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CorteIDH evalúa validez del indulto a Fujimori que víctimas piden revocar
2018-02-02
María José Brenes
San José, 2 feb (EFE).- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) realizó hoy una audiencia pública para evaluar el indulto humanitario otorgado por el Gobierno de Perú al expresidente Alberto Fujimori, el cual las víctimas de dos matanzas por las que fue condenado piden revocar por considerarlo ilegal.
La Corte escuchó a la representación del Estado de Perú, la cual defendió la constitucionalidad del indulto y negó que se tratara de una movida política, mientras que la defensa de las víctimas alega que es una medida "arbitraria, irregular e ilegal".
El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, otorgó el 24 de diciembre pasado un indulto, que justificó en razones humanitarias de salud, a Fujimori, de 79 años.
Kuczynski también le otorgó el derecho de gracia presidencial, por lo que el exgobernante no podrá ser procesado en un juicio abierto por el asesinato de 6 personas en el distrito de Pativilca (norte de la región Lima).
La representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó a los jueces que, ante la situación de salud del expresidente Fujimori, el Estado de Perú tenía que adoptar medidas para resguardar la salud sin que fuera necesario conceder el indulto y el derecho de gracia.
Según la defensa de las víctimas, el indulto se trata de un acuerdo político bajo un contexto en el cual la bancada de la fracción legislativa fujimorista ha arrinconado al Gobierno porque cuenta con el control del Parlamento.
Además, cuestionó la legitimidad y legalidad del certificado de salud, ya que a su juicio no cumple a completamente las normas de ética y tiene una serie de vicios.
"Hay hechos abiertamente irregulares e ilegales que no justifican un indulto de enfermedad grave ni que las condiciones carcelarias no fueran las adecuadas (...). Se trata de un procedimiento indebido irregular y abiertamente ilegal, un procedimiento oscuro y tras bambalinas", dijo el abogado defensor Carlos Rivera.
El representante de las víctimas añadió en declaraciones a Efe que el indulto humanitario fue entregado en tiempo récord como si Fujimori fuera un enfermo terminal.
Una de las víctimas de la masacre de La Cantuta, Carmen Cóndor, hermana del estudiante asesinado Armando Amaro Cóndor, manifestó ante los jueces que el hecho de pedir la supervisión de sentencia no es un acto "odio o de venganza, sino de justicia".
"Un indulto no es humanitario, significa un insulto a la memoria y la dignidad de nuestros hermanos, padres e hijos. Venimos aquí a levantar la voz por cada una de las víctimas, el indulto nunca será justicia es impunidad y significa que no es humanitario sino político", afirmó Cóndor.
Por su parte, la representación del Estado peruano sostuvo que a Fujimori se le ha otorgado un indulto humanitario por razones médicas, por padecer de graves enfermedades permanentes y porque la prisión agrava la condición, que puede llegar hasta ocasionarle la muerte.
"El indulto no es impunidad, la impunidad es la falta de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena. En el caso del condenado Fujimori el Estado lo procesó, lo juzgó, lo condenó a la pena máxima y ha cumplido casi la mitad de la misma", afirmó en la audiencia ente la Corte el agente del Estado Jorge Villegas.
En una conferencia de prensa posterior a la audiencia, Villegas junto con el agente Adrián Simons, indicó que la vía pertinente para discutir la validez o nulidad de un indulto es acudir a la justicia nacional y no a la Corte Interamericana.
"No hemos venido a defender a Fujimori ni al presidente Kuczynski defendemos el derecho del Estado de aplicar un indulto y el derecho del Estado de controlar ese indulto", destacó Villegas.
Fujimori fue condenado por la Justicia peruana en 2009 a 25 años de cárcel por la autoría mediata (con dominio del hecho) de las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos, en las que murieron 25 personas, y el secuestro de un periodista y un empresario en 1992.
La Corte Interamericana también condenó a Perú por estos casos en el año 2001 por Barrios Altos y en 2006 por la Cantuta, y ordenó al Estado castigar a los responsables.
El director para las Américas de la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, dijo a Acan-Efe luego de la audiencia que "es importante para el Gobierno de Perú disfrazar esta decisión, que es evidentemente política, como un indulto humanitario".
"Hay suficientes evidencias que demuestran que esto fue simplemente el resultado de una vulgar negociación política para impedir que el presidente Pedro Pablo Kuczynski fuera objeto de un juicio político", aseveró Vivanco.EFE
regina
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