan sus actividades delictivas, sino como un verdadero ecosistema donde habitan, una verdadera familia, ya que la mayoría de sus miembros provienen de núcleos familiares desestructurados y pobres.

Mientras que para el crimen organizado tradicional la función principal es hacer dinero fácil, para las maras este es instrumental y no necesariamente su objetivo principal. Otra diferencia es la violencia, ejercida por igual, pero que para unos es un instrumento de poder y para las maras un valor por sí misma.

Así, el cumplimiento de la promesa electoral de Trump puede tener consecuencias nefastas para todas las partes. Para los inmigrantes legales, protegidos por programas de ayuda humanitaria, porque su retorno y el de sus hijos a países institucionalmente débiles e inseguros supone un drama y un peligro.

Tampoco los empleadores estadounidenses pueden alegrarse, porque reponer la mano de obra no es rentable para ellos, lo que explica la oposición de la Cámara Estadounidense de Comercio a la expulsión de los “soñadores”. Para los países de origen de los inmigrantes supondrá el cese de importantes remesas económicas, de difícil reposición.

Finalmente, y si realmente se quiere acabar con el problema de las maras, la deportación de estos delincuentes supondrá una desestabilización de los países centroamericanos, especialmente si tenemos en cuenta la desproporción que suponen los 10,000 miembros de las maras en Estados Unidos con una población de 323 millones de habitantes, frente a los 60,000 pandilleros que se estima existen en El Salvador, un pequeño país de 6,5 millones de habitantes.


 



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