Reportajes

Intacta, la mafia aduanera

2007-03-04

A este hecho de violencia se suma la corrupción que impera en el sistema aduanal, donde Guzmán...

Ricardo Ravelo

México, D.F., (proceso).- Tras ser ratificado por el Senado como administrador general de Aduanas, el 22 de diciembre pasado Juan José Bravo Moisés se comprometió a erradicar la corrupción en las 48 aduanas del país. Al día siguiente, durante un recorrido por la de Nuevo Laredo –una de las más conflictivas por el movimiento de contrabando– el funcionario expresó: “Me preocupa la corrupción y tomaremos acciones al respecto”.

A poco más de dos meses de aquella promesa, los aparentes buenos deseos del funcionario se han topado con un obstáculo: José Guzmán Montalvo, su antecesor en el cargo y cuya red de incondicionales mantiene un fuerte control en el sector aduanero.

No sólo eso: a pesar de que Bravo Moisés se comprometió a frenar el contrabando, que proliferó durante la gestión de Guzmán Montalvo, la corrupción y los asesinatos en las aduanas se multiplican. Son varios los inspectores adscritos a la zona fronteriza que se quejan de las amenazas de narcotraficantes, en particular del grupo armado Los Zetas, por lo que han solicitado su cambio de plaza, según consta en comunicados y cartas enviadas al sector central de la Policía Fiscal.

La semana pasada se encendieron los focos rojos ahí. El 23 de febrero, luego de concluir sus labores, el tercer inspector del área de Inspección Fiscal y Aduanera, Jorge Iván Santillán Aguirre, fué asesinado. Diez días antes había asegurado un tráiler repleto de armamento de alto poder. De acuerdo con la indagatoria a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR), las armas pudieron haber sido adquiridas por el cártel del Golfo, organización que libra una fuerte batalla con su rival de Sinaloa por el control del tráfico de estupefacientes.

Ese 23 de febrero, Santillán Aguirre terminó su reporte en la administración de la aduana de Matamoros. Luego tomó su auto y se enfiló rumbo a su domicilio. En el trayecto fué alcanzado por un vehículo a la altura de la calle Mezquite, de cuyo interior le lanzaron una granada y posteriormente le dispararon más de 20 balazos de rifles AK-47. Murió instantáneamente.

A este hecho de violencia se suma la corrupción que impera en el sistema aduanal, donde Guzmán Montalvo mantiene su coto de poder a través de amigos y socios, quienes lograron sobrevivir al cambio de sexenio.

Entre Guzmán Montalvo y su sucesor hay un puente de comunicación. Se llama Roberto Ramírez de la Parra –candidato a ocupar la titularidad de la administración de Operación Aduanera–, a quien se le atribuye el acomodo de la mayor parte de la gente de confianza de Guzmán Montalvo, de acuerdo con datos confirmados en el sector aduanero.

Después de permanecer incrustado durante tres sexenios en la operación aduanera, amparado por Francisco Gil Díaz, el extitular de Hacienda, Guzmán Montalvo escaló todas las posiciones en ese ámbito: fué administrador en diversas aduanas, de las que no salió libre de escándalos, y durante el sexenio de Vicente Fox se convirtió en la máxima autoridad del sector.

Como cabeza de la administración aduanera nacional, Guzmán Montalvo fué blanco de críticas por las facilidades que dio a los contrabandistas. Durante su gestión ingresaron al país de manera ilegal diversos artículos, como ropa, calzado, medicamentos, electrónicos y armas, lo que provocó caos en el sector, así como una competencia desleal en el mercado nacional (Proceso 1530).

Las piezas de Guzmán

Bravo Moisés se comprometió a combatir la corrupción, pero no consideró  que más de la mitad de las aduanas nacionales son controladas por amigos y socios de Guzmán Montalvo, según se desprende de la lista de funcionarios que ingresaron a ese sector al inicio del sexenio y cuya copia está en poder de Proceso.

Algunos de los allegados al exadministrador fueron ratificados en sus cargos; otros fueron rotados y unos más desempeñan nuevas tareas.

Uno de los amigos más cercanos a Guzmán Montalvo es Jesús Alberto Fernández Wilburn, quien a principios del sexenio anterior fungió como administrador de la aduana de Colombia, Nuevo León. Luego, por recomendación de Guzmán, Fernández Wilburn fué nombrado administrador central del Segundo Reconocimiento (segunda revisión de las mercancías que ingresan al país). Fernández Wilburn fué ratificado en este cargo por Felipe Calderón.

Otra de las piezas clave de Guzmán Montalvo es Joaquín Arenal Romero, quien estuvo implicado en escándalos de espionaje. Él fué delegado del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en Chihuahua, pero tuvo que abandonar esa entidad en 2003 a petición del entonces gobernador, Patricio Martínez, quien lo acusó de espiarlo. Guzmán Montalvo lo rescató y lo nombró administrador Central de Investigación Aduanera.

También destaca Faustino Vicente Ruiz Taviel de Andrade, quien fué administrador de la aduana de Piedras Negras, y agente de la Policía Federal Preventiva hasta que el sexenio pasado fué nombrado titular de la administración Central para la Inspección Fiscal y Aduanera. fué ratificado en ese puesto.

Antes de dejar el cargo, Guzmán Montalvo recomendó a Marta Elena Pérez Michel, quien fué administradora central de Recursos Humanos. fué ella la que provocó que cientos de trabajadores del sector despedidos de manera injustificada interpusieran demandas contra la Secretaría de Hacienda. Ahora se desempeña como titular del fideicomiso denominado Programa de Mejoramiento de los Medios de Informática y Control de las Autoridades Aduaneras.

Rodolfo Ponce Díaz es otro de los amigos de Guzmán Montalvo.

A pesar de tener antecedentes de corrupción, fué nombrado administrador de la aduana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, una de las más problemáticas del país por el alto movimiento de contrabando que existe en ella.

En el sector aduanero es conocida la historia que supuestamente estrechó los lazos de amistad entre Guzmán Montalvo y Ponce Díaz. Algunos trabajadores cuentan que a finales de la década de los ochenta, Ponce Díaz sustituyó a Guzmán en la aduana de Tijuana, y lo primero que hizo, afirman, fué quemar todos los archivos que comprometían a su amigo, quien había sido removido del cargo por malos manejos.

Otro incondicional de Guzmán que encontró acomodo momentáneo, a pesar de sus malos antecedentes, es Rodolfo Torres Herrera, quien hasta el jueves 1 fungió como administrador de la aduana de Ciudad Juárez, Chihuahua. Torres ha estado involucrado en escándalos por presuntos actos de corrupción, pero también cuenta con la protección de su amigo Guzmán Montalvo, en cuya gestión fungió como administrador de las aduanas de Sonoita y Nogales. Según su ficha laboral, de esta última tuvo que salir por malos manejos. Ahora está en espera de otro nombramiento.

Quizá Torres Herrera sea el más cercano a Guzmán. Es primo de Juan Carlos López, quien fué administrador del llamado Segundo Reconocimiento y pieza clave para la privatización de esa área fiscal, cuya operación ahora está a cargo de la empresa francesa SGS. A este grupo también pertenece Carlos Gómez Unda Allende, quien fué funcionario del GAO bajo el mando de Rodolfo Ponce. Actualmente Ponce es administrador de la aduana de La Paz, Baja California.

De acuerdo con la lista de funcionarios aduanales, otros administradores que forman parte del círculo cercano a Guzmán Montalvo son Rodrigo de la Garza Garza, quien está el frente de la aduana de Piedras Negras, Coahuila, y Mariano Bueno Guerrero, que hasta el jueves 1 fungió como titular de la aduana de Ciudad Hidalgo, Chiapas. Su lugar lo ocupó Pedro Howland Barriga.

Se menciona también a Jorge Guízar Cortázar, en la ciudad de Chihuahua; Sergio Alejandro Madero Villanueva, en Ojinaga, Chihuahua; Leonor Pérez Saldaña, en la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; Héctor Hugo Garza Jalil, en Guadalajara; Arturo Soto Alemán, en Toluca, Estado de México; Víctor Manuel Monraz Ponce, en Lázaro Cárdenas, Michoacán; Armando Cavazos Galván, en Monterrey, Nuevo León; Jorge Daniel Castro Acedo, en Colombia, Nuevo León; Fernando Francisco Torriello Beltrán, en Querétaro; Karim Rogelio Gómez Martínez, en Dos Bocas, Tabasco; Silvia Maribel Pecina Torres, en Matamoros; Beatriz Bautista Morgan, en Reynosa, Tamaulipas; Dina Alicia Madrid Rosas, Héctor Armando Elizondo Pier, en Altamira, Tamaulipas, y Francisco Serrano Aramoni, en Veracruz.

El jueves 1, Bravo Moisés nombró a nuevos administradores aduanales, e incluyó a varios que se identifican con el equipo de Guzmán Montalvo, entre ellos José de Jesús Márquez Padilla –exsecretario particular de Guzmán–, quien fué designado administrador de la aduana de Ciudad Juárez; Pedro Howland Barriga, en Ciudad Hidalgo, Chiapas; Álvaro González Luna, en Cancún; Fernando Manuel García González, en  Tuxpan, Veracruz; Miguel Domingo Maldonado Altieri, en Ciudad del Carmen, Campeche, y Mariano Bueno Guerrero, en Sonoita.

El asesinato

Debido al intenso movimiento de contrabando y a la violencia del narcotráfico en la frontera, la inseguridad ha permeado al sector aduanero del país, donde varias decenas de inspectores y policías fiscales han perdido la vida por asegurar tractocamiones con armas, zapatos y otros productos de contrabando.

El 23 de febrero parecía un día normal para Jorge Iván Santillán Aguirre, tercer inspector de Inspección Fiscal y Aduanera asignado a la aduana de Matamoros, a cargo de Silvia Maribel Pecina Torres.

De 39 años, Santillán Aguirre llegó ese día a su turno normal. Traía consigo dos perros adiestrados en el decomiso de sustancias prohibidas que le auxiliaban en su trabajo. Tenía un arma, pero sólo la cargaba durante sus actividades. Al salir la dejaba en la oficina bajo llave.

Diez días antes de su ejecución, Santillán Aguirre había asestado un fuerte golpe al contrabando, aunque las investigaciones del caso, a cargo de la  PGR, contienen datos que aseguran que en realidad el golpe fué contra el narcotráfico.

Y es que el 10 de febrero, un tráiler conducido por Raúl Salinas Fuentes se aproximaba a la garita de salida. Procedente de Estados Unidos, el vehículo transportaba tres unidades, entre ellos una camioneta Titán blindada. El chofer presentó sus documentos, pero al revisarlos la gente de Santillán detectó que eran falsos.

–Estos papeles son falsos, vamos a revisar el camión –le dijeron al chofer.

Nervioso, el conductor accedió.

Según los datos contenidos en la Averiguación Previa 1/037/2007, al realizar la inspección Santillán Aguirre y su equipo descubrieron que en la camioneta Titán se ocultaba un cargamento ilegal: 35 armas, 19 granadas y más de 8 mil cartuchos especiales para penetrar blindaje. También se aseguró dinero en efectivo.

Después del aseguramiento, todo siguió normal, pero durante los días posteriores al decomiso la vida le cambió a Santillán: algunos de sus compañeros aseguran que empezó a recibir amenazas por teléfono. Un dato no confirmado, pero que entre los inspectores aduanales se da como un hecho, es que por esa razón Santillán había solicitado su cambio de plaza.

Ese 23 de febrero, al terminar su turno, Santillán rindió su parte del día, tomó su camioneta y se retiró. En la averiguación previa citada, algunos testigos declararon que les comentó que iría a su casa. En el trayecto, sin embargo, fué alcanzado por otro vehículo que, cuadras más adelante, le cerró el paso y desde el interior le comenzaron a disparar. Antes le arrojaron una granada, según la indagatoria. Su vehículo presentaba 28 disparos.

La administradora Silvia Maribel Pecina declaró: “Creemos que fué por su trabajo que lo asesinaron, lo estaba haciendo muy bien”.

Sin embargo, las sospechas cayeron sobre Santillán Aguirre y ahora se pone en duda la verticalidad de su trabajo. Según el vocero de la procuraduría de Tamaulipas, Rubén Ríos López, en la camioneta del occiso se encontraron 7 mil dólares y 18 mil pesos en efectivo. También se halló un fusil calibre 4.77 mm, 50 cartuchos útiles y dos pistolas, una de ellas calibre .380.



EEM

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