Internacional - Seguridad y Justicia

La guerra antidroga de Duterte suma críticas, escándalos y miles de muertos 

2017-12-14

"No destruyas mi país. No destruyas a mi juventud. De lo contrario, te...

Atahualpa Amerise

Manila, 14 dic (EFE).- La polémica guerra "contra las drogas" del presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, causó este año miles de muertos, se vio salpicada por escándalos de corrupción y provocó airadas protestas sin perder, no obstante, el apoyo popular.

Tras una pausa por las fiestas de Navidad y Año Nuevo, la Policía reanudó en enero sus redadas casa por casa en las que los agentes disparan a matar si el sospechoso opone resistencia, tal y como ordenó el propio presidente.

Casi 4,000 presuntos traficantes y toxicómanos han muerto de esta manera, según datos oficiales, y unos 100,000 han sido arrestados desde el inicio de la campaña en junio de 2016, cuando Duterte llegó al poder tras una arrolladora victoria electoral.

Al margen de las operaciones policiales, otras 2,300 personas (según datos del Gobierno, más del doble según organizaciones como Human Rights Watch o Amnistía Internacional) han sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales relacionadas con el narcotráfico y la "guerra contra las drogas".

Por otro lado, se han entregado voluntariamente a las autoridades más de 1,3 millones de ciudadanos inscritos en las listas negras de la Policía por su supuesto vínculo con la droga.

"No destruyas mi país. No destruyas a mi juventud. De lo contrario, te mataré". Duterte ha repetido hasta la saciedad esta amenaza en sus incontables discursos públicos durante todo el año 2017, y en varias ocasiones ha alentado directamente a los ciudadanos a matar a drogadictos y narcotraficantes.

La campaña policial contra el narcotráfico se ha visto interrumpida hasta en dos ocasiones este año debido a escándalos de corrupción, la primera de ellas durante un mes a principios de año.

Duterte suspendió las operaciones de la Policía durante todo el mes de febrero para "limpiar" de corrupción sus filas tras revelarse que, bajo el paraguas de la guerra antidroga, algunos agentes habían llevado a cabo prácticas abusivas, como el secuestro, extorsión y asesinato de un empresario surcoreano.

Más tarde, en octubre, el presidente volvió a apartar a la Policía durante un mes y medio tras desatarse nuevos escándalos, principalmente los relacionados con la muerte de un menor y otros incidentes violentos protagonizados por agentes en la ciudad de Caloocan, al norte de Manila.

En este caso, Duterte otorgó el liderazgo de la campaña a la agencia antidroga (PDEA) y este organismo lo seguirá manteniendo a pesar del regreso de la Policía, por lo que se esperan menos muertes y un mayor control a partir de ahora.

Debido a la "guerra contra las drogas", el presidente filipino ha tenido que lidiar con una minoritaria oposición interna y con fuertes críticas de la comunidad internacional, desde la Unión Europea hasta organizaciones políticas y de defensa de los derechos humanos.

Éstas, que atribuyen a la campaña antidroga hasta 12,000 muertes (un número similar al total de homicidios en el país), han acusado a Duterte de "crímenes contra la humanidad" y han exigido juzgarlo ante la Corte Penal Internacional (CPI).

De hecho, el tribunal con sede en La Haya recibió en abril la demanda de un abogado filipino que pide juzgar al mandatario por "asesinatos en masa".

A la espera de saber si la petición saldrá adelante, el Gobierno filipino ha amenazado con retirarse de la CPI si este organismo investiga la campaña antidroga, al considerar que violaría su soberanía jurídica.

En contra de lo que preveían algunos analistas, el apoyo popular masivo del que gozaba Duterte en sus primeros seis meses de mandato apenas se ha desgastado en el año 2017, en el que todas las encuestas le han otorgado un sólido apoyo de los más de 100 millones de filipinos.

Según los últimos sondeos de consultoras locales independientes, un 80 por ciento de los filipinos aprueba la gestión de su presidente y casi el 90 por ciento está a favor de la "guerra contra las drogas".

El Gobierno atribuye este apoyo a los resultados de la campaña, ya que solo un año después de llegar al poder Duterte el número de robos, atracos y violaciones en todo el país se redujo a la mitad, según datos de la Policía Nacional. 
 



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