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En defensa de la libertad de expresión

2018-03-01

THOMAS HUGHES | Política Exterior

La expansión de los medios y las tecnologías digitales ha creado nuevos frentes de defensa de la libertad de expresión, hoy cada vez más codiciada como elemento de poder y de cambio.

En 1987, los ordenadores eran enormes y no se podían transportar, los pocos teléfonos móviles que existían tenían el tamaño de un ladrillo y los periódicos y la televisión eran las fuentes de información más comunes. Nelson Mandela, a quien muchos gobiernos consideraban un terrorista, estaba en la cárcel y el apartheid todavía era una política en Suráfrica. El muro de Berlín seguía en pie no solo como barrera física, sino como un símbolo de la división política y cultural; y aunque con la guerra fría se habían relajado las tensiones, las relaciones Este-Oeste seguían siendo gélidas, pese a que las revoluciones de terciopelo de Europa del Este creaban las bases necesarias para la caída de la Unión Soviética.

En los últimos 30 años se han producido cambios asombrosos en la cultura, la sociedad, la política y las comunicaciones. Hoy día, millones de personas tienen un ordenador portátil y llevan un móvil en sus bolsillos, con el cual pueden leer y compartir noticias al instante. Hay ocasiones en las que tal cantidad de información resulta abrumadora y somos nosotros mismos (y los algoritmos que las empresas tecnológicas utilizan) quienes la escaneamos, filtramos y clasificamos constantemente. En los últimos años, la “propaganda” ha sido sustituida por las “noticias falsas” y hemos visto las repercusiones en todo el panorama geopolítico que la agitación política ha provocado.

En 1987, se fundó Artículo 19, un movimiento en defensa de la libertad de expresión. Nadie esperaba que 30 años después, estos objetivos fundacionales hayan adquirido aún más importancia. La guerra fría acabó y, aunque el mundo ha cambiado enormemente, quedan muchos retos pendientes.

La libertad de expresión e información es un catalizador tan importante para el cambio que los intentos por controlar la circulación de información es una constante universal. El surgimiento de los primeros medios de comunicación y tecnologías digitales ha revolucionado nuestra vida diaria, lo que a su vez ha supuesto la aparición de nuevos frentes de defensa de la libertad de expresión. Los Estados han dejado de ser los actores únicos o principales que buscan controlar e influir en la circulación de información. Las empresas de telecomunicaciones y tecnología mundial tienen un poder nuevo e inaudito sobre la información y las opiniones que transmiten y la sociedad hace suyas.

Internet facilita enormemente la circulación libre de información. Hemos visto cómo se ha utilizado la red para intensificar protestas y movimientos sociales, y que la gente se organice de distintas formas para ejercer su derecho de expresión y exigir responsabilidades al gobierno. La petición al gobierno aparece como un derecho fundacional de la Constitución estadounidense ya desde el siglo XVIII, por ser considerado esencial para el bienestar de una nación y una democracia. En la actualidad, las peticiones, que antes podían considerarse una herramienta tradicional para el cambio, han surgido de nuevo en formato digital, en plataformas donde el usuario accede a través de Internet para expresar sus opiniones y exigir responsabilidad a quienes están en el poder.

Las herramientas y plataformas de comunicación digital pueden promover el conocimiento y la comprensión a una velocidad y con una magnitud inimaginable hasta ahora. Sin embargo, rara vez estas revoluciones sociales son unilaterales, y ahora los gobiernos están empezando a imponer estrategias que les permiten usar tales herramientas digitales para sus fines: desde vigilar a periodistas en México y criticar públicamente las tecnologías de cifrado de datos en Reino Unido, hasta crear un “Internet limpio” en Irán, controlado y censurado por el Estado, e inhabilitar sitios web de noticias en Rusia.

El aumento del uso de las redes sociales y los medios digitales para la comunicación ha provocado el surgimiento de interrogantes nuevos sobre cómo concebimos nuestra forma de comunicarnos. Más de 2,000 millones de personas son usuarios activos de Facebook, lo que significa que publican fotos, noticias y comentarios políticos en cuestión de segundos, que posiblemente otros millones de personas verán unos instantes después. Se espera que a finales de 2018 un tercio de la población mundial tenga un teléfono inteligente. El acceso a Internet se amplía y alcanza comunidades nuevas, lo que permite que la comunicación mundial sea más barata y sencilla.

Muchas personas consideran que Internet es una herramienta poderosa y reguladora para la democracia y la rendición de cuentas, pero al igual que los grandes avances tecnológicos se pueden utilizar para fines positivos, también se pueden usar para oprimir y reprimir debates abiertos y opiniones contrarias.

En los últimos años hemos visto cómo el entusiasmo de la comunicación a través de medios digitales se ha convertido en temor, ante la constatación de que estos medios también son una herramienta para actividades antidemocráticas. Cada vez somos más conscientes de cómo los espacios digitales, que confiábamos sirviesen para promover debates inclusivos y discusiones positivas, pueden convertirse en espacios cerrados y hostiles para las minorías y las mujeres, si se sienten atacadas por individuos que intentan silenciarlas y difundir opiniones ofensivas y que fomentan el odio.

¿De qué manera, como sociedad mundial interconectada, percibimos ese equilibrio imperfecto entre las ventajas y las capacidades que proporciona la comunicación digital y los retos que surgen constantemente en un entorno en permanente evolución? Durante los últimos meses hemos tenido acceso a revelaciones de grupos políticos y Estados que utilizan las redes sociales de manera opaca, para influir en la formación de opiniones y en los procesos democráticos, especialmente a través de publicaciones dirigidas durante las campañas políticas. Los días de la publicidad aparentemente directa, emitida e impresa, cuidadosamente gestionada, supervisada y vigilada, han pasado a la historia, y esto conlleva nuevos retos para la democracia.

Debemos asegurar que los mismos principios internacionales fundamentales que se aplican a los espacios físicos sirvan para controlar los espacios digitales donde la sociedad pasa cada vez más tiempo, comparte ideas y crea comunidades. Sin embargo, ello implicaría una interpretación nueva y matizada para el ámbito digital de los principios y normas establecidos. La legislación internacional proporciona una estructura clara sobre cómo la gente debe expresarse, compartir información relativa a sus vidas y bienestar, reunirse para expresar sus opiniones y exigir responsabilidad a los gobiernos. No debemos olvidar de estos principios a medida que organizamos de forma creciente nuestra vida en Internet. Tampoco debemos dejar que los gobiernos abandonen su obligación de garantizar el respeto a la libertad de expresión.

Una profesión de riesgo

No es sencillo ser periodista en la actualidad dado el aumento del “periodismo ciudadano” y las noticias transmitidas al instante desde los dispositivos móviles. Basta con observar México, por ejemplo, donde 111 periodistas han sido asesinados desde 2000, en su amplísima mayoría a causa de su actividad profesional. Otro ejemplo es Turquía, donde decenas de periodistas están encarcelados y muchos otros continúan desempeñando su labor con valentía aun a sabiendas del peligro que corren. La periodista y activista maltesa Daphne Caruana Galizia fue víctima de un coche bomba en octubre de 2017, tras denunciar amenazas de muerte por su investigación sobre corrupción. En Bangladesh se ha publicado una lista con nombres de blogueros y varios han muerto. Por desgracia, no son hechos puntuales. En 2016, 259 periodistas de todo el mundo fueron encarcelados y 79 asesinados.

Además, resulta inquietante el hecho de que los periodistas se enfrenten a situaciones cada vez más hostiles, incluso en aquellos países donde se presupone una prensa libre, dinámica y sana. La situación de la libertad de expresión en todo el mundo es preocupante. La presencia de “noticias falsas” ha incidido en los debates políticos de Estados Unidos, lo que ha generado que altos cargos hayan lanzado críticas directas y motivadas por razones políticas hacia la prensa libre, dirigidas en concreto a periodistas y entidades mediáticas. En España, se ha denunciado que un periodista que llevaba mucho tiempo en El País fuese despedido por criticar la respuesta del gobierno español ante los sucesos en Cataluña. En todo el mundo, las tácticas que pensábamos solo utilizan tiranos y dictadores (desestimar públicamente afirmaciones objetivas, atacar y criticar con violencia a expertos independientes, polarizar debates y reprimir a la disidencia) se aplican cada vez más por líderes elegidos democráticamente.

A pesar de ello, la sociedad comienza a acostumbrarse a este paradigma cambiante, y está aún más alerta para que los gobiernos cumplan sus responsabilidades y utilicen pretextos y engaños. En México, miles de personas salieron a las calles con pancartas con el lema “Ni una más” para protestar contra el feminicidio, en un entorno donde decir la verdad puede costar la vida. En Cataluña, tanto partidarios como contrarios a la independencia se han manifestado para expresar sus opiniones. En Brasil, aun siendo evidente que la policía y los políticos criminalizan cada vez más las protestas, la población continúa manifestándose y haciendo frente a restricciones nuevas e ilegítimas contra la libertad de expresión; y en Marruecos, cada vez son más los manifestantes de las minorías bereberes que han tomado la calle para protestar, lo que ha provocado medidas severas y detenciones de líderes del movimiento y periodistas.

Con todo, hay esperanza de renovación democrática y refuerzo del Estado de Derecho. Gambia está dando los pasos necesarios para convertirse en una democracia, y la sociedad civil está al frente de las conversaciones por una justicia legítima durante la transición y una sociedad más abierta. En Kenia, el poder judicial desempeña un papel esencial en la defensa del derecho de libertad de expresión. En el caso de Geoffrey Andare, quien cuestionó la constitucionalidad de un artículo de la Ley de Comunicación, que criminalizaba indebidamente la expresión en Internet de “información falsa” e “indecente”, los jueces fallaron a favor de la protección de la libertad de expresión, sentando un precedente importante.

A pesar de que la sociedad evoluciona mucho respecto a la libertad de expresión y la manera de compartir información, gracias al aumento del uso de las herramientas digitales, hay ciertas cosas que siguen siendo fundamentales para la expresión del ser humano. Durante siglos, las manifestaciones han sido la primera medida para conseguir cambios básicos en materia política, social y cultural. Con las manifestaciones se traspasan los límites y se desafían las normas consensuadas. La expresión creativa fomenta la discusión política y social aún más de lo que se consigue con un día de acción, y por ello los gobiernos de todo el mundo deberían acogerla favorablemente. Manifestarse es expresar una opinión, algo esencial para desafiar al poder. Por ello, en lugar de concebir las protestas como un medio para fortalecer los controles y equilibrios en las sociedades democráticas y exigir responsabilidades al poder, los gobiernos suelen concebirlas, en el mejor de los casos, como una queja contra el control del poder y, en el peor, como una amenaza para acabar con él.

Si analizamos la situación actual de la libertad de expresión en el mundo, nos damos cuenta de que hay muchos y diversos ejemplos de personas que intentan ejercer su derecho a expresarse libremente, ya sea intercambiando ideas en las redes sociales, participando en una manifestación o utilizando la investigación periodística para destapar casos de corrupción. Pero los Estados y otras personas en el poder tienen las mismas iniciativas a la hora de limitar y controlar ese derecho.

A principios de 2017, la oficina de México y Centroamérica de Artículo 19 colaboró con Citizen Lab, la RD3 (Red en Defensa de los Derechos Digitales) y SocialTIC para proporcionar a The New York Times información que mostraba la implicación directa del gobierno mexicano en el espionaje a periodistas y activistas, e incluso a sus familiares. Así como los casos de periodistas atacados y estigmatizados no son simples anécdotas, la revelación de un gobierno que espía a sus ciudadanos es tan solo una gota más en el océano. La sociedad moderna, en la que pasamos casi todo el tiempo conectados y bajo vigilancia del Estado, corre el riesgo de volverse aún más orwelliana.

México no es el único país que vigila la intimidad de activistas y periodistas. Irán atacó explícitamente a opositores utilizando plataformas de comunicación digital como Telegram. En Brasil, la policía detuvo al vicepresidente de Facebook en América Latina por negarse a revelar conversaciones de WhatsApp encriptadas. En Reino Unido, el secretario de Interior reprobó WhatsApp públicamente tras los atentados terroristas de Westminster, en marzo de 2017, porque la aplicación permite el cifrado de las conversaciones.

En este mundo turbulento e interconectado, necesitamos estar más preparados que nunca,no solo para defender la libertad de expresión, sino para promover activamente sus principios: una sociedad civil dinámica, el debate abierto, la inclusión, la responsabilidad, comunidades más fuertes y, por último, una democracia fuerte. Aunque durante 30 años se han producido revoluciones culturales, sociales, políticas y de comunicación, el respeto a la libertad de expresión no debe considerarse una nueva idea revolucionaria. Es, por el contrario, algo fundamental para la humanidad. ?