Nacional - Seguridad y Justicia
Los familiares de los desaparecidos en Iguala responden a Peña Nieto
JAN MARTÍNEZ AHRENS, El País
"Con el sufrimiento no se negocia, queremos a nuestros hijos vivos"
Una ausencia, larga y profunda, se adueñó este miércoles del Palacio de Los Pinos. Bajo su sombra se vieron las caras por primera vez el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y los padres de los 43 estudiantes de magisterio desaparecidos hace más de un mes en Iguala. La reunión, de cinco horas, acabó con comunicados por separado. El presidente, en un mensaje televisado y sin corbata, mostró su solidaridad con las familias, con las que dijo compartir la "indignación, el dolor y la incertidumbre". "No hay resquicio para la impunidad, vamos a dar con los culpables y aplicar la ley tope donde tope", afirmó el mandatario.
Aunque no hubo un acuerdo total, el fruto de la reunión fue la creación de una comisión mixta, con representantes del Gobierno y las familias, para mantener un flujo constante de información. También se decidió poner en marcha un plan de búsqueda de los estudiantes desaparecidos, y dar atención a las familias de los seis fallecidos la noche del 26 de septiembre. Por último, Peña Nieto anunció su apoyo para "dignificar" a las escuelas normales rurales. Los padres, que se han negado a comparecer con el presidente, han ofrecido su propia postura. El lema que dominó su mensaje es el que ha dominado toda su movilización, desde la desaparición de sus hijos: "Vivos se los llevamos, vivos los queremos".
La reunión, a puerta cerrada, disuelve una de las críticas más lacerantes que se hacían al mandatario y muestra la voluntad del Gobierno mexicano por enderezar un caso cuyo final se presume cercano y dramático. Tras un inicio errático, en que la investigación quedó a cargo del ya defenestrado gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, las autoridades federales se vieron obligadas a recuperar el timón, haciéndose cargo de las pesquisas policiales y, al mismo tiempo, tomando la bandera de las víctimas, cuyo abandono y malestar habían generado una oleada de protestas en todo el país. Este acercamiento desembocó en la reunión de miércoles.
En la cita, las familias han insistido en que no se dé por muertos a los normalistas y que se enfoque su búsqueda como un secuestro, un aspecto espinoso por la multitud de indicios que apuntan a que fueron asesinados a sangre fría. En este sentido, también pidieron que se evite la criminalización de los estudiantes, ante las informaciones que les vinculan con las policías comunitarias, unas oscuras autodefensas que se mueven en los márgenes de la ley, y con el cartel de Los Rojos, el clan rival de Guerreros Unidos.
El momento elegido para el encuentro con el presidente no es casual. La investigación ha entrado en un punto clave. La captura del líder supremo de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado, ha empezado a arrojar nueva luz sobre lo ocurrido aquella trágica noche el 26 de septiembre. Las detenciones se han disparado y el hallazgo de una nueva fosa en Cocula, una localidad vecina de Iguala, indica que el puzle está a punto de resolverse. Aunque las autoridades se resisten a hablar de muerte, un tabú para las familias, en la mente de los investigadores está claro que los estudiantes fueron liquidados por los sicarios de Guerreros Unidos tras su entrega por la policía municipal de Iguala y Cocula, dos fuerzas sometidas al narco.
El motivo del más que probable exterminio es aún un misterio. La declaraciones de Sidronio Casarrubias, reveladas por Reforma, apuntan, una y otra vez, a que los estudiantes fueron tomados por miembros de un clan rival, Los Rojos, e incluso que entre sus filas se habían infiltrado 17 sicarios enemigos que tenían por objetivo asesinar al jefe de plaza del cartel en Iguala. Esta versión, llena de aristas y en cierto modo exculpatoria, traza un peligroso nexo entre los normalistas y los criminales. Un vínculo que los familiares niegan tajantemente y que, en todo caso, no da razón de una matanza de tales dimensiones. Menos problemática es la parte de la confesión del líder de Guerreros Unidos que confirma la pertenencia al cartel del alcalde de Iguala y su esposa, ahora prófugos. La mujer era, según esta versión, la responsable de las finanzas de la organización criminal, la principal promotora económica de la campaña del exgobernador Aguirre y también, presuntamente, su amante. Esta declaración abre la vía a que se investigue penalmente al exgobernador por sus vínculos con la pareja, ahora mismo, las dos personas más buscadas de México.
EEM
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