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"Cementazo", una sacudida histórica a tres poderes del Estado en Costa Rica

2017-12-29

Douglas Marín

San José, 29 dic (EFE).- Una trama de tráfico de influencias para flexibilizar la importación de cemento chino y otorgar créditos bancarios a un empresario sacudió este año a Costa Rica por la aparente implicación de diputados y funcionarios, y que incluso salpicó al presidente, Luis Guillermo Solís.

Pocos se imaginarían que lo que inició como una investigación en una comisión legislativa sobre créditos de la banca estatal, se convertiría en pocas semanas en uno de los mayores escándalos de supuesta corrupción en la época reciente de Costa Rica.

La comisión investigaba irregularidades en créditos obtenidos por el empresario importador de cemento Juan Carlos Bolaños en la banca estatal, principalmente en el Banco de Costa Rica (BCR), pero poco a poco la trama fue adquiriendo matices históricos.

Cerca de 50 millones de dólares para la importación de cemento recibió el empresario, dinero que, según investigaciones de las autoridades financieras y de la prensa, fue hasta lugares como Hong Kong, empresas de papel y una buena parte regresó a las cuentas de Bolaños y sus empresas.

Conforme fueron pasando las audiencias en la comisión legislativa, motivadas por una amplia investigación de medios periodísticos, salió a la luz la aparente participación en la trama de tráfico de influencias de actores tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo y el Judicial.

En un hecho histórico, en septiembre pasado, el presidente Solís decidió comparecer voluntariamente ante los diputados para dar explicaciones sobre una reunión que sostuvo con Bolaños, y de seis visitas más del empresario a la Casa Presidencial para entrevistarse con otros funcionarios del Gobierno.

Solís ha reiterado que su Gobierno sí modificó reglamentos para flexibilizar los requisitos de importación de cemento con el fin de romper el duopolio de las empresas Holcim y Cemex y bajar los precios al consumidor, pero sostiene que nunca lo hizo para beneficiar a Bolaños específicamente.

"No he ordenado, propiciado, cometido, ni inducido ningún acto contrario a la ley. La Presidencia de la República ha actuado respetando el deber de probidad y el Estado de derecho, con el único fin de beneficiar al mayor número de costarricenses", aseguró el presidente en noviembre pasado.

La popularidad de Solís ha caído desde entonces y las críticas a su Gobierno arrecian desde diferentes frentes en una coyuntura de campaña electoral en la que el candidato de su Partido Acción Ciudadana (PAC), Carlos Alvarado, apenas roza el 6 % en la intención de voto con miras a los comicios del próximo 4 de febrero.

En octubre pasado, la Corte Suprema de Justicia suspendió al fiscal general Jorge Chavarría, luego de que las investigaciones del Congreso y la prensa determinaran que solicitó a la Sala III desestimar una causa contra los diputados Víctor Morales y Otto Guevara sin tomar en cuenta un informe sobre llamadas telefónicas entre los legisladores y el empresario Bolaños.

También fue suspendido el magistrado de la Sala III y ex ministro de Seguridad Celso Gamboa, por sus supuestos vínculos con Bolaños.

El cargo de fiscal general lo tomó Emilia Navas, quien cambió al equipo de fiscales a su cargo y aceleró las investigaciones del caso.

En menos de tres meses Navas logró meter en prisión preventiva a Bolaños; al exgerente del Banco de Costa Rica Mario Barrenechea y a cinco funcionarios de créditos de la entidad, y además allanó a finales de noviembre los despachos en el Congreso y las casas de los diputados Morales y Guevara.

Morales, separado del oficialista PAC y alejado del presidente Solís, a quien ha dicho que considera su "hermano", fue señalado por el director de Inteligencia, Mariano Figueres, como un "embajador" de Bolaños para los trámites del cemento.

La fiscal Navas también allanó la oficina y la casa del viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, a quien se investiga si participó en el "cementazo" en el marco de los cambios a los reglamentos de importación de cemento.

El viceministro Rodríguez renunció al cargo en acuerdo con el presidente Solís.

Muchos consideran al "cementazo" como el mayor caso de corrupción en la historia del país, aunque ha habido otros en los últimos años como las condenas de prisión por desvíos de fondos públicos a los expresidentes Rafael Ángel Calderón y Miguel Ángel Rodríguez en casos diferentes. Rodríguez fue absuelto en 2014 tras una serie de apelaciones.