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En una escalada de la crisis, el gobierno español propone remover al líder político de Cataluña 

2017-10-23

Raphael Minder, The New York Times

MADRID — La confrontación en escalada por el movimiento independentista en Cataluña dio un giro enérgico este sábado, cuando el presidente español Mariano Rajoy anunció que removerá al gobierno de la región e iniciará un proceso para gobernar la región directamente desde Madrid.

Esta es la primera vez que el gobierno central de Madrid interviene la autonomía de una de sus 17 regiones y también es la primera vez que un mandatario invoca el artículo 155 de la Constitución española, una poderosa herramienta política destinada a proteger los “intereses generales” de la nación.

Las decisiones llevan a España hacia un territorio desconocido mientras Rajoy intenta sofocar la crisis constitucional más grave que ha enfrentado su país desde que se instauró la democracia después de la muerte del dictador Francisco Franco en 1975.

Las decisiones fueron inmediatamente condenadas por los líderes políticos catalanes y corren el riesgo de inflamar la volátil atmósfera de Cataluña, donde decenas de miles de personas desafiaron a la Policía Nacional española para votar por la independencia durante el referéndum del 1 de octubre, incluso después de que fue declarado ilegal por el gobierno y los tribunales españoles.

“No hay nada suave ni limitado sobre lo que anunció hoy”, dijo Josep Ramoneda, columnista político y filósofo, sobre Rajoy. “Estamos entrando a una fase muy delicada en la que el movimiento independentista que parecía estarse quedando sin opciones podría ahora recurrir a un sentido colectivo de humillación al ver que Cataluña está siendo forzada a estar bajo control de Madrid”.

Impulsadas por los conflictos económicos y por las diferencias culturales y de idioma, las aspiraciones de un Estado independiente en Cataluña han estado presentes durante generaciones. Esta confrontación también es un dilema para la Unión Europea, al tratarse de un caso en el que los derechos democráticos y las demandas por la autodeterminación se enfrentan al deseo de preservar la soberanía e integridad territorial de un Estado miembro.

Rajoy anunció las medidas al contar con el amplio apoyo de la oposición política de España; también es casi seguro que recibirá la aprobación requerida para implementarlas en el Senado español, donde su propio partido tiene la mayoría, cuando sea discutido la próxima semana.

Recurrió al artículo 155 pese a varios llamados a favor del diálogo y una mediación por parte del presidente regional de Cataluña, Carles Puigdemont. Rajoy dijo que el gobierno catalán nunca ofreció un diálogo real con el gobierno central de Madrid, sino que intentó imponer su proyecto de independencia en violación de la Constitución española.

Dijo que su gobierno estaba poniéndole fin a “un proceso que ha sido unilateral, ilegal, que ha buscado el enfrentamiento” porque “ningún gobierno, de ningún país democrático, puede aceptar que se ignore la ley, que se viole la ley, que se cambie la ley y que todo ello se haga pretendiendo imponer sus criterios a los demás”.

Además de los planes para revocar del cargo a Puigdemont y al resto del poder ejecutivo regional, el gobierno español también prevé hacerse cargo de la fuerza policial autónoma de Cataluña, los Mossos d’Esquadra, y del Centro Telecomunicaciones catalán.

El mandatario español no pidió la disolución del Parlamento catalán y anunció en vez que no se le permitiría a la presidenta de la asamblea adoptar ninguna iniciativa que se considere contraria a la Constitución de España por un período de 30 días, incluido tratar de proponer a otro líder que remplace a Puigdemont.

Rajoy indicó que su objetivo es organizar nuevas elecciones catalanas dentro de seis meses, con el fin de levantar lo antes posible las medidas adoptadas bajo el artículo 155.

Sin embargo, no queda claro cómo se organizarán esas elecciones y si cambiarán significativamente el panorama político de Cataluña. Tampoco se sabe si ayudarán a resolver el conflicto territorial.

Puigdemont lideró una manifestación masiva en Barcelona, la capital de la región, este sábado por la tarde.

En un discurso televisado a última hora del sábado, Puigdemont dijo que la semana próxima convocará al Parlamento catalán para discutir la respuesta a Rajoy y no descartó que en esa sesión se declare la independencia. Acusó al gobierno español de tratar de “liquidar nuestro autogobierno y nuestra democracia”.

En un momento de su intervención, el líder catalán habló en inglés y se dirigió a los políticos y ciudadanos europeos sugiriendo que los “valores fundamentales de Europa están en riesgo” en la disputa con Madrid. “Decidir democráticamente el futuro de una nación no es un crimen”, argumentó.

Varios políticos separatistas catalanes también reaccionaron al anuncio de Rajoy, advirtiendo que empeoraría el conflicto en vez de resolverlo.

Josep Lluís Cleries, un senador catalán, le dijo a los periodistas el sábado sobre la decisión de Rajoy que “tiene olor de franquismo” y que Rajoy no estaba suspendiendo la autonomía de Cataluña, sino la democracia.

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, prometió el sábado que defendería “la soberanía” de la asamblea. “No daremos ni un paso atrás”, dijo en una conferencia. Esto es “un golpe de Estado de facto para descabezar las instituciones catalanas y apropiárselas con un golpe a la democracia”.

Oriol Junqueras, el vicepresidente de la región, dijo en un tuit que estaban “enfrentando al totalitarismo” y llamó a los ciudadanos a unirse a la protesta de Barcelona el sábado.

Mientras que Iñigo Urkullu, el líder de la región vasca que también tiene una larga historia de separatismo, escribió en su cuenta de Twitter que la medida es “extrema y desproporcionada” y dijo que “dinamita los puentes” para cualquier diálogo.

Puigdemont podría intentar anticiparse a la intervención de Rajoy y pedir a los legisladores catalanes que voten sobre una declaración de independencia en los próximos días, como había amenazado con hacerlo a principios de este mes.

Puigdemont también podría tratar de convocar elecciones catalanas, bajo sus propios términos, para formar lo que podría describir como el primer Parlamento de una nueva república catalana.

En caso de que Puigdemont se opusiera a los planes de Rajoy, el poder judicial de España podría intervenir con más contundencia y ordenar que él y otros separatistas sean arrestados por cargos de sedición o, en última instancia, incluso de rebelión por declarar la independencia.

Este último cargo conlleva una pena de prisión máxima de 30 años. A principios de esta semana, un juez de España ordenó el encarcelamiento sin fianza de dos líderes separatistas, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, quienes están a la espera de un juicio por sedición.

Usar el artículo 155 “no era nuestro deseo ni nuestra intención”, dijo Rajoy el sábado, al asegurar que era la única forma de devolver a Cataluña a la legalidad, la normalidad y mantener una recuperación económica española “que ahora está en claro peligro debido a la decisiones caprichosas y unilaterales” del gobierno independentista regional.

Rajoy destacó la decisión de más de 1000 empresas catalanas de trasladar su sede legal fuera de la región, en respuesta a la incertidumbre generada por la posibilidad de ruptura con Madrid.

El mandatario recibió un fuerte respaldo de los políticos de los principales partidos de la oposición, con la notable excepción de Podemos, el partido de extrema izquierda que quiere utilizar un referéndum para convencer a los votantes catalanes de permanecer dentro de España.

“Estamos en shock por la suspensión de la democracia y la autonomía en Cataluña”, dijo Pablo Echenique, un alto funcionario de Podemos, en una conferencia de prensa el sábado.