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Ni Correa está muerto ni el correísmo está enterrado 

2018-02-06

Soraya Constante, The New York Times

QUITO — Rafael Correa no ha muerto. Está en el centro de una nueva versión del movimiento Revolución Ciudadana, que empieza a agrupar a los disidentes de Alianza País. Tras la pasada consulta popular, los correístas celebran que son la fuerza más votada en el país, dueños de casi el 37 por ciento que obtuvo el no en dos preguntas. Para ellos, el 63 por ciento de los votos que obtuvo el sí se tiene que dividir entre los dieciséis actores políticos que hicieron campaña junto a Lenín Moreno. Cada uno se queda con el cuatro por ciento. Matemática simple.

El correísmo tampoco ha muerto. Y no se trata de los resultados que obtuvo Correa, sino de que la maquinaria correísta no ha sido desmontada. La consulta popular no tocó realmente el entramado de control y presión que creó Correa. Un ejemplo es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que instauró Correa para institucionalizar la participación de la sociedad en la política. Moreno no plantea su desaparición, sino solamente el cese de sus siete miembros y el nombramiento de un consejo transitorio que se escogerá de la ternas que él mismo envíe a la Asamblea Nacional.

Poco tiempo después de su creación, este organismo dejó de lado a la sociedad civil y buscó a sus miembros entre los antiguos colaboradores del gobierno y en las filas del partido oficialista. Los escogidos respondieron a la lógica del gobierno de turno. Uno de los episodios más recientes fue la designación en marzo pasado del contralor Carlos Pólit, quien huyó a Miami al ser implicado en las investigaciones de la trama de corrupción de Odebrecht. Según la procuraduría general de Ecuador, recibió sobornos para beneficiar a la constructora brasileña.

La Secretaría Nacional de Inteligencia, que opera desde un búnker impenetrable en las afueras de Quito, también rezuma a Correa. Durante su gobierno, este organismo vigiló a las personas que incomodaban a su mandato. Para ello compró un programa informático capaz de acceder sin autorización a ordenadores y celulares. La filtración de los correos de la empresa italiana Hacking Team, en 2015, demostró la adquisición de esta tecnología. Los activistas medioambientales que se opusieron a la explotación del Parque Nacional Yasuní y quisieron convocar una consulta popular denunciaron que habían sido vigilados por esta secretaría entre 2013 y 2014 porque eran considerados “tóxicos” para la democracia.

Rommy Vallejo, secretario de Inteligencia, fue ratificado por el presidente Moreno, pero no está clara la necesidad de este organismo ultrasecreto que fue creado en perjuicio de las unidades de inteligencia que ya existían en las Fuerzas Armadas. Además, Vallejo no rinde cuentas de sus acciones. En noviembre pasado fue citado por la Fiscalía para dar testimonio por el espionaje a los ambientalistas, pero no acudió. Poco antes consiguió los apoyos políticos para evitar ofrecer su versión en la Asamblea Nacional sobre la cámara de vigilancia encontrada en el despacho presidencial de Moreno.

Quizá, después de todo, Moreno decida no enterrar a Correa, sino usarlos a él y a su legado para su propia conveniencia.

Otros funcionarios de la era correísta también tienen esa clase de protección. Empezando por el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, quien al inicio había intentado archivar el caso del vicepresidente Jorge Glas por corrupción y que tiene congelado el proceso de amnistía para decenas de personas que han participado en movilizaciones y que fueron perseguidos por él mismo cuando era ministro del Interior de 2011 a 2016.

Nada de esto abona a la reconciliación nacional que promueve Moreno. Tampoco la presencia de Gustavo Jalkh en el Consejo de la Judicatura tampoco genera confianza. Su independencia fue cuestionada por la revelación de correos electrónicos que intercambió con el expresidente Correa y su exsecretario jurídico Alexis Mera en las que se evidencia la intromisión del Ejecutivo para conseguir fallos a favor del Estado y marginar de los concursos para jueces a las personas que no eran afines al correísmo.

No hay forma de no concluir que el legado de Correa sigue vivito y coleando.

Pero eso no es todo. Hay leyes que blindaron al correísmo y que deberían ser derogadas o reformadas. Una de ellas fue la Ley Orgánica de Comunicación, que desde 2013 ejerce presión sobre los medios de comunicación y los periodistas al punto de promover la autocensura para asegurar su sobrevivencia. El correísmo usó esta ley para silenciar a los medios y frenar los contenidos combativos que podían dañar su gestión. A la vez convirtió a los medios públicos y comunitarios en cajas de resonancia de su mensaje político.

En mayo, Lenín Moreno cumplirá su primer año de mandato y deberá rendir su primer informe a la nación. Ojalá para entonces haya empezado a desmontar la estructura del poder correísta. Si no lo hace, podría decidir conservar el sistema que permitió a su predecesor establecer y consolidar su hegemonía a lo largo de una década. Quizá, después de todo, Moreno decida no enterrar a Correa, sino usarlos a él y a su legado para su propia conveniencia.