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Chantaje al Estado 


2017-10-10

Francesc de Carreras, El País

El presidente Puigdemont, en un discurso pronunciado en el Parlament de Cataluña, ha declarado que los resultados del referéndum (sic) que tuvo lugar el 1 de octubre, en virtud de la Ley de transitoriedad jurídica, han determinado que “Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de República”.

Hay que recordar que la Ley que regulaba el aludido referéndum, aprobada de forma irregular en el Parlament el 6 de septiembre pasado, está suspendida por el Tribunal Constitucional y, por tanto, no está vigente. Además, aún cuando el TC no ha dictado sentencia, la ley es a todas luces inconstitucional desde su misma raíz: afirma que regula un inexistente derecho de autodeterminación, que la soberanía reside en el pueblo de Cataluña y que dicha ley es jerárquicamente superior a la Constitución y el Estatuto. Por tanto, el fallo de la sentencia que pronunciará el TC es más que previsible. Por su parte, la Ley de transitoriedad jurídica aprobada el 7 de septiembre constituye un pequeña constitución catalana provisional, esperando a la definitiva que debe aprobar un Parlament constituyente. Esta Ley de transitoriedad también está suspendida por el TC y, por tanto, no está vigente.

En base a dos leyes que no han entrado en vigor, que son flagrantemente inconstitucionales aunque no se haya dictado sentencia, Puigdemont ha declarado con pasmosa tranquilidad que Cataluña se ha convertido en una República independiente. Sin embargo, ha añadido que suspende los efectos de tal proclamación de independencia durante unas semanas para alcanzar un acuerdo con el gobierno español a la espera de la actividad de los mediadores internacionales. En definitiva, Puigdemont ha declarado la independencia de Cataluña pero ha aplazado su entrada en vigor.

Ahora bien, ¿Cataluña será un Estado independiente tras esta declaración de Puigdemont? ¿Lo será dentro de unas semanas, cuando el President de la Generalitat lo disponga? En absoluto. La declaración quizás servirá para otras cosas. Por ejemplo, para que los responsables de la misma comparezcan ante la justicia como presuntos delincuentes. Para que se apliquen en Cataluña medidas constitucionales de excepción. Quizás también servirá para que hablen de nuestros egregios dirigentes en futuros libros de historia. O para agudizar todavía más el clima de conflicto civil, generar perjuicios económicos, empobrecer a todos. Pero no para que Cataluña sea un Estado independiente.

Un Estado nace por motivos fácticos: cuando un poder político domina a un territorio y a una población sin que ningún otro poder se le oponga, y planta allí su bandera, designa a sus gobernantes y declara entonces declara que es un Estado y, efectivamente, lo es. A partir de ahí debe buscar el reconocimiento de los demás estados que forman la comunidad internacional al objeto de que le reconozcan como uno de los suyos para que así pueda establecer relaciones diplomáticas, comerciales, culturales, de defensa, o de cualquier otro tipo; en definitiva, convertirse en un sujeto con personalidad jurídica internacional.

Pero para que ello suceda, deben cumplirse las normas que establece el derecho internacional, al que están sometidos también los otros estados. La primera de ellas es que este acceso a la independencia se haya llevado a cabo de acuerdo con las reglas de derecho interno vigentes en el Estado del que antes formaban parte. Si el nuevo poder político que se ha constituido en un territorio no ha respetado estas reglas se considera que no resulta un Estado fiable, no es alguien que pueda entrar en la comunidad internacional, en ese club de estados que forman parte de la ONU.

La declaración de ayer tiene efectos jurídicos nulos o, mejor dicho, no puede producir ningún efecto, no tiene base legal alguna. Ni el Govern catalán ejerce un poder político que excluye al Estado, ni se han respetado las normas internas españolas. No hay, por tanto, un nuevo Estado.

Pero el Govern de la Generalitat hace años que se está burlando del Gobierno español. Sabe que no conseguirá la independencia pero intenta chantajearlo para ver si consigue algo: más competencias, mejor financiación, una posición diferenciada de las demás comunidades. Algo que les permita a los independentistas salvar la cara ante los suyos por las irresponsables promesas que les han hecho. El 6 de septiembre la Generalitat empezó a dar un golpe de Estado jurídico, consumado ayer, que no puede quedar sin una respuesta que exija responsabilidades penales. En otro caso, el Gobierno de España habrá perdido toda autoridad.



regina


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