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Un profesor de sociología experto en modelos de votación, nuevo fiscal para delitos electorales

2017-12-15

Jacobo García, El País

Las elecciones mexicanas del próximo año ya tienen árbitro electoral o, al menos, uno de los hombres que tendrá que investigar los posibles delitos electorales que se generen tras el igualado proceso que comienza y que terminará en julio de 2018 con la elección del presidente de la República.

Se trata de Héctor Díaz Santana, quien este viernes se convirtió en el nuevo titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), después del vacío en el que se encontraba la institución tras la destitución, hace más de un mes, de Santiago Nieto.

El acuerdo alcanzado esta noche, se logró tras una sesión de más de 20 horas, que incluyó una votación de madrugada. En voto secreto los diputados aprobaron por 93 votos a favor y siete abstenciones el importante nombramiento. Previamente el Partido de la Revolución Democrática logró bloquear el nombramiento de Alejandro Porte por considerar que tenía vínculos partidistas.

Díaz- Santana, que estará en el cargo 11 meses, es abogado por la Universidad de Guadalajara y doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, además ha realizado estudios de posgrado en Ciencia Política e Investigación Social en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España y en Argentina.

Actualmente es profesor en el Instituto Politécnico (IPN) y ha sido investigador y consultor en materia electoral para el IFE (hoy INE), la Fepade, el Tribunal Electoral, la Organización de Estados Americanos y la Presidencia de la República, entre otras dependencias nacionales e internacionales. Díaz Santana ha sido también consultor en procesos de reformas electorales en México, España, Chile, Venezuela, Argentina y República Dominicana.

La Fepade será un órgano vital en los próximos meses para resolver tanto denuncias menores el día de la elección, por ejemplo, como otras más graves que tienen que ver con la financiación irregular de los partidos, desvío de recursos gubernamentales, aportaciones irregulares del sector privado o del crimen organizado y cuyas denuncias han aumentado exponencialmente en los últimos años. En el 2014 se presentaron 13 casos, en 2015 fueron 214 y en 2016 un total de 624. En 2017 son ya 246 denuncias, pese a que solo ha habido cuatro procesos electorales. Para afrontar la investigación de posibles irregularidades la Fepade cuenta con 76 funcionarios en todo el país.

Creada en 1994 la Fepade depende de la Procuraduría General de la República, sin embargo, cuenta con autonomía técnica para el ejercicio de sus funciones.

Díaz Santana sustituye a Santiago Nieto tras su polémica destitución el pasado 20 de octubre, un día después de que Nieto señalara que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, le envió una carta en la que le pedía que no lo inculpara en el caso de desvío de recursos a favor del Revolucionario Institucional (PRI) durante la campaña presidencial de 2012.

La Fepade abrió entonces una investigación para indagar si parte de los supuestos sobornos por diez millones de dólares que habría dado la empresa Odebrecht a Lozoya habrían financiado la campaña del actual presidente Enrique Peña Nieto.

El titular de Fepade se sube a un tren que ya está en marcha ya que está semana arrancó oficialmente la precampaña electoral que culminará en julio de 2018. A partir de hoy, todos los actos proselitistas de los precandidatos tendrán que tener un respaldo de facturas de los gastos, pues en caso de que alguna autoridad o ciudadano encuentre irregularidades de presuntos delitos, la denuncia no irá al INE que es una autoridad administrativa, sino a la Fepade que es una autoridad judicial por lo que en caso de encontrar un delito sería una sanción penal.

En su comparecencia previa ante la Comisión de Justicia, Díaz-Santana expuso que sus retos serán ajustarse al nuevo marco legal, hacer eficiente la procuración de justicia, trabajar en la prevención del delito y fortalecer las acciones de blindaje electoral. Dijo que recibir dinero de la delincuencia organizada debería considerarse como un delito grave, ya que fractura las condiciones de la competencia política y la democracia representativa del país, según recoge la agencia Notimex.