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Strassera orgulloso de un proceso "único" que acabó con la impunidad

2010-12-07

Mar Marín/EFE

Buenos Aires.- Veinticinco años después del proceso contra las Juntas militares que encabezaron la sangrienta dictadura argentina, el fiscal Julio César Strassera se siente orgulloso del juicio, "único en el mundo" y producto de una "decisión política única", asegura en una entrevista con Efe.

"Quiero utilizar una frase que no me pertenece porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces: Nunca Más". Estas palabras del alegato final de Julio César Strassera ante el tribunal resuenan todavía en la memoria de víctimas, familiares y, probablemente, de algunos de los represores condenados.

A sus 77 años, el hombre que sentó en el banquillo a los máximos responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el régimen de facto, entre 1976 y 1983, sostiene que el proceso marcó el "fin de la impunidad" en Argentina y "cambió el panorama judicial en el mundo" porque, por primera vez, tribunales civiles juzgaron a militares.

"No se podía haber hecho de otra manera, era la única manera posible", afirma Strassera, convencido de que, después de la dictadura, "la democracia llegó para quedarse, pero gracias a Raúl Alfonsín, y lo que ocurrió no puede volver a pasar en Argentina".

Sentado en el despacho de su vivienda del barrio porteño de Recoleta, rodeado de libros, papeles desordenados y viejas fotos de amigos, Strassera desgrana, en la entrevista con Efe, los detalles de un proceso que sacudió la conciencia de la sociedad argentina y destapó el horror de la dictadura.

Entre las fotografías que guarda en su despacho, muestra especialmente orgulloso una en la que aparece con el fallecido ex presidente Raúl Alfonsín (1983-1989), a quien "conocí primero como presidente y despedí después como amigo".

"Voy a decirle una cosa: no tengo ninguna instrucción que darle", asegura que le dijo el ex presidente en vísperas del inicio del juicio contra los nueve altos cargos militares que encabezaron las Juntas.

"No sentí presión ninguna", insiste Strassera, que admite, sin embargo, que para llevar adelante el proceso tuvo que recurrir a un equipo de jóvenes menores de 25 años que creían en la necesidad de hacer justicia porque los funcionarios de carrera no se atrevían a acompañarle en esta aventura, con excepción de Luis Moreno Ocampo, hoy fiscal de la Corte Penal Internacional.

Basó su estrategia legal en los casos documentados en el informe "Nunca Más" de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), liderada por el escritor Ernesto Sábato.

El juicio comenzó el 22 de abril de 1985 y la sentencia fue dictada el 9 de diciembre del mismo año, después de escuchar a más de 830 testigos: Cadena perpetua para el ex presidente de facto Jorge Rafael Videla y el almirante Emilio Massera y de 17 años para el general Roberto Viola

Se dictó una condena de ocho años para el almirante Armando Lambruschini y de 4 años y 6 meses para el brigadier del aire Orlando Ramón Agosti, mientras que fueron absueltos los jefes aeronáuticos Omar Graffigna y Basilio Lami Dozo, el general Leopoldo Galtieri y el jefe naval Jorge Anaya.

En su memoria, Strassera guarda todavía los ecos de las voces de los familiares de las víctimas, como los de los padres de Floreal Avellaneda, un joven de 15 años asesinado por empalamiento, o el grito de una madre que reconocía que su hijo había sido detenido mientras fabricaba una bomba pero reclamaba un juicio y no la "bolsa de huesos" en la que le devolvieron sus restos.

Pero la lección que dio Argentina al mundo con el proceso contra las Juntas se vio empañada poco después, cuando los dos levantamientos militares que estuvieron a punto de tumbar al Gobierno de Alfonsín le obligaron, según el fiscal, a aprobar las leyes de Obediencia Debida y Punto Final (1986 y 1987), que en la práctica dejaron libres a decenas de culpables de crímenes de lesa humanidad.

Las presiones, continúa, vinieron también de ciertos sectores empresariales, sindicales y ligados a la iglesia católica que habían sido beneficiados durante la dictadura.

La decisión de Alfonsín fue, en opinión de Strassera, una cuestión de "necesidad" para mantener una "democracia frágil", y estuvo provocada por motivos muy distintos al indulto concedido en 1989 y 1990 por el ex presidente Carlos Menem: Una "inmoralidad", denuncia el fiscal.

Durante la mandato de Menem, "no había un reclamo popular, ni sectorial, ni siquiera los propios militares reclamaban el perdón para sus camaradas (...) Fue un regalo destinado a satisfacer a los mismos sectores que habían presionado antes", afirma.

Simpatizante del Partido Radical y abiertamente enfrentado con el Gobierno de Cristina Fernández (peronista), Strassera mantiene que, sin el proceso a las Juntas, habría sido imposible retomar los juicios contra los indultados por Menem al inicio del mandato del ex presidente Néstor Kirchner, en 2003.

Para Strassera, el Gobierno de Kirchner primero y de su esposa y sucesora, Fernández, hace una utilización política de los derechos humanos y alienta una dilación innecesaria en los juicios que se están desarrollando ahora contra los represores y que -opina- podrían resolverse en plazos más cortos.

Alejado del mundo judicial por decisión propia, subraya, Strassera guarda con celo en los cajones de la mesa de su despacho varios cuadernos manuscritos en los que fue anotando declaraciones, testimonios y detalles del proceso que le ayudaron en su estrategia legal.

Unos cuadernos que, por el momento, no verán la luz porque no tiene intención de escribir sus memorias: "Es una cosa que me cuesta mucho trabajo. Hay ciertas cosas que mejor no decir y he tenido cosas no muy agradables"