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Morelos: malos gobiernos


2014-04-03

Julio Hernández López, La Jornada

Morelos ha tenido pésimos gobernadores cuando menos en las dos décadas recientes. Frivolidad e incapacidades personales se han sumado a una sostenida tendencia de entendimiento de las autoridades en turno con poderosos grupos delictivos asentados en esa entidad. En busca de soluciones, los ciudadanos morelenses han pasado del tradicional dominio priísta a la alternativa esperanza de mejoría a través del panismo y, actualmente, del perredismo. Pero de Jorge Carrillo Olea (con Jorge Morales Barud y Jorge Arturo García Rubí completando ese sexenio turbulento) a Graco Ramírez, pasando por Sergio Estrada Cajigal y Marco Antonio Adame, nada sustancial ha cambiado, salvo las camarillas y los estilos.

Con razones suficientes para la protesta, pues los índices delictivos no han sido disminuidos por la administración de Ramírez �quien prometió entregar buenas cuentas 18 meses después de tomar el mando estatal�, y en medio de especulaciones y descalificaciones partidistas y grupales, ayer se realizó una marcha pública en demanda de que renuncie Graco y sea frenada la violencia desatada en la entidad. Perredistas y voceros extraoficiales del gobierno estatal (sobre todo en las vías internéticas) han asegurado que tras esa expresión masiva de inconformidad están políticos opositores al gobierno adscrito al sol azteca, entre ellos algunos personajes panistas y priístas en activo pero, sobre todo, el general en retiro Carrillo Olea, quien dejó el gobierno estatal 16 años atrás justamente en medio de una creciente protesta pública encabezada por quien hoy es objeto de la repulsa, el mismo Graco Ramírez.

Tienen razón los defensores del oriundo de Tabasco y miembro del grupo de Los Chuchos, al que el priísmo peñista dejó pasar en elecciones estatales (como a Arturo Nuñez en el citado Tabasco, para ceder "espacios" regionales a las corrien- tes dominantes de la izquierda que a cambio se allanaron en los momentos claves a la instalación de EPN como "presidente electo"). Es una revancha la que se ha desarrollado contra Graco Ramírez, pero no sólo en razón de la conjunción de intereses partidistas opositores a su administración (como él en su momento lo hizo), sino a causa del incumplimiento de promesas y expectativas. Graco, uno de los especímenes más característicos de la marrullería negociante de la izquierda mercantil, no ha podido hacer un buen gobierno y hay un natural y legítimo desquite social en su contra, el mismo que él ejerció hasta que en mayo de 1998 el entonces gobernador, Carrillo Olea, enjundiosamente acusado de proteger a bandas del crimen organizado, dejó el cargo.

Ya rebasada la etapa de idealización que cierto segmento de la sociedad con- cedió con simpleza a las autodefensas michoacanas y confirmado que el gobierno federal, grupos de narcotraficantes (sobre todo adscritos al cártel jalisciense) y caciques y empresarios de la región han tenido las manos metidas en ese movimiento, poco impacto real produce el que se detenga a una u otra carta de la baraja templaria, pues a fin de cuentas continúa intocado el problema de fondo en esa entidad, y en el país entero. Ya sea El Chayo o, ayer, El Kike (Enrique Plancarte, "abatido" en Querétaro), o mañana La Tuta, la desaparición física de líderes sustituibles de las bandas del crimen organizado no significa más que reacomodos gerenciales, renegociación de cuotas y oportunidades propagandísticas para la administración federal.

Un toque de humor negro aportaron los muy solemnes legisladores a la hora de establecer nuevas normas para tratar de frenar la violencia entre asistentes a espectáculos deportivos. Abordaron el tema sin adjudicar responsabilidades a las directivas de equipos profesionales deportivos, como si las conductas delictivas observadas en partidos de futbol (y no solamente en el estadio Jalisco en el clásico tapatío, entre Atlas y Guadalajara) provinieran de meros impulsos indidivuales y no tuvieran como telón de fondo el fenómeno de las porras de animación (ahora denominadas "barras", con lamentable sentido de imitación colonizada del término usado en Sudamérica) y la exacerbación de ánimos que impulsan con ánimo de lucro las empresas concurrentes en ese negocio, entre ellas las televisivas, desde luego. Mención especial merece la instrucción del congreso federal para que se cree un "padrón de aficionados violentos" en un país doblegado por la violencia, en el que las instancias de sedicente gobierno, en sus distintos niveles, no son capaces de tener un padrón de narcotraficantes violentos o de criminales aficionados y profesionales.

En todo caso, el gobierno federal debería abrir un padrón de contratistas amigos. Ya lo tuvo en el estado de México, donde OHL México (que forma parte del consorcio español de construcción, Obrascón Huarte Lain, con fuertes ramificaciones internacionales) fue notablemente beneficiada con importantes contratos por la administración local encabezada por Enrique Peña Nieto (la adaptación de esa firma a las porcentuales modalidades nativas de asignación de obras la hizo "ganar" peculiares contratos en el Distrito Federal gobernado por Marcelo Ebrard). Ahora OHL ha anunciado que se quedó con la concesión por 30 años para construir y operar los 74 kilómetros de una autopista de altas especificaciones que irá de Atizapán al emblemático Atlacomulco, en el estado de México. Los amigos españoles y mexicanos vencieron a Ideal, la empresa de Carlos Slim Helú ,que así suma motivos para documentar su pesimismo sexenal. El consejo de administración de OHL México está presidido por José Andrés de Oteyza y entre sus miembros están Carlos Ruiz Sacristán, Jesús Reyes-Heroles González-Garza y Valentín Díez Morodo.

Y, mientras desde Los Pinos y Gobernación le siguen recordando a Eruviel Ávila que él no era el candidato deseado por Enrique Peña Nieto para gobernar el estado de México, y se quedó con la postulación sólo para evitar divisiones y desbandada en el solar natal de EPN cuando éste necesitaba mostrar unidad en su campaña presidencial.



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