Nacional - Política

López Obrador: voz a los pueblos originarios 

2018-07-18

Esa política incluirá la revisión de concesiones de tierras que los grupos...

Por Marcos Romero

(ANSA) - CIUDAD DE MEXICO, 18 JUL - El futuro gobierno de centroizquierda de Andrés López Obrador pretende establecer un nuevo vínculo con el sector más postergado de la sociedad mexicana, las comunidades indígenas.
    
Esa política incluirá la revisión de concesiones de tierras que los grupos autóctonos reivindican como propios desde tiempos ancestrales, otorgadas a las minas, presas y parques eólicos en perjuicio de sus intereses.
    
Adelfo Regino Montes, propuesto como coordinador de Asuntos Indígenas para el futuro gobierno que asumirá el 1 de diciembre próximo, anunció que la estrategia se basará en "el desarrollo integral de las comunidades" aborígenes.
    
Regino Montes fue secretario de Asuntos Indígenas del estado sureño de Oaxaca, uno de los más atrasados del país y con mayor población indígena. En 2016 renunció al cargo en protesta por un desalojo violento contra maestros ordenado por el entonces gobernador Gabino Cué.
    
Regino Montes dijo al diario Milenio que López Obrador suprimirá la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y será reemplazada por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, para trabajar junto a los pueblos originarios desde "las regiones y no desde las oficinas públicas".
    
"Las prioridades del próximo gobierno serán los olvidados, los excluidos, particularmente los pueblos indígenas, a los que se les dirigirá todas las políticas públicas bajo la premisa de que serán sujetos de derechos, no como objetos, como en los últimos sexenios con acciones asistencialistas", afirmó.
    
"En este nuevo gobierno los pueblos indígenas decidirán sus propias prioridades para el desarrollo, sus demandas y sus legitimas aspiraciones de vida", indicó.
    
Una de las prioridades del futuro responsable de la política en la materia es completar las reformas a los derechos y cultura indígenas, surgidas de los primeros acuerdos de paz entre el gobierno y la guerrilla zapatista en 1995, un año después de la insurrección armada en el estado sureño de Chiapas.
    
Los llamados "acuerdos de San Andrés Larráinzar" serán además armonizados en la ley con la declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre los derechos indígenas.
    
En cuanto a la revisión de las concesiones y permisos a hidroeléctricas, minas y corredores eólicos, se pretende que sean respetados los derechos de los pueblos originarios.
    
"Los pueblos ya no quieren que se contaminen sus territorios y exploten sus ecosistemas sin un uso racional y sustentable", afirmó Montes.
    
Entre las obras que recibieron una tenaz oposición de grupos indígenas figura el embalse La Parota, en el estado sureño de Guerrero, donde desde hace 15 años comunidades étnicas luchan para frenarla.
    
Aglutinadas en el Consejo de Ejidos y Comunidades, se busca frenar la gigantesca represa que construye la gubernamental Comisión Federal de Electricidad en el río Papagayo, argumentando que viola sus derechos "a la alimentación, vivienda, salud, educación, derecho al agua, a la tierra, al territorio y al desarrollo". El caso fue defendido por ONG humanitarias como Amnistía Internacional y llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Parlamento Europeo, el Tribunal Latinoamericano del Agua y el Tribunal Permanente de los Pueblos.
    
Esas entidades han formulado resoluciones y recomendaciones al Estado mexicano a favor del movimiento de resistencia.
    
En México se calcula que hay unos 15,7 millones de indígenas (de una población total de más de 122 millones de habitantes) pertenecientes a 68 etnias, según cifras oficiales. 



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