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Israel a los inmigrantes ilegales: un billete de avión y dinero o cárcel


2018-01-03

 

SAL EMERGUI | El Mundo


"La defensa de las fronteras ante la infiltración ilegal es el derecho y también la obligación básica de todo Estado soberano", ha afirmado el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, al presentar a su Gobierno un plan para combatir contra la presencia de inmigrantes en situación irregular en Israel.

El programa, que afectará en los próximos meses a cerca de 40,000 inmigrantes ilegales procedentes en su inmensa mayoría de África, se resume en dos opciones: aceptar irse a o ser detenido. En el primer caso, cada uno recibe 3,500 dólares y un billete de avión gratuito a su lugar de origen o un país tercero con el que Israel ha firmado un acuerdo al respecto (como Ruanda y Uganda). De lo contrario, a partir del mes de abril podrá ser detenido y encarcelado.

"Los infiltrados tienen una elección muy clara: colaborar e irse voluntariamente de forma respetable, humana y legal o, si no, deberemos emplear otros instrumentos a nuestra disposición que también son legales. Espero que colaboren con nosotros", ha declarado Netanyahu al inicio de la reunión de su Ejecutivo celebrada este miércoles en Jerusalén.

El dirigente conservador ha elogiado el levantamiento de la valla en la frontera con el Sinaí egipcio, iniciado a finales del 2011, afirmando que "ha frenado completamente la infiltración ilegal reduciéndola a cero". "Ahora la segunda misión es sacar a los que penetraron ilegalmente en Israel antes de la construcción del obstáculo fronterizo. Se trataba de unas 60,000 personas de los cuales hemos logrado la salida de unos 20,000".

En el 2017, 4.012 inmigrantes en situación irregular abandonaron de forma "voluntaria" el país. Entre ellos, 3.332 africanos y el resto de otra partes del mundo, según datos oficiales del ministerio de Interior.

El grueso de los inmigrantes ilegales- eritreos y sudaneses en su mayoría- vive en el sur de Tel Aviv. Hace unos meses Netanyahu realizó dos visitas (de día ante las cámaras y de noche casi de incógnito) a algunos barrios de esa desfavorecida zona escuchando numerosas protestas de los vecinos.

"Sin avisar de que íbamos esa noche pudimos ver las cosas tal y como son y los problemas que afrontan los vecinos más veteranos. Subimos a sus casas y hablamos con ellos. Allí vimos la ausencia de orden y ley y la ausencia del sentimiento de seguridad personal", comentó Netanyahu para sentenciar: "Por eso, hoy cumplimos lo prometido que es devolver la seguridad, calma y ley a los ciudadanos del sur de Tel Aviv y de otros numerosos barrios".

Las ONG critican el plan

En este tema en los últimos años, el Gobierno de Netanyahu ha recibido más de un revés por parte del Tribunal Supremo israelí. El ejecutivo señala que los que han cruzado ilegalmente la enorme frontera egipcia buscan trabajo en Israel y son por tanto "migrantes económicos" que eligieron Israel como tercer destino tras no encontrar empleo antes en otros países como por ejemplo Egipto. Agencias de la ONU y asociaciones locales, sin embargo, replican que son refugiados en busca de asilo político tras huir de guerras y persecuciones. Recuerdan que viven en duras condiciones de vida y acusan a las autoridades israelíes de rechazar "legítimas solicitudes de asilo".

La ONG "Hotline para Refugiados y Migrantes" condena el plan y corrige algunos términos: "Lo que el Gobierno llama salida voluntaria es en realidad expulsión y lo que llama infiltrados es en verdad refugiados". Asimismo, censura la oferta económica para que se vayan del país pidiendo que "cesen estas prácticas de chantaje porque no se puede poner un precio a las vidas humanas".

Esta asociación, que dice aspirar a "servir como altavoz de aquellos cuyas voces no son escuchadas en la esfera pública y construir una sociedad israelí justa, igualitaria y democrática", exige por ejemplo otorgar asilo político a eritreos "que no pueden ni quieren volver a su país que es una dictadura que no respeta los derechos humanos. Quien vuelve allí, pone su vida en peligro. Israel tiene la obligación de proteger a los que piden asilo político".



yoselin


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