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Una oleada de violencia deja al menos 53 muertos en México en 24 horas


2018-01-08

JAVIER BRANDOLI | El Mundo


El año 2018 parece mantener la dura ola de violencia que México ha padecido en 2017 y que ha hecho del año anterior el más violento desde que comenzara la denominada 'Guerra del Narco'. El viernes, en víspera de la festividad de Reyes, hubo en el país al menos 53 homicidios reportados por las autoridades. Cifra que sería la segunda más alta en los últimos 12 meses sólo superada por los 58 muertos del pasado 23 de junio, afirma el periódico 'Milenio'.

Chihuahua volvió a ser el principal protagonista de esta batalla entre grupos narcos que se ha desatado en los últimos meses en todo el país y que dejó ayer en este estado de la zona norte, fronterizo con Estados Unidos, 31 cadáveres. De hecho, fue en la mítica Ciudad Juárez, emblema de la 'Guerra del Narco' y donde se implementó años atrás un plan de choque integral contra la violencia que había conseguido reducir mucho los delitos de la que fuera ciudad más peligrosa del mundo a principios de esta década, donde más muertes se contabilizaron: 18 asesinatos ocurridos entre las 11 de la noche del jueves y la medianoche del viernes.

El problema, como casi siempre que hay un brote fuerte de violencia, es una escisión en un grupo delictivo, en este caso el Cártel de Sinaloa, en dos pandillas, los Mexicles y Los Artistas Asesinos, que tras pasarse al Cartel de Juárez se están disputando la plaza. La 'pax narco' de los años 2014 y 2015 en Juárez, tras los cuatro años de terror de 2010 a 2013, se ha difuminado ante la reordenación de las pandillas y su lucha por el poder.

"La mayor parte de los homicidios tipo de ejecución que tenemos obedecen a este reacomodo de las estructura. Las células más fuertes que operan en Chihuahua tienen una estructura piramidal y al faltar los líderes hay una pugna dentro de los grupos delictivos por ocupar la cabeza", reconocía en diciembre a los medios el fiscal de la zona norte de Chihuahua, Jorge Nava.

Otro factor importante ha sido el cambio de Gobierno en Chihuahua, algo que también suele afectar a una violencia fuertemente vinculada en algunos estados a la corrupción política. El anterior gobernador, César Duarte, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), está vinculado con numerosos casos de corrupción y se está a la espera de que se solicite su extradición a Estados Unidos. "Ya no hay justificación alguna para el retraso, se les está pasando el tueste. En septiembre entregamos 10 órdenes de aprehensión y ahora es el presidente Peña Nieto (también del PRI) y el procurador General de la República los que deben demostrar que no le protegen", ha manifestado el pasado 3 de enero el actual gobernador, Javier Corral, del Partido Acción Nacional (PAN).

Corral, en todo caso, incapaz hasta ahora de frenar el vertiginoso aumento de violencia en su estado, anuncia que "hemos decidido hacer de 2018 el año de la seguridad para Chihuahua y Juárez. Y vamos a hacerlo reforzando nuestra coordinación, pero también nuestra estrategia de inteligencia policial, poniendo en énfasis en la reincidencia y el narcomenudeo".

De hecho, en Chihuahua, la capital, hubo otros cuatro asesinatos, y los nueve restantes ocurrieron en diversas partes de un estado envuelto en una dura espiral de violencia. La casuística de los homicidios es variada y apunta a una guerra en los barrios al haber ataques a hamburgueserías, talleres, viviendas y automóviles.

La situación ha provocado que el Gobierno canadiense emita una alerta a sus ciudadanos en las que les invita a no viajar a los estados del norte y oeste de México "sino es esencial" y a usar el avión y evitar los cruces fronterizos en auto. Los estados señalados por las autoridades canadienses son Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, y algunas zonas de Guerrero y Michoacán.

De hecho, la dura jornada de violencia del 5 de enero dejó un reguero de muerte en todo el país. Hubo seis asesinatos en el estado de Veracruz, donde se hallaron cinco cabezas en el maletero de un taxi; cinco en Guanajuato e Hidalgo, incluidos dos menores; tres en Oaxaca; dos en Guerrero y uno en San Luis Potosí.



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