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El cierre de escuelas agudiza la crisis para muchas familias en Puerto Rico

2017-05-12

Frances Robles, The New York Times

AGUAS BUENAS, Puerto Rico – Desde antes de que amaneciera, Natalia Hernández estaba de pie con un megáfono en mano enfrente de la escuela primaria a la que asistieron cuatro generaciones de su familia, recitando uno tras otro los logros académicos del colegio.

Más de la mitad de los alumnos están en el cuadro de honor. Tiene tutores, una trabajadora social e incluso una terapeuta de lenguaje, dijo.

Sin embargo, ha habido un éxodo de familias puertorriqueñas de cara a la crisis económica, así que la pequeña escuela Luis Santaella tiene un gran problema: solo hay 146 niños inscritos, en contraste con los 250 de antes.

Así que, al igual que otras 178 escuelas en toda la isla, está programado que Luis Santaella cierre sus puertas después del último día del ciclo escolar el 31 de mayo. La decisión del cierre fue tomada, en parte, para ayudar a Puerto Rico en su batalla contra su deuda de 123 mil millones de dólares. La escuela, que se eleva al lado de un camino sinuoso, se unirá a las muchas víctimas de la crisis fiscal que obligó a Puerto Rico a declarar una especie de bancarrota la semana pasada e hizo que cientos de miles de personas empacaran sus cosas para irse durante la década pasada.

La escuela se unirá a los muchos comercios cerrados y casas abandonadas, como un indicador más de la emergencia que se apodera de Puerto Rico y los esfuerzos desesperados para detener la hemorragia.

Para algunos, los cierres representan un alivio para el presupuesto nacional de Puerto Rico, además de la oportunidad de transformar un sistema educativo en apuros: hay escuelas infestadas de termitas, las inscripciones han caído casi un tercio desde 2010 y solo el diez por ciento de los alumnos de segundo de secundaria aprobaron el examen estandarizado de matemáticas.

En cambio, para padres como Hernández, los recortes son catastróficos y caprichosos.

“¡Cerró esta escuela sin siquiera visitarla!”, se quejó Hernández, y explicó la decisión de los padres de estacionarse afuera de las puertas del colegio para evitar el ingreso de los maestros, los alumnos o el director. Su hijo de diez años, Javian, perdió clases toda la semana.

Hernández se refería a Julia Keleher, una consultora ubicada en Washington que recientemente fue nombrada secretaria de Educación para Puerto Rico. Keleher tomó el control del sistema escolar en enero, unos meses después de que los asuntos de Puerto Rico pasaron a manos de un consejo de gobierno en Nueva York.

El consejo de vigilancia ha advertido que el gobierno debe ahorrar hasta 40 millones de dólares al mes; ha sugerido que cerca de 300 escuelas cierren, que los maestros no acudan y que no se les pague dos días al mes.

Como antigua funcionaria federal de educación con experiencia en Detroit y Washington, dijo Keleher, el concepto de bancarrota no le es ajeno.

“Debemos cerrar escuelas”, señaló Keleher en una entrevista. “Vamos a cerrar escuelas”.

El plan anunciado por Keleher es menos extremo que el sugerido por el consejo fiscal. Prevé que se fusionen los alumnos de algunas de las escuelas e insiste que esa consolidación —de la cual muchos directores se enteraron mientras la anunciaba por televisión— no se trata solo de ahorrar dinero, sino de mejorar el desempeño de los estudiantes y de empoderar a los funcionarios locales para que se hagan responsables de lo que sucede en sus escuelas.

Sacó una tableta con gráficas y rutas de autobús mientras presentaba las oportunidades que según ella se abrirán cuando se elimine lo que ya no sirve (escribió su tesis doctoral sobre toma de decisiones basada en datos).

Dijo que hay escuelas construidas para albergar a 800 estudiantes en los que solo hay 300 inscritos. El distrito aún pagaba el agua y la luz de las escuelas abandonadas. Hay escasez de maestros en algunos colegios y superávit en otras. Algunas instalaciones escolares están pudriéndose, infestadas de ratas.

Keleher sostiene que, si se fusionan dos escuelas que le cuestan al gobierno un millón de dólares, la nueva escuela de dos millones de dólares puede pagar laboratorios de computación que podrán ser aprovechados por el doble de alumnos.

“Ha sido un diálogo prácticamente imposible”, señaló. “No se trata de cerrar escuelas. Se trata de crear este tipo de oportunidades con los ahorros del presupuesto”.

Aída Díaz, presidenta de un sindicato de maestros, dice que aunque todos reconocen que algunas escuelas estaban en condiciones deplorables y otras se subutilizan. “No tiene sentido enojarse: algunas escuelas tendrán que cerrar”, dijo Díaz. “Hay escuelas que realmente son muy obsoletas, y otras cercanas con salones vacíos”.

Sin embargo, criticó el enfoque basado en datos de Keleher, al indicar que no considera los matices.

Al ver la lista de cierres, se dio cuenta de que dos escuelas cuyas comunidades han sido rivales por mucho tiempo se fusionaron. Otra escuela con una población mayoritaria de niños que viven en vivienda pública se está fusionando con una que está a diez minutos por la carretera… pero los padres de esos niños probablemente no tienen auto.

Keleher dijo que algunas escuelas permanecieron abiertas por motivos como esos, incluyendo evitar traslados largos para los niños de zonas rurales. La lista de cierres se ha reducido por cinco escuelas en la última semana.

Emilio Nieves Torres, que dirige otro sindicato de maestros, dijo que los funcionarios gubernamentales están confundiendo al pueblo cuando se trata de los recortes. Aunque Keleher ha prometido “no despedir a nadie”, por lo menos 5000 maestros trabajan con contratos anuales, y para que la fusión verdaderamente resulte en ahorros reales, no se renovarán miles de estos contratos, según Nieves.

En respuesta a las exigencias del consejo, el gobierno presentó un plan fiscal que congelaría los salarios a los maestros hasta 2021, lo que significa que los maestros, que ganan cerca de 21,000 dólares al año y cuyos salarios han estado congelados desde 2008, no recibirían aumentos durante trece años, señaló Nieves.

“Nuestra mayor preocupación es que todo esto estará en manos de una juez, nombrada por la Suprema Corte de los Estados Unidos, y no sabemos si ella tomará en cuenta aspectos básicos de seguridad, salud y educación”, dijo Nieves. “Por lo pronto, ese consejo ha propuesto recortar dos días de escuela al mes. Eso es un mes de clases. Tendrá un impacto sobre la educación”.

Por ahora, los ahorros por las medidas adoptadas en materia escolar es de siete millones de dólares, sobre todo por recibos de agua y luz. Sin embargo, Keleher reconoció que no se renovarán muchos contratos de maestros, y que habrá más ahorros de costos cuando otros se rindan ante la frustración.

“Observarán una deserción natural con el tipo de cambios que haremos”, afirmó. “Creo que la gente cercana al retiro verá los cambios y se preguntará: ¿quiero hacer esto? Ya no estoy en mi escuela. Tal vez elijan hacer algo diferente”.

“Todos querían que algo cambiara respecto de la educación pública en Puerto Rico”, dijo, “hasta que el cambio tocó a su puerta”.