Formato de impresión


La necesaria preservación de la política 


2018-01-10

 

N.R.- //

José Ramón Cossío Díaz, El País

Una de las condiciones más serias de deterioro social que estamos viviendo actualmente es el asesinato de quienes pretenden ocupar u ocupan, un cargo público. Más allá de los resultados electorales o, mejor, en contra de ellos, se están actualizando procesos recurrentes de eliminación física de los contrincantes. Aquél que debiera hacer un algo en la política es suprimido y, con ello, su talante, programa o ideario, no habrá de realizarse. Otra persona, con otros compromisos o visiones, ocupará su lugar. Así están siendo definidos muchos ámbitos de nuestra vida pública. Ahí donde pudo haber renovación legítima, proyecto mayoritario o nuevas condiciones, se generan temores, achicamientos, continuidades. Lo que se quiso modificar se preservará o, inclusive, se incrementará, sólo que en una condición aún más lastimosa y desinstitucionalizada. Si, como es posible asumir correctamente, sólo mediante la política es factible ordenar o al menos canalizar las muchas diferencias de las actuales sociedades, ejecutar sin más a quienes participan en ella para articular voces y valores implica significar al juego político con la violencia directa y hacer explícitas las más salvajes formas de dominación.

Es en este contexto que cobra particular importancia la última decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (noviembre del 2017). En ella, condenó al Estado de Honduras por la afectación a la vida y a los derechos políticos del señor Ángel Pacheco León y a los derechos a la integridad personal y a las garantías y protecciones judiciales de sus familiares. Los hechos ocurrieron así, en el relato de la propia Corte. El señor Pacheco participaba en las elecciones al Congreso de Honduras a finales del 2001. Estuvo sometido a diversas amenazas e intimidaciones vinculadas con esas actividades, presumiblemente por parte de los integrantes de su propio partido. El 23 de noviembre de ese año, un sujeto trató de entrar a su casa y después de un forcejeo con su hijo, disparó sobre el señor Pacheco, privándolo finalmente de la vida. A partir de ahí se suscitaron dos cuestiones según la apreciación de los familiares. Por una parte, la impresión fundada de que en el homicidio habían participado agentes estatales; por otra, el convencimiento de que tanto las autoridades ministeriales como judiciales encargadas del caso, habían incurrido en notables errores y omisiones a lo largo del proceso.

La familia de Ángel Pacheco pudo llevar el caso ante la Comisión Interamericana, y ésta lo sometió a la Corte en noviembre de 2015. En la sentencia recién dictada se estimó que, efectivamente, el Estado hondureño no había llevado a cabo las acciones de investigación necesarias para esclarecer el delito. Más puntualmente, que había fallado en la identificación de la víctima, el tratamiento de la escena del delito, la autopsia y la recepción de las declaraciones y otros medios de prueba. También, que había fallado en el seguimiento a las líneas lógicas de investigación, los indicios sobre la autoría del delito, la profundización de los elementos adquiridos y la dilación de los plazos procesales. Como es evidente, los problemas advertidos por la Corte fueron eminentemente procesales, siempre bajo la sospecha de la intervención directa del Estado para cometer el delito por parte de unos de sus agentes o para retrasar los procesos, por parte de otros.

Lo que la sentencia del caso Pacheco pone de manifiesto es, por obvio que parezca, la obligación de los Estados de proteger cabalmente no solo a sus habitantes, sino destacadamente a quienes participen en política, desde luego, de aquellos que tienen la intención declarada de arrebatarles el ejercicio del poder. Una de las más importantes ventajas del derecho internacional, es su pretensión de lograr un efecto civilizatorio más allá de lo que se haga en los Estados nacionales. La necesidad de preservar la vida y la integridad de quienes hacen política es el importante recordatorio que la Corte Interamericana nos acaba de hacer al condenar a las autoridades de un país que no pudo o no quiso hacerlo en su momento.



yoselin


� Copyright ElPeriodicodeMexico.com