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¿Violó Trump la ley y obstruyó la justicia?

2017-05-17

Charlie Savage, The New York Times

WASHINGTON — El reporte de The New York Times que indica que el presidente Donald Trump le pidió a James Comey cuando este era director del FBI que dejara de investigar a su exasesor de seguridad nacional ha desatado acusaciones de que la Casa Blanca está obstruyendo la justicia.

Trump despidió a Comey de manera abrupta el 9 de mayo y poco después declaró a NBC News que, antes de hacerlo, tuvo en mente la investigación del FBI sobre posibles vínculos entre su equipo de campaña y Rusia. (La pesquisa contra el exasesor de seguridad nacional Michael Flynn se lleva a cabo por separado, pero está vinculada).

El presidente Trump aparentemente también amenazó a Comey en Twitter; después de reportes de que Trump le preguntó al exdirector si le sería leal y este respondió que sería honesto, Trump dijo que a Comey “más le vale esperar que no haya grabaciones de nuestras conversaciones”.

Trump negó haberle pedido a Comey que dejara de investigar a Flynn. En un comunicado emitido el martes 16 de mayo por la noche, la Casa Blanca dijo que “el presidente nunca le pidió a Comey ni a alguien más ponerle fin a ninguna investigación, incluida la que involucra al general Flynn”.

“El presidente es sumamente respetuoso hacia nuestras agencias de la ley y el orden, y hacia todas las investigaciones”, añadió la Casa Blanca en el comunicado. “Esta no es una representación verídica o correcta de la conversación entre el presidente y Comey”, agregó, en referencia a un memorando escrito por el exdirector del FBI en el que hacía referencia a que Trump le había pedido “dejar ir” la investigación contra Flynn dado que es “un buen hombre”.

¿Qué es la obstrucción de justicia?

Varios estatutos federales estadounidenses penalizan acciones que impidan las investigaciones oficiales. Algunos prevén ejemplos específicos, como matar a un testigo o destruir evidencia, pero la ley también incluye prohibiciones abarcadoras. Por ejemplo, las secciones 1503, 1505 y 1512 del Título 18 hacen referencia de distintas maneras a que es un delito si alguien “obstruye, influye o impide cualquier procedimiento oficial” de manera corrupta.

¿Eso podría incluir pedirle al director del FBI que dejara parte de una investigación y después haberlo despedido? Teoréticamente, sí. Los estatutos son muy generales. Julie O’Sullivan, exfiscal federal que ahora da clases sobre Derecho Administrativo en la Universidad de Georgetown, dijo que la relación de poder entre un presidente y el director del FBI puede significar que una solicitud para cerrar un caso sea un acto que impide una investigación oficial.

“Necesita un abogado”, dijo O’Sullivan sobre Trump. “Está armando un buen caso en su contra”.

¿Tenía Trump la autoridad legal para despedir a Comey?

Sí. Pero las cortes han establecido que otros actos legales pueden ser una obstrucción a la justicia si se dan con intenciones corruptas.

Los casos sobre obstrucción a la justicia en general dependen de si los procuradores pueden comprobar el estado mental de los acusados cuando cometieron el acto, según especialistas legales. No es suficiente demostrar que esa persona sabía que el acto tendría una consecuencia que impediría una investigación, la intención específica tiene que haber sido lograr ese impedimento.

Samuel Buell es un exfiscal federal que lideró la fuerza de investigación contra la empresa Enron por fraude y ahora es profesor de Derecho Penal en la Universidad de Duke. Dice que al principio era escéptico sobre si el despido de Comey por sí solo podía comprobar, más allá de la duda razonable, que Trump tenía un estado mental inapropiado, pero que las revelaciones subsecuentes han reforzado la evidencia.

“Las pruebas de una intención inapropiada se han fortalecido desde la destitución de Comey”, dijo Buell. “Trump ha hecho admisiones. Y ahora hay evidencia de que habría indicado tener un propósito inapropiado en sus comunicaciones con Comey sobre la investigación rusa”.

¿Qué obstáculos hay para presentar cargos contra Trump?

Sullivan dijo que no es realista esperar que el Departamento de Justicia del gobierno de Trump acuse al presidente. Sin embargo, Buell argumentó que las nuevas revelaciones sí presentan un caso sólido para que el subprocurador general Rod Rosenstein (quien está a cargo de supervisar la investigación rusa porque el fiscal general Jeff Sessions se recusó) al menos nombre a un consejero especial para que investigue.

“El tema actualmente es si se requiere que haya una investigación seria e imparcial, y no hay duda de que así es”, dijo Buell, quien indicó que, por lo menos, Comey necesita ser entrevistado como testigo. “Este tipo de goteo de información… pensamos en este supuesto como ‘esta es la evidencia, este es el resultado’, pero eso solo sirve hasta mañana, cuando saldrá algo más a la luz. No queda claro si este es el final. Si acaso, es más claro que nunca que falta mucho por saber”.

¿Y podría haber un juicio político?

“Pedirle al FBI que abandone una investigación es obstrucción de la justicia”, escribió en Twitter el diputado demócrata por Florida Ted Deutch. “Y la obstrucción de justicia es un delito procesable de oficio”. El representante de Texas Al Green anunció que pedirá oficialmente que haya un impeachment:

Los dos presidentes que fueron sujetos a procedimientos para un juicio político durante el siglo pasado –Bill Clinton en 1998 y Richard Nixon en 1974– fueron acusados de obstrucción de justicia.

Interpretar los estatutos sobre obstrucción puede ser una cuestión rebuscada, dijo David Sklansky, exfiscal federal que da clases en Stanford, pero los procedimientos de juicio político son distintos. Son “procesos cuasijudiciales, cuasipolíticos”, mencionó Sklansky. El senado y la cámara de representantes serán quienes determinarán si se cumplen los criterios.

Es decir, en cuestión práctica, los criterios de la constitución estadounidense para el juicio político y la destitución de un presidente –en casos en los que haya cometido “traición, cohecho u otros delitos severos y menores”– se cumplen si una mayoría de la cámara baja y dos tercios del senado votan que así es.

Eso significa que pronosticar el asunto debe hacerse a partir del conteo de votos, no un análisis legal.