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La tortura y el trato cruel se disparan


2012-04-09

Leticia Pineda / AFP

"Ahorita vas cantar", dijo en la Navidad de 2008 un militar mexicano a una mujer del estado de Chihuahua (norte) mientras le quitaba el pantalón y la colgaba en una jaula para golpearla hasta el desmayo y, dos días después, dejar que otro soldado encapuchado la violara.

El caso de esta mujer está integrado en las 5.176 recomendaciones emitidas en seis años por la Comisión Nacional de Derechos Humanos por tratos crueles y degradantes a entidades como el ejército, la secretaría de Marina y los cuerpos de policía, entre otras autoridades, dijo a la AFP Andrés Aguirre, tercer visitador general de este organismo.

Entre ellas hay 113 casos de tortura infligida por militares y policías. En el caso de la mujer de Chihuahua, los soldados pretendían que la víctima denunciara a traficantes de droga y armas.

El 23 de diciembre de 2008, un grupo de ocho militares llegó a su casa, la golpeó, le vendó los ojos, la maniató y la trasladó al cuarto de artillería de una torre de la guarnición militar en Ojinaga, una localidad de Chihuahua ubicada a orillas del río Bravo, que separa México de Estados Unidos.

El 25 de diciembre, varios militares regresaron a golpearla. Uno de ellos ordenó que le quitaran el pantalón, le amarró las manos con esposas, dejándola colgada, "se quitó el cinto y le golpeó abdomen y piernas hasta que se desmayó", narra la recomendación 88/2011 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Dos días después, mientras se duchaba por orden de sus captores para quitarse la sangre del cuerpo, entró "un militar encapuchado y la penetró por el ano violentamente", añade el expediente enviado a la secretaría de la Defensa.

Estuvo encerrada siete días en ese lugar, donde le exigían "que pusiera (señalara) a alguien que vendiera drogas o armas", indica la recomendación.

Las denuncias por tratos crueles, inhumanos y tortura en México se incrementaron consistentemente de las 336 quejas que fueron comprobadas y resultaron en recomendaciones en 2006, a 392 en 2007, 564 en 2008, 1.055 en 2009, 1.163 en 2010 y 1.666 el año pasado, precisó el funcionario.

El incremento de estas violaciones de los derechos humanos "básicamente ha sido con motivo de las acciones de combate a la delincuencia que se han realizado en esta administración y con incursión de las fuerzas armadas en labores que ordinariamente le corresponden a la policía", dijo Aguirre en una entrevista.

La mayoría de estas violaciones se registran poco después de la detención y antes de que los arrestados sean presentados ante el ministerio público, explicó el visitador.

El presidente Felipe Calderón lanzó al llegar al poder, en diciembre de 2006, una campaña militar contra los cárteles del narcotráfico. Las pugnas entre estos grupos y los enfrentamientos con soldados han dejado en ese periodo más de 50,000 muertos en el país, incluido un número indeterminado de víctimas ajenas a las organizaciones criminales.

Los izquierdistas partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo impulsaron en el Senado una modificación de la ley para prevenir y sancionar la tortura que busca ampliar hasta 16 años las condenas y la inhabilitación permanente a servidores públicos que incurran en este delito. Esta modificación se discutirá en el pleno de la cámara alta para su aprobación el próximo 10 de abril.

La tortura para obtener confesiones de posesión de armas y droga se repite en varias de las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos, que ha solicitado sanciones para 7.760 autoridades que aplicaron tratos crueles e inhumanos.

Entre las cientos de páginas publicadas por la comisión en su sitio de internet, en las que describe estos casos, hay por lo menos dos en los que la tortura terminó en la muerte de las víctimas.

Una técnica recurrente en varios de los expedientes publicados consiste en colocar a las víctimas bolsas de plástico en la cabeza para asfixiarlas, así como golpes y descargas eléctricas.

Entre estos documentos también se encuentra el caso de la periodista Lydia Cacho, detenida en diciembre de 2005 en el balneario de Cancún (sureste), como una venganza de personas de la política y el mundo empresarial mencionados en una investigación que publicó sobre redes de pederastas.

La escritora fue trasladada ilegalmente de Cancún a la ciudad de Puebla, en el centro del país, un trayecto de 1.668 kilómetros. Durante el trayecto, en el que sufrió numerosas privaciones y tortura psicológica, los agentes que la trasladaron a una cárcel en Puebla "hacían comentarios respecto a que verían el mar de noche, al momento que le preguntaban si sabía nadar de noche".

La periodista mexicana y defensora de los derechos humanos Lydia Cacho presenta su libro 'Esclavos del poder' el 29 de noviembre de 2010 en la Feria del Libro de Guadalajara.



KC


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