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Aspirantes a jueces pagan por examen 

2018-02-16

(ANSA) - CIUDAD DE MEXICO, 16 FEB - El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) canceló un concurso interno para seleccionar a 50 jueces de distrito porque los aspirantes a este codiciado cargo, cuyos titulares deberían ser símbolo de probidad y estar a prueba de cualquier falta a la ética, hicieron trampa.

Los encargados de dirimir quienes obtendrían un ascenso en la difícil carrera judicial, hallaron pruebas de que algunos de los aspirantes compraron las respuestas del examen escrito. El escándalo puso en evidencia que prácticamente ninguna instancia del Estado se salva de la rampante corrupción, a pesar de que el Poder Judicial goza de un sólido prestigio ganado a pulso, e incluso a veces suele ser considerado uno de los últimos baluartes de la rectitud y la transparencia.

En un comunicado oficial, el pleno del Consejo de la Judicatura Federal anunció la cancelación del concurso de oposición por "irregularidades en el proceso" de selección.

El director del Instituto de la Judicatura Federal presentó un informe en el que mencionaba la obtención ilegal de algunos de los "reactivos" (preguntas).

"Dado que lo anterior habría comprometido la transparencia y confiabilidad del mencionado concurso, el Pleno de este cuerpo colegiado inició una investigación cuyos resultados preliminares le llevaron a tomar dicha determinación", informó el Consejo.

Según el informe "podría haber indicios de un lucro con los reactivos sustraídos ilegalmente, por lo que el CJF actuará con toda contundencia y llegará hasta las últimas consecuencias" "El Consejo de la Judicatura Federal hace público este hecho por estar comprometido con la transparencia y para dejar constancia de que no será omiso ante posibles conductas ilegales", indicó el texto.

Para los analistas políticos, el caso reviste una especial gravedad aunque elogiaron que el Consejo hiciera público el asunto.

El organismo indicó que decidió dar a conocer el tema "por estar comprometido con la transparencia y para dejar constancia de que no será omiso ante posibles conductas ilegales".

El concurso inició en octubre de 2017 y se inscribieron a este proceso más de 2,000 jueces para obtener 50 plazas sometidas a examen.

Aunque el examen escrito es sólo uno de los elementos que se toman en consideración para promover a los aspirantes, pues se exige también una antigüedad en el poder judicial de más de seis años y un examen oral, se considera un elemento clave para obtener una promoción.

Los temas que incluyen el examen son las materias de competencia de los tribunales de Distrito, las disposiciones de la Constitución que los regulan y la jurisprudencia así como las normas internacionales, y las funciones que deben ejercer los jueces de distrito.

Otro escándalo similar fue destapado hace unas semanas cuando se descubrió que varios aspirantes a una candidatura independiente para distintos puestos electivos usaron firmas apócrifas vendidas por empresas a través de Internet.

El Instituto Nacional Electoral (INE) anunció el pasado día 1 de febrero que 23 aspirantes a una candidatura a diputado federal no obtendrán el registro como candidatos, pues una parte importante de las firmas fueron obtenidas "de manera irregular o fraudulenta". Otro aspirante tampoco obtendrá la candidatura debido a que obtuvo un alto número de apoyos duplicados.

Desde 2006 también ha habido denuncias sobre la venta de exámenes para obtener una beca para una especialidad médica en un hospital del sistema estatal de Salud.

En 2012, el ministerio de Salud denunció que un grupo de "hackers" garantizaba una residencia médica mediante un pago de 110,000 pesos (unos 5,500 dólares), pero si conseguía siete clientes más, obtenía un descuento.