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La Suprema Corte de Justicia se hartó de la desobediencia
2018-01-17
Por Marcos Romero
(ANSA) - CIUDAD DE MEXICO, 17 ENE - La Suprema Corte de Justicia de México dio un golpe sobre la mesa ante la reiterada práctica de hacer caso omiso a sus sentencias y destituyó a decenas de funcionarios municipales.
Entre los afectados figuran sobre todo alcaldes y concejales, y sus antecesores, numerosos de los cuales pueden terminar varios años en la cárcel.
Sólo entre el lunes y martes de esta semana, el Poder Judicial ordenó destituir y someter a juicio a 53 funcionarios de municipios de diversos estados, entre ellos Coacalco (estado de México, centro), Paraíso (Tabasco, sur) y Tlacotepec (Puebla, centro).
La desatención de los fallos de la Corte, en especial en temas laborales para restituir a trabajadores a los que se había despedido en forma irregular, era una práctica común especialmente en gobiernos municipales. Los funcionarios y ex funcionarios corren el riesgo de ser condenados hasta a 10 años de prisión, pero lo importante es que se sienta un precedente para que otras administraciones locales "pongan sus barbas a remojar" y se apresuren a cumplir los veredictos de la Corte.
El pasado 7 de noviembre, la Judicatura también había ordenado la remoción del jefe delegacional (intendente) en Venustiano Carranza, una demarcación que abarca parte del centro de la capital y previamente relevó al alcalde de Emiliano Zapata, estado de Morelos, vecino a la capital. En los últimos 22 años, desde la reforma judicial de 1995, que estableció el actual sistema que la rige, no había habido prácticamente mayores sanciones excepto en 2015 cuando fueron destituidos delegados de un organismo de seguridad social del estado en Tabasco y el estado de Nuevo León.
En 2014 fue también defenestrado el administrador tributario de un tesorería de la Ciudad de México y en 2013 dos alcaldes, uno de Pedro Escobedo, estado de Querétaro, al norte de la capital, y sancionado un ex alcalde de Santa Catarina, Nuevo León.
El delito de desacato es sancionado hasta con 10 años de prisión, dependiendo de la gravedad de la falta.
Entre otros casos, está el del alcalde de Coacalco, norte de la capital, Erwin Castelán, y el de su antecesor, el diputado federal David Sánchez y otros 29 funcionarios y ex funcionarios de la misma localidad por desacato reiterado a una sentencia de amparo.
Sánchez no perderá su puesto de legislador, porque goza de inmunidad, pero sí será procesado penalmente.
En algunos casos, los funcionarios juzgados son tesoreros, síndicos (jueces locales) o regidores (concejales) por no cubrir adeudos a ex trabajadores despedidos.
El endurecimiento inédito de la Corte no ha desatado por ahora controversias ni rechazo, aunque los funcionarios destituidos se culpan unos a otros de la desatención de las sentencias, sin asumir su responsabilidad.
Varios de los afectados argumentan que no cuentan con los recursos presupuestales suficientes para pagar los laudos emitidos por tribunales laborales.
Israel Moreno, ex delegado en Venustiano Carranza, una de las zonas más pobladas de la capital, afirmó al ser notificado de su destitución, que acataría la sentencia pero consideró que entrañaba "tintes políticos".
"Es verdaderamente injusto el actuar del órgano constitucional, pues pareciera que el fallo dejó de tener fundamentos jurídicos y obedece más a tintes políticos que a valoraciones jurídicas", afirmó.
Las resoluciones del órgano judicial son inapelables y tienen efectos inmediatos sobre las autoridades responsables, en apego al artículo 107 de la Constitución.
El presidente de la Corte, Luis María Aguilar, dijo en varios mensajes que las autoridades de todos los niveles están obligadas a cumplir las sentencias que deriven de este tribunal.
Para los expertos, la actitud de la judicatura revela un intento por establecer el imperio de la ley en un país donde pocos respetan las leyes o relativizan las consecuencias de no obedecerlas.(
regina
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