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Ciudad de México se enfrenta a la reconstrucción

2018-01-12

Elías Camhaji, El País

"Estamos en un momento extraordinario y necesitamos tomar medidas extraordinarias". Ese es el diagnóstico de Ricardo Becerra, el comisionado para la reconstrucción de la Ciudad de México, tras el terremoto que asoló al centro y sur del país el pasado 19 de septiembre. El Gobierno de la capital ha presentado este viernes el plan de reconstrucción para atender a los más de 110,000 damnificados, recuperar más de 20,000 millones de pesos (más de 1,000 millones de dólares) en daños en infraestructura y reducir la vulnerabilidad de la metrópoli ante un nuevo desastre. El documento detalla la puesta en marcha de 45 programas, adscritos en 11 ejes de acción y que se dividirán en seis etapas. A falta del dictamen definitivo de las pérdidas y de las licitaciones para la participación de privados, las autoridades aún no saben con certeza cuánto costará la reconstrucción.

El anuncio del Gobierno de Miguel Ángel Mancera estuvo precedido de un encarnizado conflicto político sobre cuáles debían ser las prioridades y cómo debía ponerse en marcha las ayudas. La ley de reconstrucción estuvo estancada más de dos meses en la Asamblea local. Tras peleas campales, tomas de tribuna, la defenestración de la presidencia de la Cámara y acusaciones mutuas entre la oposición y el Gobierno de "lucrar políticamente con la tragedia", la ley se aprobó el pasado 25 de noviembre y se asignaron en la víspera de Nochebuena 8.792 millones de pesos (unos 450 millones de dólares) para el fondo de reconstrucción.

Alrededor de 3,000 millones de pesos (más de 150 millones de dólares) se destinarán a la construcción de vivienda y 1,100 millones de pesos (unos 55 millones de dólares) a la reparación de infraestructura. "La prioridad del Gobierno será atender varias colonias de Xochimilco, Iztapalapa y Tláhuac [en el sureste de la ciudad], en donde hubo una afectación masiva y la gente lo perdió casi todo", detalla Becerra en entrevista y añade que también se priorizarán otras zonas emblemáticas como el centro histórico y las colonias Condesa, Roma y Narvarte. 

Otro punto crítico del plan de reconstrucción, explica Becerra, es obtener dictámenes definitivos de los inmuebles dañados. Alrededor de 120 edificios deberán ser demolidos y otros 200 reforzados, mientras que más de 5,000 casas tendrán que ser derrumbadas, de acuerdo con un balance preliminar del Gobierno. La capital realizará el próximo miércoles el primero de seis censos socioeconómicos para evaluar las necesidades de los damnificados.

El comisionado reconoce que uno de los principales obstáculos es la burocracia. Las primeras dos etapas del proceso contemplan encontrar atajos que eviten esas trabas y medidas para salir de la emergencia, como la atención a personas que permanecen sin techo. Tres albergues aún prestan servicio a damnificados a cuatro meses del sismo y las autoridades buscan evitar que se incremente el número de desplazados en la ciudad. Otras acciones urgentes de esta etapa incluyen la reparación de la infraestructura hidráulica y el drenaje de la Ciudad de México, que tiene tramos que datan de 1900. Los especialistas han identificado que gran parte de la vulnerabilidad de la capital ante los terremotos proviene de la fragilidad de su subsuelo con tuberías obsoletas y un manto acuífero sobreexplotado. 

La tercera etapa contempla la preparación para reconstruir como la evaluación de terrenos que presentaron daños y si es viable erigir nuevas obras ahí. La cuarta consiste en una fase "intensiva" que define dónde, cómo y cuándo se van a poner en marcha los proyectos, así como cuáles son las obras de gran calado que deben hacerse. La quinta determina las prioridades de gasto: cuánto costará y de dónde saldrán los recursos. Por último, habrá una etapa de construcción, que contempla normas más estrictas para los inmuebles de la ciudad. Becerra indica que habrá un traslape de las etapas y que no están marcadas por un calendario rígido.

Mancera dijo a EL PAÍS en octubre que "la reconstrucción llevará seis o siete años". El fin del mandato del jefe de Gobierno, en diciembre próximo, ha arrojado dudas sobre la continuidad del programa, algo que Becerra descarta. "No se trata del programa de reconstrucción de un señor con nombre y apellido [Miguel Ángel Mancera], sino el de una comisión con peso legal, cuyas directrices tendrán que ser respetadas gobierne quién gobierne", responde el comisionado. Ante los saqueos de las viviendas derruidas, la desconfianza por quedar excluidos de los apoyos y grupos que aquejan el olvido de las autoridades tras la tragedia, Becerra sostiene que "nadie se quedará sin ayuda" y que los programas serán diferenciados por criterios sociales, económicos y de género.