Internacional - Política
El lustro negro de Xi Jinping
ISMAEL ARANA / El Mundo
El 31 de julio de 2012, el Diario del Pueblo del Partido Comunista chino (PCCh) publicó un editorial titulado "El verdadero desafío para China son los próximos 5-10 años". Entre otros peligros, el texto alertaba sobre la existencia de cinco colectivos que podrían actuar como canales para la infiltración de ideología occidental en el país y tratar de impulsar un proceso de cambio de gobierno en el futuro. A saber: abogados de derechos humanos, grupos religiosos clandestinos, disidentes, "héroes de Internet" y grupos sociales desfavorecidos.
Aunque en su momento no gozó de gran predicamento, lo cierto es que, visto con perspectiva, este documento parece haber sido la hoja de ruta seguida durante los últimos cinco años por las autoridades comunistas y su presidente, un todopoderoso Xi Jinping que ha firmado un primer mandato marcado por el ataque a los derechos humanos y una represión de la sociedad civil sin precedentes en la era moderna del gigante asiático.
"Han endurecido su control de los medios tradicionales y las redes sociales a través de la censura; han aprobado regulaciones restrictivas sobre la conducta religiosa que cae fuera del control gubernamental; han asfixiado a la sociedad civil independiente; y han reprimido a minorías como las de Tíbet o Xinjiang", enumeró William Nee, investigador para China de Amnistía Internacional, a EL MUNDO. "Sin duda, estamos ante el peor momento para los derechos humanos en el país desde la represión de Tiananmen (en 1989)".
Casi desde el mismo momento en el que Xi Jinping asumió la presidencia en marzo de 2013, quedó patente que planeaba grandes cambios para el Imperio del Centro. En particular, el nuevo líder habló de reformar la economía, mejorar las instituciones judiciales, luchar contra la corrupción y promover el Estado de derecho, proyectos enmarcados dentro de su visión del "sueño chino" y del "gran renacimiento de la nación china".
Xi Jinping, el nuevo Mao
Desde entonces, millones de personas han conseguido salir de la pobreza y China se ha consolidado como una potencia de primer orden capaz de presentarse como la alternativa futura al liderazgo mundial de EU. Sin embargo, durante este tiempo, el mandatario no ha dudado en acumular títulos y poder a un ritmo no visto desde los tiempos de Mao, un afianzamiento de su autoridad y de la del país que se ha producido a expensas de los derechos humanos. "Comparado con Xi, la era de Hu Jintao (presidente entre 2002 y 2012) fue una época dorada en este campo", resume al respecto Yaxue Cao, fundadora de la web Chinachange.org, a este diario.
Según apunta, las autoridades comunistas han recurrido durante el último lustro a la aprobación de leyes muy restrictivas -de seguridad nacional, antiterrorista, de ciberseguridad, de control de las ONG extranjeras- que les han permitido estrechar su control al tiempo que argumentan que gobiernan el país "bajo el imperio de la ley". "Lo que han hecho es codificar algunas de las malas prácticas del pasado, por lo que esas actuaciones han pasado a ser legales y ahora las pueden emplear para perseguir a los críticos", asegura Yaxue.
Es el caso de la conocida como "vigilancia domiciliaria en un lugar designado", un tipo de detención secreta oficializada en 2013 durante la revisión de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que permite mantener recluidas a las personas hasta seis meses fuera del sistema de detención formal, sin acceso a nadie del exterior y con gran riesgo de sufrir tortura y malos tratos.
Los abogados de DDHH, en la diana
Si hay un colectivo que ha sufrido este tipo de arrestos durante los últimos años es el de los abogados de derechos humanos. Desde que en junio de 2015 se lanzara una campaña a nivel nacional contra ellos, más de 300 personas han sido detenidas, muchas de las cuales han permanecido incomunicados durante meses. A día de hoy, casi todos han sido puestos en libertad en diferentes circunstancias, aunque alrededor de una decena permanece encarcelada o bajo arresto.
Los casos de estos letrados también han puesto en evidencia otras de las lacras que arrastra el sistema policial y judicial chino: las torturas y las confesiones públicas. Según informes emitidos por organizaciones como Human Rights Watch o la Red de los Defensores de los Derechos Humanos en China, en los centros de detención se sigue recurriendo a las palizas, la privación de agua, comida o sueño o las posturas de estrés para lograr la confesión de los reos, clave para el futuro proceso judicial y su condena.
El mandato de Xi también ha estado caracterizado por el regreso de las "confesiones" televisadas, una práctica común durante las purgas maoistas que ha vuelto con fuerza al prime time de los canales chinos colocando frente a las cámaras a detenidos de la campaña anticorrupción, disidentes políticos, abogados y hasta al trabajador sueco de una ONG, Peter Dahlin, quien tuvo que pedir perdón públicamente por "causar daño al Gobierno y dañar los sentimientos de la sociedad china".
Además de dirigir con mano de hierro provincias como la de Xinjiang o Tíbet y de reprimir a grupos feministas, académicos o de defensores de los trabajadores, el poder económico, político y militar acumulado por Pekín durante los últimos tiempos le ha empujado a extender sus tentáculos más allá de sus fronteras.
El episodio más sonado fue la desaparición en Hong Kong (un territorio semiautónomo donde la policía china no pueden operar) de cinco libreros y un millonario que más tarde reaparecieron en la China continental confesando haber cometido algún delito o asegurando que estaban allí para colaborar con las autoridades. Sus casos se sumaron a los de otros disidentes arrestados y extraditados desde Tailandia o Birmania o a los cien estudiantes de la minoría uigur detenidos recientemente en Egipto.
"China ha extendido su represión por todo el mundo, y a menudo lo intenta a través de canales oficiales como la ONU o la Interpol" asegura Michael Caster, cofundador del Grupo de Trabajo de Acción Urgente Chino. Por su parte, Angela Gui, hija de uno de los libreros hongkoneses detenidos (Gui Minhai), apuntó a EL MUNDO que "China exige lealtad a la nación a todas las personas étnicamente chinas independientemente de su ciudadanía, por lo que su idea de crear un país fuerte trasciende fronteras y les lleva a actuar en el exterior".
Pese a la gravedad de estos hechos, Gui asegura que la mayoría de gobiernos extranjeros no están dispuestos a intervenir y se limitan a emitir una serie de tibias protestas rápidamente replicadas desde Pekín, que considera estos casos "asuntos internos". Esta situación quedó bien a las claras en julio de este año con la muerte bajo custodia del premio Nobel de la Paz y disidente político, Liu Xiaobo, cuya situación no osó mencionar ni uno solo de los líderes mundiales reunidos durante la cumbre del G20 celebrada en Hamburgo los días previos a su defunción.
Mientras tanto, las autoridades chinas y sus medios presumen en los foros internacionales de la promoción de los derechos humanos dentro y fuera de China "respetando la soberanía e integridad territorial de los países y el camino de desarrollo y sistema social elegido independientemente por su gente", según declaró Ma Zhaoxu, embajador chino en la sede de la ONU en Ginebra durante una reciente sesión del Consejo de Derechos Humanos.
Declaraciones como estas no hacen sino confirmar los temores de los activistas, que no creen que la situación vaya a cambiar después del Congreso que mantendrá el PCCh en octubre. Como resumió Nee sobre el futuro, "dudo que aflojen el control. Lo más probable es que la tendencia actual por debilitar a la sociedad civil continúe".
yoselin
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