Internacional - Política
La justicia argentina estrecha el cerco a Cristina Kirchner en el inicio de la campaña electoral
Federico Rivas Molina, El País
Los tribunales no dan respiro a Cristina Fernández de Kirchner. El lunes, tres días después del inicio formal de la campaña electoral, en la que la expresidenta es protagonista, un juez ordenó la detención de Víctor Manzanares, histórico contable de las empresas de la familia Kirchner. Las causas se han acelerado y el via crucis kirchnerista tiene nombres en cada estación: Los Sauces, Hotesur, Dólar futuro, Ruta del dinero K, causa Amia. La expresidenta, mientras tanto, ha decidido dedicar su tiempo a promocionar su candidatura a senadora por la provincia de Buenos Aires.
La foto de Manzanares esposado y escoltado por policías ocupó la portada de la prensa argentina. Su nombre siempre sonó como sospechoso de maniobras contables a favor de la familia presidencial. Pero el juez Claudio Bonadio lo detuvo por, presuntamente, desviar a cuentas de terceros fondos de la inmobiliaria Los Sauces que se encuentran embargados desde enero. El magistrado sospecha que Los Sauces sirvió a los Kirchner para cobrar alquileres que en realidad eran sobornos pagados por empresarios que se beneficiaron con jugosos contratos de obra pública. Intervino entonces la empresa, pero cree que Manzanares se las arregló para que los fondos siguiesen fluyendo a la familia a través de la cuenta bancaria personal de Víctor Sancho, exgobernador de la provincia patagónica de Santa Cruz y amigo personal de la expresidenta.
Cristina Kirchner está procesada por Bonadio en la causa Los Sauces junto a su hijo Máximo y a su hija Florencia, acusada de asociación ilícita y lavado de dinero. Pero no es la única causa judicial que la atormenta. También está procesada, es decir que el juez considera que hay pruebas suficientes para investigarla, por el Dólar futuro, una maniobra realizada por el Banco Central en la última etapa del kirchnerismo para mantener bajo control la cotización de la moneda que le costó al Estado 3,500 millones de dólares. Otro juez, Julián Ercolini, intenta probar que entre 2003 y 2015 Kirchner, varios miembros del Gobierno y uno de sus empresarios más cercanos, Lázaro Báez, hoy preso, integraron una organización "criminal" para "beneficiarse ilegítimamente" de la adjudicación de obra pública.
Hay otras causas que afectan a la familia, como Hotesur, los hoteles de la expresidenta que presuntamente se utilizaron para lavado de dinero. En un expediente paralelo a la investigación por el atentado contra la AMIA en 1994, Bonadio investiga además si un acuerdo firmado con Irán durante el kirchnerismo sirvió para encubrir la responsabilidad de ese país en el atentado terrorista a la mutual judía en Buenos Aires.
La corrupción ha golpeado con dureza al kirchnerismo desde que el responsable máximo de la obra pública, Julio López, acabó en prisión después de tratar de ocultar nueve millones de dólares en un convento. Hoy la justicia tiene bajo la mira al jefe de López, el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, uno de los hombres más poderosos de los gobierno de Néstor y Cristina Kirchner. De Vido es hoy diputado y el macrismo avanza en un intento por expulsarlo del Congreso por “inhabilidad moral”.
El cerco se estrecha sobre Cristina, pero la expresidenta sabe que tiene un grupo de fieles convencido de que todo es una operación política. Por eso decidió ser candidata y volver al ruedo como si nada pasase. Durante los primeros días de campaña no hizo mención alguna a las causas judiciales que enfrenta y concentró sus ataques contra la política económica del macrismo. Kirchner pidió el voto “en defensa propia”, mientras sabe que un triunfo en la provincia de Buenos Aires, la más grande y rica del país, la devolverá definitivamente, una vez más, a la primera línea de la política argentina.
Macri contra la jefa de los fiscales
Mauricio Macri ya no oculta su intención de quitarse de encima a la jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó, una funcionaria heredada del kirchnerismo que el presidente considera “sin autoridad moral para ejercer el cargo”. "No solamente es militante kirchnerista y no ha impulsado la lucha contra el delito ni contra la corrupción. Ha dilatado todos los procesos de investigación sobre hechos de corrupción del gobierno anterior”, dijo Macri durante una recorrida de campaña el fin de semana.
El Gobierno meditó la posibilidad de remover a Gils Carbó por decreto, pero debió ceder a la presión de sus propios legisladores para que se cumpla el procedimiento del juicio político en el Congreso. Mientras tanto, un juez citó a declarar a Gils Carbó el 31 de agosto para que aclare si direccionó una licitación para la compra de edificio para el Ministerio Público que lidera. Para Macri, la causa abierta contra la procuradora es evidencia de que la procuradora debe renunciar. La jefa de los fiscales ha repetido que se considera una perseguida política y que resistirá en su cargo.
arturo
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