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El 27 constitucional y las elecciones

2012-06-10

José Antonio Rojas Nieto, La Jornada

En un ambiente en el que �en mi opinión� al menos desde 1992 se registra una violación permanente, prolongada y más o menos soterrada y silenciosa del artículo 27 de la Constitución, no es sencillo reivindicar �al menos� dos de los principios que, en el ámbito de los energéticos, se desprenden de este precepto constitucional: 1) la propiedad originaria de los recursos naturales energéticos y de sus rentas; 2) el carácter estratégico del control nacional de la industria integral del petróleo y del servicio público de electricidad. Ambos principios otorgan �desde la redefinición "fundante" de nuestra Nación en 1857 y su ratificación en 1917� un poder a la sociedad.

Enorme poder por lo demás, establecido en contraposición a la experiencia nociva y regresiva del derecho absoluto a la propiedad privada derivado �según señalan los especialistas� del código napoleónico de 1804. ¡Que nunca se nos olvide esto! Se trata de una definición �perdón por la reiteración� "fundante" de la nación mexicana, orientada a enfrentar �de nuevo, como documentan los constitucionalistas� los desequilibrios, pobreza y miseria que generó en el siglo XIX la práctica común del derecho exclusivo a la propiedad privada, de la que se podía gozar y disponer de manera absoluta, según rezaban los códigos. No podemos olvidar esto. Nunca. Al menos en lo que respecta a la propiedad originaria de tierra y aguas.

Por eso en el mismo 27 se ratifica el poder de la Nación �a través del Estado� para poner límites a la propiedad privada, cuya experiencia depredadora se vivió �de hecho se sigue viviendo� luego de los códigos privatizadores absolutistas. Finales del siglo XIX e inicios del XX son, en consecuencia, momentos en los que la sociedad se da instrumentos para enfrentar ese "absolutismo" de la propiedad privada. La expropiación petrolera en 1938 y la nacionalización de la industria eléctrica en 1960 no son sino un reiteración soberana �conflictiva pero exitosa� de este principio constitucional. Pero también de la determinación nacional de reservar para el Estado el control de estas dos industrias considerada estratégicas.

¿Para qué o para quién? Para el bienestar básico de la sociedad, incluidos aquellos que no logran tener �de ordinario por la misma lógica del desarrollo� la capacidad de proveerse los bienes y servicios esenciales para vivir, sin duda combustibles y electricidad. En mi opinión en estas elecciones �acaso como en ninguna de las anteriores� están en juego no sólo la ratificación o rectificación de estos dos principios constitucionales �de los que, por cierto, el oportunismo de muchos gusta caricaturizar� sino su práctica concreta, sujeta actualmente a muchas contradicciones legales. ¿Qué sentido tiene, si no, el mandato legal para definir, por ejemplo, una estrategia nacional de energía? ¿Cuál asimismo, la determinación legal de garantizar combustibles de calidad y a buen precio a la sociedad? ¿Cuál, finalmente, para sólo dar un ejemplo más, el mandato de prestar un servicio público de electricidad suficiente, confiable, óptimo, sustentable y al menor costo?

El PRI se encuentra en un severo aprieto en la medida que en su declaración de principios ratifica los principios constitucionales a pesar de que la práctica de sus dos últimos presidentes ha sido totalmente contradictoria con ello. Y su candidato de hoy ha sido incapaz de abordar con el debido cuidado y el respeto que merece la sociedad, esta problemática tan delicada. El PAN �acaso con menos aprietos ideológicos por la forma en que defiende la propiedad privada en su declaración de principios� no ha tenido los arrestos para señalar de frente a la Nación su ánimo expreso de modificar el artículo 27 de la Constitución. Y su candidata a la Presidencia tampoco ha abordado con la seriedad que merece el asunto, sus principios y su visión programática, luego de 12 años de prácticas regresivas y contradictorias.

Y sin embargo, amigos �serios y respetables amigos� apoyan al PRI y al PAN, pero suscriben y consideran fundamental la ratificación del 27 constitucional, pese a las regresiones prácticas o, incluso, esenciales que, por ejemplo en el ámbito ejidal, se han impulsado. A pesar de sus contradicciones y de diversas propuestas que exigen una reflexión más cuidadosa �muchísimo más cuidadosa� cuando la coalición de izquierda ratifica estos principios constitucionales, traza un eje fundamental para quienes, pese a los errores y desaciertos y abusos priístas y panistas de la práctica de esto principios, aún creemos en la necesidad de limitar el ejercicio absolutista de la propiedad privada, y seguir otorgando a la sociedad el poder que representa la propiedad originaria de los recursos naturales y el control nacional de la industria petrolera integral y del servicio público de electricidad.

Por eso, precisamente por eso, mi voto va por esta coalición de izquierda. Sin duda.

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