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¿Un "bad hombre"? No, y aun así fue deportada

2017-02-10

Comité Editorial, The New York Times

Bajo ningún estándar del sentido común o la decencia Guadalupe García de Rayos debía ser una prioridad en el sistema de deportaciones. García de Rayos, de 35 años y madre de dos adolescentes, fue arrestada el miércoles por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Phoenix. El jueves fue deportada a México, un país del que salió hace 21 años. Su familia, incluidos sus hijos que tienen ciudadanía estadounidense, siguen en Arizona.

El presidente Trump se ha atrincherado en el reclamo —absurdo— de que Estados Unidos será seguro y grandioso de nuevo solo después de combatir a los presuntos millones de bad hombres y “extranjeros criminales”, a quienes ha prometido arrestar y expulsar.

García de Rayos no cumple con ninguna de esas definiciones ni era amenaza alguna, por más que hubiera vivido en Estados Unidos de manera ilegal desde sus 14 años. Las autoridades estaban al tanto de su existencia desde que fue registrada tras una redada en Phoenix en 2008. En los años posteriores, ella acudía regularmente con agentes migratorios para reportarse y estos elegían no deportarla al tener cosas más importantes que hacer.

Trump hizo campaña con la promesa de eliminar esa discreción de los agentes y remplazarla con una aplicación de la ley sin sentido y que no presta oídos. La candidatura de Trump amplificó las pasiones nativistas de sus partidarios y asesores de línea dura, como el hombre que ahora es su mano derecha en el Departamento de Justicia, el fiscal general Jeff Sessions.

Durante la campaña lo más alarmante de las posturas migratorias de Trump no fue el muro, que nunca será construido como él propone. En cambio, siempre fue la posibilidad de una ejecución fortalecida que promete aumentar la miseria en ambos lados de la frontera. Criminaliza a migrantes que obedecen la ley y han vivido en Estados Unidos durante años, así como a los centroamericanos que llegan desesperados por conseguir refugio. Hogares desgarrados, trabajos perdidos, una idiotez tan brutal de todo este asunto.

Trump, o los ideólogos que le susurran al oído y guían sus plumazos, idearon órdenes ejecutivas durante la primera semana de su presidencia que expandieron ampliamente el universo de los posibles blancos de deportación, al incluir a cualquiera culpable de cualquier delito, sin importar con qué antigüedad o si era menor, y a la gente que fue acusada de crímenes sin haber sido condenada. Las órdenes eliminan las prioridades establecidas por el presidente Barack Obama y su secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, bajo las cuales los agentes debían enfocarse estrictamente en los riesgos a la seguridad pública.

La fuerza federal de Trump, especialmente si reincorpora a las agencias policiales estatales y locales a una red de captura migratoria, amenaza con llevar a Estados Unidos de regreso a una época deshonrosa de redadas laborales, rastreos indiscriminados y arrestos masivos. Esto no solucionará nada excepto, quizá, las ganancias de la industria de cárceles privadas.

Es momento de revisar cuidadosamente lo que dice Trump y lo que su gobierno hace. Hay que vigilar a Sessions, al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) y a la Patrulla Fronteriza, una agencia con funcionarios que han abusado de migrantes y que han violado la ley, además de observar a las policías locales, como la de Phoenix, cuyos oficiales ayudaron al ICE a refrenar a los manifestantes que intentaron detener la expulsión de Rayos.

¿En dónde sí hay esperanza? Quizás en los tribunales, donde los jueces se han resistido contra políticas antimigratorias inconstitucionales (el jueves fue bloqueada en una corte de apelaciones la restitución del veto al ingreso de personas de países en su mayoría musulmanas). La esperanza, ciertamente, también está sobre el terreno: Arizona tiene un cuerpo de activistas y abogados migratorios con experiencia, con muchas cicatrices pero también ferozmente decididos, que ya han vivido estas batallas con el maltratador de migrantes del Condado de Maricopa, el exalguacil Joe Arpaio. El estado tiene periodistas que ya han dado cobertura a las mentiras y a los abusos de poder de demagogos antimigratorios.

Trump enfrenta otros obstáculos: ha causado preocupación entre la industria agrícola, que depende en buena medida de trabajadores que Trump llama criminales. Las cortes migratorias estaban abrumadas desde antes de que llegaran los casos impulsados por Trump. Y una constelación de ciudades, pueblos y estados santuario han prometido no cooperar con la mano dura del presidente. La resistencia será formidable.

Pero para incontables familias migrantes inocentes, la pregunta difícil es qué hacer ahora. Había activistas que estaban movilizándose desde el jueves en la noche tras reportes de decenas de arrestos migratorios en todo el país, desde el sur de California hasta Texas. El abogado de García de Rayos, al hablar con reporteros el jueves, dijo que los migrantes deben darse cuenta de que lo que le sucedió a ella fácilmente puede pasarle a los demás. Sugirió que sean más precavidos al lidiar con el ICE y consideren la posibilidad de buscar santuario en iglesias.