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Un juez determina que los principales líderes independentistas catalanes deben permanecer en prisión 

2017-12-04

Raphael Minder, The New York Times

MADRID — Un juez español decidió este lunes que cuatro personas involucradas con el movimiento independentista catalán deberían permanecer bajo custodia, pero ordenó la liberación bajo fianza de otros seis políticos independentistas antes de las elecciones regionales, que se realizarán el 21 de diciembre.

El juez Pablo Llarena del Tribunal Supremo declinó fijar fianza a Oriol Junqueras, el destituido vicepresidente de Cataluña, y a Joaquim Forn, quien fuera consejero de Interior, pues está pendiente su juicio por cargos de rebelión al haber declarado de manera unilateral la independencia de la región.

Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, líderes de dos organizaciones que apoyan la independencia, también permanecerán bajo custodia, pero el juez Llarena fijó una fianza de 100,000 euros (casi 119,000 dólares) para otros seis miembros del gobierno regional.

Los líderes separatistas fueron encarcelados por otro juez español por los cargos de organizar una protesta ilegal en septiembre contra agentes de la policía española que habían allanado un edificio del gobierno catalán y habían detenido a algunos funcionarios.

La campaña para la elección catalana inicia de manera oficial la próxima semana. Los comicios fueron convenidos por Mariano Rajoy, el presidente del gobierno español, con la esperanza de remplazar a los independentistas que intentaron liderar a Cataluña hacia la independencia tras ganar la mayoría en el parlamento catalán a finales de 2015.

Durante los últimos seis años, Junqueras ha encabezado Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), un partido de izquierda que ha estado en el centro de la coalición independentista en el gobierno de Cataluña.

El Tribunal Supremo asumió el control del caso de Junqueras y otros líderes independentistas tras ser encarcelados sin derecho a fianza por un juez de la Corte Nacional, el máximo tribunal penal del país.

La mayoría de los políticos catalanes independentistas han suavizado sus posturas recientemente, al reconocer el derecho de Rajoy de gobernar directamente la región, lo que hizo el 27 de octubre después de que legisladores independentistas votaron por la independencia.

Los independentistas —incluido Carles Puigdemont, el líder catalán destituido— han argumentado que el poder judicial de España ha encarcelado a líderes catalanes sin justificación y con fundamentos políticos.

Desde finales de octubre, Puigdemont está en Bruselas, Bélgica, donde lucha contra la posible extradición y planea su candidatura para las nuevas elecciones; se ha negado a regresar a España, en donde afirma que no podría recibir un juicio justo.

El lunes, un juez belga pospuso por segunda vez la decisión sobre aceptar el argumento de Puigdemont o cumplir una orden de arresto europea contra él y otros cuatro exintegrantes del gobierno catalán, quienes no acudieron ante la corte en Madrid.

El abogado de Puigdemont dijo a los medios belgas el sábado que cinco exministros catalanes probablemente permanecerán en Bélgica hasta después de las elecciones catalanas el 21 de diciembre y quizá incluso hasta mediados de enero.

El fiscal general de España desea llevar a juicio a veinte políticos catalanes por rebelión, sedición y malversación de fondos para organizar el referéndum de independencia del 1 de octubre que fue declarado ilegal por el gobierno y las cortes españolas.

Si son declarados culpables de rebelión, Puigdemont, Junqueras y otros podrían enfrentar hasta treinta años en prisión.

Puigdemont salió inesperadamente de Cataluña a Bruselas poco después de que los legisladores declararon la independencia. Al llegar a la capital de Bélgica, Puigdemont dijo en una conferencia de prensa que su decisión tenía la intención de llevar el problema catalán al “corazón institucional de Europa”, dado que Bruselas es la sede de las instituciones más importantes de la Unión Europea.

Sin embargo, desde ese momento, Puigdemont ha criticado repetidamente a la Unión Europea por no intervenir en el conflicto catalán. La presencia de Puigdemont en Bruselas también incrementó las tensiones políticas dentro de Bélgica, en donde una frágil coalición de gobierno incluye a algunos políticos flamencos que apoyan la independencia catalana.

El día que los legisladores catalanes votaron por la independencia, el senado español otorgó poderes especiales a Rajoy para asumir el control administrativo de Cataluña y destituir a Puigdemont y los integrantes de su gobierno.

Rajoy también decidió convocar elecciones tempranas en Cataluña, aparentemente como una manera de tomar desprevenidos a los independentistas y para permitirle terminar de manera suave con la determinación de gobernar directamente la región.

Las más recientes encuestas de opinión indican que ningún lado asegurará una victoria decisiva el 21 de diciembre. Se pronostica que los partidos catalanes independentistas encabezarán de nuevo la votación, pero con menos votos que en 2015, con lo que posiblemente perderán su mayoría parlamentaria.