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Las revisiones ante las autoridades migratorias estadounidenses pasan de trámite de rutina a una ruleta rusa

2017-04-11

Liz Robbins, The New York Times

Durante años fue un ritual que transcurría sin problemas. Los indocumentados que no eran vistos como una prioridad para la deportación se reunían con un funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) y solo escuchaban: “Te veo el año que entra”.

Los oficiales de deportación empleaban una práctica conocida como discreción procesal, diseñada con el fin de liberar recursos y espacio en los centros de detención para priorizar la deportación de los criminales convictos.

Ahora, durante el gobierno del presidente Donald Trump, estas reuniones han cambiado. Lo que antes era un trámite de rutina ahora es una ruleta rusa.

En enero, Trump emitió una orden ejecutiva en la que se amplía la definición de los delitos que ameritan la deportación, de tal manera que incluye a todos los inmigrantes que vivan en Estados Unidos de manera ilegal. Esto ha afectado todos los niveles del sistema migratorio, incluidas las revisiones a las que deben presentarse las personas con apelaciones o peticiones pendientes, así quienes esperan una audiencia ante un juez de inmigración.

Muchos recuerdan el caso de Guadalupe García de Rayos, la mujer de Arizona que deportaron a México después de su revisión de rutina con oficiales del ICE en febrero. Había acudido a las revisiones anuales desde hace ocho años, después de que las autoridades descubrieron que utilizaba un número de seguridad social falso.

“Ahora todos los abogados migratorios de Estados Unidos tienen esa incertidumbre con sus clientes”, dijo Kerry Bretz, un abogado neoyorquino con mucha experiencia. Antes, señaló, les decía a sus clientes: “No te preocupes: vas a entrar, vas a salir, vas a renovar tu permiso laboral y vas a seguir con tu vida”.

Ahora comenta que su deber ético es advertirle a los clientes que, antes de ir a su revisión, arreglen todos sus asuntos de negocios y familiares. “Porque tal vez ya no te suelten”, dijo.

Meredith Kalman, abogada que ejerce en la firma de Bretz, dijo que un oficial le hizo una advertencia después de salir de una reunión rutinaria en Manhattan: “Es un nuevo mundo”.

De acuerdo con Kalman, el funcionario le dijo durante la reunión: “Lo siento, me están presionando porque el nombre de mi cargo es oficial de deportación; mi trabajo es deportar a gente”.

Los oficiales de la agencia migratoria insisten en que aún se enfocan en deportar a personas sentenciadas por un crimen y que constituyan una amenaza para su comunidad. Sin embargo, Rachael Yong Yow, vocera de la oficina del ICE en Nueva York, afirmó que “todos aquellos que violen las leyes migratorias pueden ser sujetos de arresto migratorio, detención y, si se encuentra que deben dejar el país, su salida de Estados Unidos”.

Daniel Stein, de la Federation for American Immigration Reform, que aboga por mayores controles migratorios, dijo que así es como debía suceder. “Si estás aquí y eres extraíble, el tiempo que tienes es prestado”, dijo.

Stein dijo que la discreción procesal no debería ser utilizada en revisiones del ICE pues durante estas la agencia no otorga permisos legales para quedarse en el país, sino aplazamientos administrativos.

Cheryl R. David, una abogada migratoria de Nueva York, cree que la oportunidad para esas postergaciones se darán cada vez menos.

“Definitivamente ha habido un cambio en la cultura”, dijo. “El ICE tiene una mayor disposición a hacer cumplir, desde su perspectiva, la ley migratoria”, añadió, “y si tienes una orden de remoción final, tendrías que intentar rectificarla”.

Si no, dijo, vendrá la deportación.

Todavía no parece haber una política establecida que aplique en todas las oficinas locales, según abogados. La agencia de inmigración no puede brindar inmediatamente estadísticas concernientes a quiénes eran detenidos o deportados como resultado de sus revisiones ni cómo ha cambiado la frecuencia de esos chequeos.

En marzo, Bretz acompañó a un cliente –un propietario de un negocio de bienes raíces nacido en la antigua Unión Soviética hace 49 años– a su revisión en Manhattan, a la que llevó un archivo grueso de testimonios de asociados de su cliente y fotografías de los hijos de este. Bretz dijo que su cliente no tenía antecedentes penales y que han fallado sus intentos por rectificar lo que afirma fue el error de un oficial de migración al ajustar su estatus hace más de 20 años.

Por séptimo año consecutivo, se le dijo al hombre que podía regresar en un año.

Sin embargo, otra abogada del despacho de Bretz, Tiffany Javier, tuvo la experiencia opuesta con un cliente en Hartford, Connecticut.

El cliente, un hombre de 44 años proveniente de Kenia, llegó a Nueva York en 1993 con una visa y se quedó después de que esta expiró. Se convirtió en enfermero, pagaba impuestos y estaba criando al hijo de su segunda esposa. Sin embargo, años antes un juez había rechazado la solicitud de un permiso de residencia que tramitó tras casarse con su primera esposa, pues sospechaba que el matrimonio era fraudulento. Él había estado yendo a sus revisiones cada trimestre, hasta febrero, cuando le dieron un mes para comprar su propio boleto de regreso a Kenia. Se fue a mediados de marzo.

La experiencia llevó a Tiffany Javier a pensar que, en estos días, la discreción procesal “salió por la borda”. Dice que algunos oficiales de migración “se sienten envalentonados en un lugar donde pueden hacer en gran medida lo que quieran”.

El clima de incertidumbre ha resultado en una nueva tendencia: animadas protestas por parte de activistas, el clero y los oficiales de la ciudad con motivo de las revisiones.

Durante marzo, un hombre de 59 años que ingresó de manera ilegal desde México en 1991 llegó a su cita en Newark con un séquito que incluía al senador Robert Menendez, un demócrata de Nueva Jersey, y al cardenal Joseph W. Tobin, de la arquidiócesis de Newark. Tobin, defensor de los derechos de los migrantes, dio un pequeño discurso en el que imploró a los oficiales del ICE que decidirían la suerte del hombre: “No solo vean su rostro, sino también los de nosotros”.

El hombre, Catalino Guerrero, había acudido cada año a la revisión desde 2011 porque una solicitud de asilo que alguien archivó por error había sido rechazada. Había tenido un infarto, y debido a su condición de salud se le había otorgado una suspensión temporal de deportación. Esta vez le dijeron que regresara en tres meses, mientras sus abogados buscan otro recurso para que pueda permanecer en el país.

En la sala de espera del noveno piso del edificio Federal Plaza de Manhattan donde se llevan a cabo las revisiones ante el ICE, la preocupación era palpable un día de marzo. Había dos televisiones sintonizadas en CNN: el presidente Trump estuvo por un momento en la pantalla, ante la mirada ausente de las personas de muchas nacionalidades y edades. Desde una de las cuatro puertas sin señalización —por lo que nadie sabía hacia dónde ver— un oficial del ICE saldría y pronunciaría un nombre.

Ramesh Palaniandi, un residente permanente legal de Guyana que había cumplido una condena breve por robo, pasó ese día, pero ya no salió. Lo llevaron a un centro de detención después de su revisión ante el ICE, dejando atrás a su esposa, Janice Hoseine, quien lloraba.

En contraste, en Latham, Nueva York, en la oficina federal de inmigración en el Valle Hudson, un abogado se sentía animado por el trato que le dieron al caso de su cliente. María Martínez-Chacón, oriunda de El Salvador, fue puesta bajo revisión en febrero después de que su esposo, Ramiro, fue arrestado tras reingresar al país de manera ilegal. Tienen dos hijos, ciudadanos estadounidenses. A María le dijeron que regresara este miércoles 12 de abril y, según su abogado, tiene un caso fuerte para pedir asilo.

“La gente con la que he tenido contacto hasta ahora ha ejercido la discrecionalidad de manera humanitaria”, dijo el abogado de María, Nicholas E. Tishler, “y espero que continúe así”.