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Aguas con el Agua

Terror en el metro…

2007-03-11 11:11:00 Visitas: 18781

Jenaro Villamil

México, DF,  (Proceso).- En los subterráneos de la “ciudad con equidad” –bajo el gobierno perredista de Marcelo Ebrard desde hace tres meses--  bulle cotidianamente un mundo de impunidad, extorsiones, discriminación homofóbica y racial, celdas de castigo y, por si fuera poco, violencia física que ya ha provocado la muerte a tres usuarios del Sistema de Transporte Colectivo Metro en el último año.

En estos tres homicidios están implicados varios elementos y jefes del Grupo Fuerza de Reacción (GFR), de acuerdo con las actas entregadas a Proceso por los familiares de las víctimas. Y es que, según los testimonios recogidos por el reportero, los integrantes de esta “policía de élite” del Metro, conocidos como “Los Garret”, han impuesto su ley en las 175 estaciones del servicio. Provistos de armas de alto poder y toletes detectores de metales, actúan con impunidad durante los operativos que realizan en los andenes.

El máximo responsable de “Los Garret”, Mario Alberto Izazola Álvarez, gerente de Seguridad Institucional del Metro, no solamente solapa los excesos de sus subalternos sino que promueve entre ellos el uso excesivo de la fuerza. Todo indica que su consigna no es “salvaguardar la integridad física de los usuarios”, como indica el manual de seguridad del Metro, sino imponer un récord de detenciones a toda costa.

Izazola Álvarez llegó a la gerencia del Metro con el equipo de la anterior directora, Florencia Serranía, a pesar de existía contra él una averiguación previa por robo a un comerciante ambulante, ocurrido en diciembre de 2003, según consta en el expediente FSP/PBT3/2770/03-12 de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).

Funcionarios del gobierno capitalino identifican a Izazola como el “hombre fuerte” del actual director del Metro, Francisco Bojórquez, y sostienen que su “estado mayor” lo conforman cuatro coordinadores de área: Luis Enrique Villatoro, Roberto González Roldán, Ricardo Flores Chávez e Irving Barrera López; todos ellos presuntamente implicados en hechos delictivos en sus respectivas zonas de vigilancia.

Según los entrevistados, que hablaron a condición del anonimato, la violencia en las instalaciones del Metro se agudizó a raíz de la implantación del operativo Doble Muro, acordado en diciembre último entre el Gobierno del Distrito Federal y autoridades del Estado de México con el objetivo de “inhibir” la delincuencia en las estaciones limítrofes entre ambas entidades, así como en paraderos de autobuses y entronques carreteros.

A partir de ese mes, entre 400 y 900 elementos de las Fuerzas de Tarea de la SPP, de los cuerpos de élite del GFR del Metro y de la Agencia Seguridad Estatal mexiquense se despliegan armados por las estaciones Pantitlán, Indios Verdes, Martín Carrera y Zaragoza, así como en los entronques de las autopistas México-Pachuca, y en las avenidas Centenario, Valles de Santiago y Zaragoza.

Su propósito: brindar seguridad a los usuarios del Metro. Sin embargo, cuando los agentes consideran que algún tipo es “sospechoso”, lo catean para verificar si lleva armas de fuego o armas blancas, drogas, piratería o material pornográfico.

Joel Ortega, titular de la SSP, declaró que además de la presencia policiaca de Doble Muro las administraciones del Distrito Federal y el Estado de México deben trabajar para “humanizar estos accesos, con una mejor iluminación, infraestructura y limpieza”.

El caso Albano

Un ejemplo de la “humanización” en el marco del operativo Doble Muro fué el homicidio de Albano Ramírez Santos, comerciante poblano de 45 años, quien falleció el 18 de enero pasado luego de una golpiza que le propinaron policías del Metro.

Si bien este crimen ha sido uno de los más ventilados en los medios, también es el más contradictorio.

Las primeras explicaciones difundidas por las autoridades ministeriales y del Metro refirieron que Ramírez Santos intentó suicidarse en la terminal Indios Verdes poco antes de las 7 de la mañana del 18 de enero, cuando se realizaba uno de los operativos de Doble Muro, luego de que varios sujetos le robaron un camión con seis toneladas de naranjas que iba a vender a la Central de Abasto.

Deprimido, el comerciante poblano decidió suicidarse y, una vez en el andén de Indios Verdes, se lanzó a las vías. Pero falló en el intento: el conductor del tren logró frenar a tiempo. Personal de seguridad del Metro rescató a Ramírez Santos y lo entregó a un grupo de policías auxiliares, pertenecientes a los GFR, quienes lo acusaron de ataque a las vías generales de comunicación. Mientras esto sucedía en los andenes, afuera de la estación Indios Verdes Joel Ortega coordinaba las acciones de seguridad.

Los policías auxiliares llevaron al comerciante a la oficina de la jefatura de estación. Ahí, seis de ellos comenzaron a golpearlo, mientras otros tres cubrían la ventana transparente de la oficina. Después de la golpiza, que le provocó traumatismo en tórax y cráneo, Ramírez Santos fué subido a la patrulla SO-01029 y remitido a la agencia 50-C del Ministerio Público, ubicado en la colonia Martín Carrera.

Cuando el vehículo llegó a la agencia ministerial, Ramírez Santos había muerto. El director de Análisis y Seguimiento de Delitos de la Policía Preventiva, Pedro Estrada González, negó de inmediato que los policías que trasladaron a Albano hubieran incurrido en abuso de fuerza o negligencia.

Sin embargo, el informe del Servicio Médico Forense reveló que la muerte del comerciante se debió al traumatismo en el tórax y el cráneo. Una de sus cuatro costillas fracturadas le perforó la pleura. Los golpes que recibió provinieron de puños, pies y toletes.

Dos días después, el subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales, José Héctor Carreón Herrera, determinó que Albano Ramírez Santos murió a consecuencia de los golpes propinados por los policías auxiliares. De inmediato fueron arrestados dos de los agentes implicados: José de Jesús Sánchez Lemus y Carmelo Campechano Granados, quienes fueron enviados al Reclusorio Preventivo Norte.

Sin embargo, el reporte ministerial explicaba que Albano Ramírez fué agredido en la patrulla que lo trasladó a la agencia 50-C del Ministerio Público, no en las instalaciones de la estación Indios Verdes del Metro.

Otros testigos mencionan que Albano Ramírez fué sacado a rastras por un grupo de policías auxiliares del GFR a través del andén J de la estación Indios Verdes. Dicen que estaba con vida, ensangrentado.

Los familiares de Albano no aceptan la versión del intento de suicidio. María Luisa Santos Jiménez, quien procreó seis hijos con el comerciante, así como dos hermanos de él y el abogado de la familia, Armando Ramírez Melo, niegan que el comerciante tuviera intentos suicidas.

Hasta el momento se desconoce la forma en que la información relacionada con el incidente en la estación Indios Verdes quedó anotada en la bitácora del Metro, donde se registran todas las contingencias, como la interrupción del servicio, las ponchaduras de llantas y las fallas eléctricas. Para suspender el servicio en esa estación debió darse la orden de CUAT (Corte Urgente de Alimentación de Transmisiones), que significa un corte de corriente o un CUFS (Corte Urgente de Fuera de Servicio) cuando se acciona el ruptor.

El tercer visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis González Plascencia, comenzó una investigación el 23 de enero pasado para determinar si existió abuso de autoridad, tortura o cualquier otra violación a las garantías de Ramírez Santos.

Hasta el momento no han sido responsabilizados otros policías que participaron en la golpiza al comerciante; tampoco el jefe de los garrets, Luis Enrique Villatoro, ni el gerente de Seguridad Institucional del Metro, Mario Alberto Izazola.

Luis Enrique Villatoro, coordinador de Servicios Externos de Vigilancia, responsable de los elementos del GFR, presenció la golpiza el 18 de enero pasado durante el operativo Doble Muro.

El domingo 4 de febrero el diario Reforma publicó un reportaje en su suplemento Enfoque acerca del caso Albano. En él se incluyó la foto de Villatoro en ese día. Vestía de traje y corbata. El jefe policiaco observaba cómo tres policías de boina negra, uniforme azul marino, pantalones de asalto y armados maltrataban a Albano Ramírez.

Más homicidios

Otro homicidio cometido en el interior del Metro fué referido por guardias y testigos entrevistados por Proceso. Los testimonios señalan al arquitecto Roberto González Roldán, coordinador de vigilancia de la Zona A, como el presunto autor material de la muerte del Transformer, un discapacitado que concurría a los andenes del Metro Hidalgo.

Según los testimonios, González Roldán, apoyado por elementos de seguridad, detuvo al Transformer en marzo de 2006. Después de arrojarle gas lacrimógeno, llevó al mendigo a una de las celdas del Metro y lo golpeó en la cabeza con su radio hasta matarlo. El caso no ha sido investigado ni por la procuraduría ni por la CDHDF.

El tercer homicidio ocurrió a principios de enero del año pasado. Un joven “vagonero” fué agredido por elementos de vigilancia en la estación Zaragoza. Al mes de la golpiza falleció.

De acuerdo con un reporte de La Prensa, el caso involucró a los jefes Mario Alberto Izazola y Roberto González Roldán, así como a otros elementos de seguridad como Jorge Tapia, El Patotas; Jorge Contreras Zúñiga, Cara Cortada, y Raúl Albarrán Guzmán, El Chiquilín. Se desconocen los resultados de la averiguación previa.

El 16 de junio de 2005, Sonia María Aguilar Mendoza levantó una denuncia de hechos en la Unidad Número 6 de la procuraduría capitalina contra el arquitecto González Roldán.

De acuerdo con la indagatoria, el coordinador de la Zona A del Sistema de Transporte Colectivo detuvo el 16 de junio de 2005 al hijo de Sonia María y a un amigo suyo en la estación Chilpancingo, en la línea 9. Ambos jóvenes se dedicaban al comercio ambulante. González Roldán les decomisó un juguete con valor comercial de 7 mil 500 pesos, pero “en ningún momento puso a disposición del Ministerio Público el juguete mencionado… sino que puso películas piratas a disposición”, dijo en su declaración Aguilar Mendoza.

Ella presume que los propios coordinadores de seguridad “siembran” mercancía pirata para acusar a vendedores ambulantes que no forman parte de la red de complicidades existente en las instalaciones del Metro

En la misma denuncia, que consta en la indagatoria FSP/B/T3/01347/05-06, Aguilar Mendoza relató que una tarde antes, el 15 de junio, entre las 16:30 y las 17:00 horas, otro de sus hijos, Víctor Alfonso Bajaras Aguirre, llegó sangrando de la nariz y contó que los elementos de seguridad del Metro le robaron sus mercancías. Le explicó que después de un operativo contra ambulantes, un agente apodado El Pato lo detuvo en el respiradero de la estación Chilpancingo y lo amenazó con remitirlo al juzgado cívico, pero Barajas Aguirre le contestó que no estaba trabajando.

En su declaración, la madre de Víctor Alfonso dijo que, como su hijo se negó a ser remitido, otro elemento de seguridad le torció el brazo derecho hacia atrás, al tiempo que le revisó las bolsas de su pantalón, de las que sustrajo 2 mil 480 pesos, así como un teléfono celular con un valor de 4 mil 200 pesos.

El coordinador de vigilancia de la Zona B, Ricardo Flores Chávez, mejor conocido entre sus subordinados como El Intimidator, detuvo el 20 de febrero pasado a dos jóvenes que reñían en los andenes de la estación Hidalgo. El servicio se había interrumpido.

De acuerdo con testimonios de trabajadores al servicio del Metro, Flores Chávez llevó a los jóvenes a la jefatura de estación. Ahí, delante de policías de los cuerpos especiales comenzó a darles puntapiés y puñetazos. “Para que aprendan a comportarse”, les dijo.

Sólo una joven policía de reciente ingreso reaccionó cuando su jefe tundía a uno de los detenidos: “¡Señor, no lo golpee así, lo va a matar!” Furioso, Flores Chávez le advirtió que no se metiera. Ahora, la policía está suspendida. Compañeros de la joven dicen que ella tiene miedo de que El Intimidator la corra o tome otro tipo de represalias.

Para Izazola Álvarez y sus coordinadores de zona, el uso de la violencia se justifica cuando lo que se pretende es “combatir la delincuencia” y garantizar la seguridad de los usuarios del Metro.

Sin embargo, en muchos casos, comos los ya descritos, sus agentes infringen las reglas estipuladas en la “tabla del uso de la fuerza necesaria”; violan los derechos humanos; “siembran” mercancía pirata a los ambulantes detenidos –que  los policías ocultan en el piso 6 de la estación Salto del Agua, de la Línea 1–, y reciben “premios” de 5 mil pesos por cada presunto ladrón que remitan a las autoridades.



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En estos tres homicidios están implicados varios elementos y jefes del Grupo Fuerza de Reacción, según los testimonios recogidos, los integrantes de esta “policía de élite”, han impuesto su ley en las 175 estaciones del servicio.
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