Nacional - Seguridad y Justicia
Confianza en el Ejército sigue cayendo
(ANSA) - CIUDAD DE MEXICO, 19 ABR - La confianza de los mexicanos en las Fuerzas Armadas sigue a la baja en el marco de un creciente cuestionamiento a los militares, involucrados por el gobierno en tareas de seguridad pública para combatir a las bandas criminales.
En marzo pasado, disminuyó por segundo trimestre consecutivo, mientras se multiplican las denuncias de entidades humanitarias de los abusos por parte del Ejército y la Marina en la "guerra contra las drogas" lanzado hace 11 años por el Ejecutivo, sin resultados exitosos hasta ahora.
La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana difundida por las autoridades indicó que el 85,1% de la población mayor de 18 años percibe el desempeño de la Marina como "algo muy o algo efectivo", cuando en diciembre era de 85,6%.
En cuanto al Ejército, el índice bajó de 83,2 en diciembre a 81,6% en marzo, de acuerdo con el relevamiento.
En cambio, subió el apoyo al desempeño de las policías locales en su labor para prevenir y combatir a la delincuencia, aunque en forma mínima.
La confianza en las policías de los estados subió de 47 a 47,2% y la de las policías municipales pasó de 38,5 a 38,8%, aunque estas últimas suelen gozar del peor prestigio entre los mexicanos.
En diciembre pasado se aprobó la Ley de Seguridad Interior en el Congreso que, por primera vez, acota y define vez el rol de los militares en la lucha anticrimen, pero la presión de organizaciones civiles dentro de un vehemente debate sobre el accionar de los uniformados obligó a suspender su promulgación.
Diversas entidades, entre ellas la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), interpusieron recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, que todavía no se pronuncia sobre el tema.
La normativa permite regular la presencia de fuerzas castrenses en las calles, en labores de seguridad pública, después de 11 años de una fracasada lucha contra la delincuencia organizada, que causó más de 135,000 muertos y unos 33,000 desaparecidos.
Durante las agitadas discusiones en el Senado y la Cámara de Diputados para aprobar la ley, una multitud de activistas bloquearon los accesos a las sedes legislativas para impedir el paso a los parlamentarios.
Además, organizaciones civiles entregaron un documento con más de 100,000 firmas para hacer patente el rechazo a esa polémica iniciativa que, a juicio de expertos, busca blindar al estamento militar de eventuales demandas futuras por abusos en su lucha contra las bandas criminales.
Alejandro Hope, director del Proyecto "Menos Crimen Más Castigo", señaló que el rechazo que suscita dicha legislación revela que "el viejo arreglo" entre militares y civiles para definir el rol de los primeros en el equilibro de poderes "ya no funciona bien". "Ya no le sirve ni a civiles ni a militares", señaló Hope, asesor en materia de seguridad de la candidata presidencial independiente Margarita Zavala.
Hope recordó que en los años 40 del siglo XX, luego que los militares dejaron el poder y cedieron su espacio a civiles, se acordó un pacto para que los primeros dejaran de meterse en los temas del gobierno.
"Ese pacto no escrito le sirvió muy bien al país durante varias décadas. No está de más recordar que no ha habido en México un cambio violento de gobierno desde 1920, ni una rebelión militar desde 1938 como tampoco un uniformado en la Presidencia desde 1946. En América Latina, no son triviales esos datos", expuso el experto.
Una encuesta difundida en 2016 arrojó que la mitad de los ciudadanos estima que las bandas criminales tienen "mayor capacidad de combate que el Ejército" y que eso explica por qué en los enfrentamientos entre militares y delincuentes salen ganando los últimos.
El clamor para que los militares "regresen a sus cuarteles" va en ascenso, pero el gobierno insiste en mantenerlos en la lucha anticrimen porque falló en crear cuerpos de policía profesionales que puedan enfrentar al poder cada vez más grande de las bandas delincuenciales.
regina
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