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Método mapache en caso Fepade

2017-10-26

Julio Hernández López, La Jornada

El tamaño del escándalo y el conflicto es proporcional a los densos intereses en juego: llevado el despido del fiscal para delitos electorales hasta el terreno de la discusión y la votación en el Senado, los genios de la estrategia política gubernamental (los que tienen al país donde está) decidieron mover sus piezas (PRI, Verde, Encuentro Social y la fracción calderonista) para intentar que la destitución o restitución del abogado Santiago Nieto Castillo en la mencionada fiscalía se realice en el pleno senatorial mediante votos… en secreto.

La maniobra del sufragio emitido en privado y sin vinculación pública, política e histórica con el resultado, es una treta disponible en el catálogo operativo de los personajes que manejan los entretelones legislativos, la cual se puede intentar cuando un asunto es de real trascendencia. De esa manera, por lo pronto, tratan de salvarse de la crítica inmediata y del registro memorioso quienes se prestan a maniobras tramposas.

La pretensión del "voto secreto" en el tema del fiscal destituido está emparentada con lo que se vive en los estados, donde se compra el voto de los diputados de "oposición" para que aprueben cuentas públicas, exoneraciones, concesiones o permisos, según lo que en su momento interese al gobernador en turno. A escala federal son muy conocidos los métodos (entre otros) de los moches para asignar beneficios económicos a los legisladores y sus grupos cercanos, y los mandos de las cámaras suelen "negociar" con las bancadas no priístas el voto a conveniencia, cediendo a los dirigentes de esas franjas de "oposición" privilegios, comisiones mejor remuneradas, beneficios para amigos, correligionarios y familia o, abiertamente, beneficios económicos directos. Luego, esos "opositores" maiceados votan en favor o en contra de sus posiciones anteriores (conforme sea la instrucción superior), se "equivocan", se ausentan por completo o salen a los servicios sanitarios a la hora del voto.

Por todo ello es fundamental que los senadores sufraguen de manera abierta, se conozca el sentido de su decisión y se lleve registro público del curso de la votación referida al ex fiscal para delitos electorales, el mencionado Nieto Castillo. Ironía muy significativa sería que en busca de dar cierta credibilidad a la figura de esa fiscalía electoral se recurra al método mapache del voto en lo oscurito.

Ayer mismo, luego de que el PRI y sus aliados pretendieron dar por impuesto el "acuerdo" de ese voto en secreto, miembros de las bancadas de PAN, PRD y PT-Morena tomaron la tribuna, obstruyeron la continuidad de la sesión y forzaron que se diera por terminada, dejando todo en suspenso hasta la reunión que está programada para hoy a las 12 horas, sin que al momento de cerrar esta columna estuviera claro si habrá la visita, como invitados al pleno senatorial, del fiscal destituido, Santiago Nieto Castillo, y del encargado del despacho de la PGR que lo destituyó, Alberto Elías Beltrán (la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Senado, la priísta Ana Lilia Herrera, eludió penosamente definir lo que sucederá hoy, entrevistada por José Cárdenas en su noticiario radiofónico vespertino).

El más reciente tropiezo escandaloso de la política peñista tiene como telón de fondo la información, cada vez más detallada, del suministro de millones de dólares a cuentas en paraísos fiscales que, según actas en investigaciones judiciales de Brasil, fueron propuestas por Emilio Lozoya Austin, quien era el coordinador de vinculación internacional de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto y a quien la firma brasileña Odebrecht, y algunas de sus filiales, como Braskem (la develación de datos corresponde a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad), brindó respaldo económico con la esperanza de recibir posteriores contratos muy ventajosos, lo que también sucedió.

Santiago Nieto Castillo, el fiscal electoral destituido, trataba de avanzar, conforme a las reglas institucionales, en una investigación decorosa sobre el asunto. Contra él ha estado el poder político de Los Pinos y la pesada sagacidad litigante de Javier Coello Trejo, quien se ha abierto campo en los medios de comunicación para promover la versión favorable a su cliente, Lozoya Austin.

A fin de cuentas, Los Pinos se ha creado una trampa absurda: si el Senado logra restituir a Santiago Nieto será una derrota para el grupo que ejerce el poder federal y seguramente habrá avances procesales en la indagación del caso Odebrecht que, en un extremo, podría llegar a la cancelación del registro del PRI (extremo que en términos pragmáticos parece impensable) o a la imposición de una multa cuantiosa. Si el círculo presidencial logra botar a Santiago Nieto, ese hecho constituirá un estigma rumbo a las elecciones de 2018, de por sí previstas como un grave riesgo de reincidencia de prácticas de criminalidad política desde el poder.

En otro ejemplo de esa mafiosidad fatigosamente triunfante, el tribunal electoral de Coahuila dio por triunfador final al priísta Miguel Ángel Riquelme, luego de votaciones de gobernador tan fangosas como su largo proceso, federal y local, de calificación. El ex presidente municipal de Torreón fue impulsado por uno de los dos Moreiras que antes han gobernado Coahuila, Rubén, peleado con Humberto. Más allá de estos pleitos internos, el moreirismo cree posible llegar, cuando Riquelme termine su encargo, a los 18 años de controlar esa plaza norteña.

Aun cuando una primera lectura podría suponer que esa resolución es un golpe para el presidente nacional panista, el ambicioso Ricardo Anaya Cortés, lo cierto es que resulta realmente adversa para los principales adversarios de éste, Felipe y Margarita, compadres y promotores de Guillermo Anaya, candidato panista a gobernar Coahuila que nuevamente se queda en el camino.

Y, mientras la venganza federal aprieta judicialmente al Partido del Trabajo (por lo pronto, en Aguascalientes, con ramificaciones a Nuevo León) en uno de sus puntos oscuros, el dinero público para centros de desarrollo infantil, 

Más allá de Nieto y la Fepade

No hay que menospreciar la batalla circunstancial de bancadas opositoras al PRI para restituir en su cargo de fiscal para delitos electorales al súbitamente cardinal Santiago Nieto Castillo. Del desenlace de este forcejeo partidista dependerá una parte de la credibilidad y viabilidad de los comicios de 2018, cuando lo más putrefacto del sistema intentará sostenerse en el poder al costo que sea. Pero tampoco hay que sublimar (sólo) el episodio actual, sobre todo si se recuerda que el sistema de designación de ciertos fiscales, comisionados, consejeros y funcionarios varios de la gama "autónoma" ha sido el del reparto de esos cargos, por cuotas, entre miembros de varios de los mismos partidos que ahora objetan el caso específico del mencionado Nieto Castillo. Parafraseando: partidos necios que acusáis al sistema de cuotas...

La batalla trascendente se daría si esos mismos partidos (sobre todo Acción Nacional y el de la Revolución Democrática) fueran capaces (con el apoyo de Morena) de instalar en esa fiscalía a un abogado absolutamente alejado de banderías partidistas, en un ejercicio que diera pie a posteriores designaciones, igualmente desprovistas del ánimo bucanero, de otros cargos "autónomos" o de interés público clave. En tanto no se corrijan esos vicios de fondo, las reyertas por nombres y apellidos pueden terminar beneficiando justamente esa histórica proclividad de los "opositores" al priísmo al arreglo mercantil subterráneo, a la convalidación de figuras hoy consideradas valientes y retadoras al sistema, pero mañana tal vez nuevamente aglutinadas al poder. Mientras la "valía" de los funcionarios dependa de su absoluta discrecionalidad, el curso futuro de sus conductas dependerá justamente de esos criterios personalísimos.

En el plano inmediato, es aparatosa y simbólica la pelea por restituir a Nieto Castillo en su fiscalía. Dos de los principales partidos (PAN y PRD) que acompañaron a Enrique Peña Nieto en el proceso de reformas "estratégicas" llamado Pacto por México, hasta hace algunos meses aplaudidores del gobierno federal, aliados y cómplices, encabezan una escaramuza o revuelta (ya se verá el nivel que alcance) que pretende impedir un reacomodo en la PGR para facilitar el siguiente fraude electoral. Permitir que se descabece la fiscalía de delitos electorales, para proteger a Peña Nieto en el rubro candente del financiamiento corrupto a su campaña de 2012, equivaldría a permitir desde ahora la repetición de las maniobras clásicas del peor priísmo.

El fraude por venir, en todo caso, tiene como signo distintivo el mismo que se ha visto desde la precampaña del entonces gobernador del estado de México, el antedicho Peña Nieto, hasta los recientes y altamente indicativos comicios de esa misma entidad emblemática (con el PRImazo Alfredo como heredero designado): dinero, dinero y más dinero. Recursos públicos, a través de secretarios de Estado y funcionarios de alto nivel volcados con absoluto descaro al favorecimiento de los candidatos priístas, y financiamiento privado, a través de "donaciones" mafiosamente obtenidas de empresarios que, por lo demás, en su élite suelen estar sumamente dispuestos a esas maniobras que dan muchas ganancias a ambas partes, y, desde luego, el dinero de origen oscuro, o demasiado claro, el del crimen organizado que constituye ya un elemento pleno del ejercicio de poder y de las vías mafiosas para hacerse de éste o mantenerse en él.

Proteger a Emilio Lozoya no es solamente proteger el pasado, es decir, la muy ostentosa campaña peñista de 2012, ni impedir que pueda haber sanciones legales (¿decididas e impuestas por cuál autoridad libre y soberana?) que podrían llegar en caso extremo a la cancelación del registro del PRI o a una enorme multa. Proteger a Lozoya es proteger el futuro inmediato, las elecciones de 2018, en las que el sistema hoy identificable como atlacomulquense pretenderá imponerse a sangre, fuego y ríos de dinero.

Odebrecht es el santo y seña de la samba que hoy bailan, descuadrados, los financiados de 2012 que preparan el financiamiento de 2018. Odebrecht, al igual que Higa y OHL, entre otras firmas de alta capacidad corruptora, fueron fuente nutricia de operaciones electorales de carísimo costo. El fraude electoral calderonista tuvo una variedad de factores, entre ellos el cibernético, con el hermano Hildebrando como operador, pero el peñista se decantó por la fuerza arrasadora del dinero en efectivo o manejado a través de tarjetas plásticas. Por ello, defender hoy la impunidad en el caso Odebrecht, convertir a Lozoya incluso en ofendido pato tirándole a las escopetas justicieras y retirar al fiscal electoral crecientemente incómodo, el mencionado Nieto Castillo, son un prólogo del libreto por venir.

Pero, reconquistar la tierra sagrada de la Fepade no sería, en ese esquema de intereses mayúsculos, más que una refriega incluso convalidatoria. El resto del aparato institucional que organizará y juzgará el proceso electoral está marcada y abiertamente comprometido con los mismos intereses que llevaron a sus cargos a quienes hoy ocupan las consejerías del Instituto Nacional Electoral, comenzando por el consejero presidente, Lorenzo Córdova Vianello, convertido en una pieza más del engranaje pinolero, y siguiendo con los magistrados del tribunal electoral federal que, como otros segmentos del Poder Judicial Federal, están conformes con la continuidad del actual sistema.