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Cuando el gobierno mata 


2017-09-27

Arturo Rodríguez García / Proceso

Festivo septiembre, a sacudidas se transformó en luto. Nuestras heridas no han empezado a sanar porque aún no termina la desgracia para parientes que buscan a sus desaparecidos; por la expectativa de quienes lo perdieron todo y, como sea, quieren recuperar algo; por el miedo de las noches de insomnio y los días de agudeza auditiva que espera la indeseable alarma.

Es cierto que aún es temprano. Emotivos, supimos de la actuación solidaria de mujeres y hombres, del pueblo, pues, que por todos se fue a partir el alma. Emotivos, hay quienes agradecen al gobierno por hacer aquello para lo que se le paga y olvidan lo que no ha hecho o hizo mal.

Nos apropiamos de la tragedia por un reflejo que reconoce los comunes rasgos: hijos, padres, hermanos muertos que son de otros, pero son también nuestras víctimas, nuestros muertos. Y en eso la cotidianidad se ve alterada por días, semanas, meses y algunos pocos por años, hasta que nos acostumbramos a vivir bajo los parámetros anormales, las resignaciones gnósticas que abrazamos para hacer llevadera la angustia y las proclamas que exaltan la espiritualidad laica.

Es cierto, decía que es temprano, pero también temprano debe ser el reclamo de justicia. Imprevisibles los sismos, pero no las negligencias, como ocurrió con el edificio tan irregular que hasta helipuerto tenía en la colonia Hipódromo, y doloroso, como sólo duele cuando se trata de niños, los del Colegio Enrique Rébsamen.

Ayer la delegada de Tlalpan –y virtual candidata de Morena al gobierno de la ciudad–, Claudia Sheinbaum, se lavó las manos, pero al mismo tiempo informó de procedimientos burocráticos que desde hace tres años se iniciaron en las instalaciones de ese centro educativo. Tres años de pasársela en oficios, declaraciones sin inspecciones exhaustivas, verificaciones que no se realizaron, denuncias ciudadanas que no procedieron. El resultado de esa cauda de trámites negligentes es la muerte de 19 niños y ocho adultos.

El día 19, pero de febrero de 2006, se puso de manifiesto una situación similar, cuando en una explosión –que también siempre se ha querido hacer pasar por causa de fuerza mayor– sepultó a 65 trabajadores en la mina Pasta de Conchos, al norte de Coahuila. Ahí, las inspecciones y procedimientos de verificación de la Secretaría del Trabajo del gobierno de Vicente Fox llevaban tres años desde que identificaron que la estructura era insegura. Ahí, muy temprano, ocultaron pruebas.

En México pasamos de tragedia a tragedia, pero la del 5 de junio de 2009 evoca lo ocurrido en el Rébsamen. En Hermosillo, Sonora, murieron 49 niños y 109 más resultaron heridos por la operación irregular de una guardería subrogada que compartía instalaciones con un archivo del gobierno sin extintores ni salidas de emergencia. Los dueños estaban emparentados con la clase política priísta, con el entonces gobernador Eduardo Bours y con la hoy presidenciable, entonces primera dama, Margarita Zavala. Hubo libertades y no ejercicios, por falta de pruebas.

El incendio de la discoteca Lobohombo, en el 2000, también presentó la misma negligencia en inspecciones, con saldo de 22 muertos. Y en 2008 fue un operativo policiaco de inspección el que provocó la muerte de 12 personas en la discoteca New’s Divine. Ambos casos bajo gobiernos perredistas.

No debe ganar lo emotivo, porque sólo así se evita la repetición. En todos estos casos el gobierno mató con su negligencia, y aun cuando se ha sancionado –al menos en los tres últimos– a funcionarios menores, son chivos expiatorios de un sistema podrido que sin distingo partidista se sostiene en el persistente binomio corrupción-impunidad.



yoselin


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