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Una prueba al capital político de Putin

2017-06-30

POLITICA EXTERIOR

Las protestas del 12 de junio en un centenar de ciudades rusas, desde Kaliningrado a Vladivostok, las mayores desde 2011-12, han sido la primera señal significativa de descontento social con el autoritarismo y la corrupción del régimen de Vladimir Putin desde la anexión de Crimea en 2014.

La oleada de nacionalismo desatada entonces ha permitido al Kremlin ocultar los problemas económicos provocados por la caída de los precios del crudo. Aunque su aprobación aún ronda el 80%, la popularidad de Putin ha comenzado a declinar.

En 2016 hubo alrededor de 200 grandes protestas en el país por cuestiones laborales, un 34% más que en 2015, según el Centro Levada de Moscú. Alexei Navalny, abogado de 41 años que se ha eregido como líder de la oposición, no ha tardado en capitalizar el fenómeno, redoblando sus denuncias contra el enriquecimiento del círculo interno del régimen. Su video difundido en YouTube revelando la fortuna y propiedades del primer ministro, Dmitri Medvédev, ha sido visto 20 millones de veces desde el 2 de marzo.

Si las autoridades permitieran a Navalny presentarse a las presidenciales de marzo de 2018, seguramente no obtendría más del 10% de los votos. Pero su objetivo no es tanto impedir un cuarto mandato de Putin como unir a una oposición muy fragmentada para obtener representación en la Duma federal, dominada hasta ahora por la oficialista Rusia Unida y sus partidos satélite.

En la manifestación de Moscú, en la que participaron entre 5,000 y 100,000 personas, según las distintas fuentes, Navalny reunió sobre todo a los jóvenes, lo que revela un cambio generacional clave en la composición social de los grupos opositores, que se organizan e informan a través de las redes sociales, y que el Kremlin controla menos que los grandes medios.

Las protestas de 2011-12 contra los fraudes electorales recibieron apoyo financiero y organizativo exterior. Esta vez, en cambio, las movilizaciones han sido endógenas y solo coordinadas por la Fundación Anticorrupción de Navalny, que se ha hecho experta en amplificar su mensaje a través de las redes sociales. Pero muchas veces los manifestantes no culpan de sus problemas a Putin –que se presenta casi como un asceta–, sino a los funcionarios locales que ejecutan sus órdenes con métodos cada vez más represivos, en un eco de la cultura política de la era zarista, cuando las protestas solían diferenciar entre el “zar bueno y los malos boyardos”, es decir, los aristócratas que rodeaban a los emperadores rusos.

Según los sondeos del Centro Levada, los rusos atribuyen a Putin los méritos del fortalecimiento militar y la restauración de la influencia exterior de Rusia, pero el 38% aprueba las protestas contra la corrupción. Transparencia Internacional sitúa Rusia en el puesto 131 entre 176 países en su índice de percepción de la corrupción. Las propias estadísticas oficiales rusas estiman que cada año se pagan en el país unos 5,000 millones de dólares en sobornos.

Una investigación de Bloomberg ha revelado que Katerina Putina, hija menor del presidente ruso, está casada con Kirill Shamalov, un ejecutivo petrolero cuya fortuna personal está valorada en 1,300 millones de dólares. Shamalov es hijo del fundador del Rossiya Bank, al que el departamento del Tesoro de EU consideró en 2014 el “banco del Kremlin”. Navalny dice que Putin es “propietario de todo y de nada a la vez” por lo difícil que resulta rastrear su fortuna personal. La corrupción explica, entre otras cosas, que Rusia sea uno de los países más desiguales del mundo: un 10% de la población absorbe casi el 90% de la renta nacional.

El aparato político putinista, sin embargo, necesita las elecciones para legitimarse, de ahí la importancia de los comicios del próximo septiembre, cuando serán elegidos 17 gobernadores de la Federación de Rusia.

El régimen impone condiciones muy restrictivas a manifestaciones antigubernamentales, con severas multas y hasta penas de prisión a quienes se atreven a violar sus reglas. Solo el 12 de junio fueron detenidos en Moscú un millar de manifestantes y en el conjunto del país otros 2,000, incluidos una docena de periodistas. El propio Navalny ha estado sometido a meses de arresto domiciliario por organizar protestas y ha perdido la vista de un ojo por culpa de una agresión desconocida por la que que nadie fue detenido.

En la última década, periodistas como Pável Sheremet, empresarios como Boris Berezovsky y exagentes de seguridad como Alexander Litvinenko han muerto en ciudades extranjeras en circunstancias cuanto menos sospechosas.