Internacional - Población

Acusarán por terrorismo a quien dañe bienes públicos o privados en Nicaragua

2018-07-17

La Ley contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y a la Proliferación de...

 

Managua, 16 jul (EFE).- El Parlamento nicaragüense aprobó hoy una Ley que castigará por terrorismo a quien destruya o dañe bienes públicos o privados, en medio de la revuelta popular contra el presidente Daniel Ortega que ha segado al menos 351 vidas y cuyo Gobierno califica como un "gravísimo problema del terrorismo".

La Ley contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva fue presentada por el Ejecutivo el pasado 9 de abril.

Y fue aprobada este lunes por 70 votos de la mayoría oficialista y sus aliados en el Congreso, y 11 en contra de la oposición, e impone una pena de entre 15 a 20 años de prisión por ese delito.

"Quien cause la muerte o lesiones corporales graves a personas que no participan directamente en las hostilidades en una situación de conflicto armado o destruya o dañe bienes públicos o privados, cuando el propósito de dichos actos, por su naturaleza o contexto, sea intimidar (...) será sancionado con pena de quince a veinte años de prisión", según el proyecto aprobado.

La Ley también sanciona la financiación al terrorismo con pena de 15 a 20 años de prisión.

Se sancionará a "quien por el medio que fuere, directa o indirectamente, ilícita y deliberadamente, recolecte, capte, canalice, deposite, transfiera, traslade, asegure, administre, resguarde, intermedie, preste, provea, entregue activos, sean estos de fuente licita o ilícita, con la intención de que se utilicen o a sabiendas de que serán utilizados" para cometer terrorismo.

También si el dinero es utilizado para agresiones contra personas internacionalmente protegidas, por delitos relativos a materiales peligrosos, toma de rehenes, delitos contra la seguridad de la aviación civil, delitos contra la navegación y la seguridad portuaria y/o cualquier otra conducta que sea prohibida mediante instrumentos jurídicos internacionales.

Además, serán sancionados quienes financien viajes de personas a un Estado distinto de sus lugares de residencia o nacionalidad "con el propósito de cometer, planificar o preparar actos terroristas o participar en ellos".

Asimismo, a quienes financien la radicalización y/o el reclutamiento de personas para que realicen actos de terrorismo o integren organizaciones terroristas; así como quienes proporcionen o reciban adiestramiento con fines de terrorismo.

La pena se incrementará en un tercio en sus límites mínimo y máximo, cuando el delito sea cometido a través del sistema financiero o por socio, director, gerente, administrador, vigilante, auditor externo o interno, representante o empleado de una entidad pública o por autoridad, funcionario o empleado público, de acuerdo con el dictamen aprobado.

La Ley define como actos terroristas "aquellos que tengan como objetivo causar la muerte o lesiones físicas y/o psíquicas contra un civil o a cualquier otra persona en tiempo de paz".

También cuando el propósito de un acto, "por su naturaleza o contexto, es intimidar a una población u obligar a un Gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo".

El diputado opositor Jimmy Blandón alertó que esa Ley busca regular, supervisar y controlar a los organismos sin fines de lucro, especialmente religiosos, y a los movimientos que están participando en las marchas ciudadanas, en el marco de la actual crisis que atraviesa Nicaragua.

La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, dijo este mismo lunes que ni el "terrorismo" ni los "diabólicos", podrán gobernar este país.

Nicaragua está sumergida en su crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, con Daniel Ortega también como presidente.

Las protestas contra Ortega se iniciaron el 18 de abril pasado, por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años consecutivos en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.



Jamileth

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