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El gasto público se reparte "entre compadres"


2018-03-07


(ANSA) - CIUDAD DE MEXICO, 7 MAR - La tajada más grande de la torta del gasto público en México se reparte "entre compadres", es decir, entre una red de personas familiares o conocidas de funcionarios del gobierno y sin criterios económicos.

Es el inquietante resultado de un estudio sobre corrupción realizado por la organización no gubernamental Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), dedicado a promover la transparencia y la rendición de cuentas de los funcionarios públicos.
    
El informe, denominado "Indice de riesgos de corrupción: el sistema mexicano de compras públicas", llega a la lapidaria conclusión de que "las relaciones personales sí importan" cuando las empresas tratan de llegar a un arreglo para suministrar bienes o servicios al gobierno.

El relevamiento abarcó a 73 empresas que más ganaron contratos en 2016, las cuales se adjudicaron 32% del gasto público, mientras que en 2012, cuando inició el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, sólo obtuvieron el 2%.

Mientras tanto, las 73 empresas que en 2012 se llevaron la mayor tajada, cuatro años después sólo obtuvieron 1%.

Cómo dieron este salto hacia delante las primeras sólo se explica por las "conexiones" que sus directivos y dueños mantienen con la alta burocracia, según el IMCO.

"Es un tema donde de repente hay un cambio en el control del gobierno, cambian las personas y también cambia la plantilla de proveedores", señaló el documento.

"No estamos prejuzgando. Igual sustituyeron gente muy mala con gente muy buena, no lo sabemos, pero sí es curioso que esto coincida con el ciclo político", indicó.

Max Kaiser, uno de los autores del estudio, junto con Manuel Molano, indicó que es difícil creer que haya una "racionalidad política" en el reparto de los contratos gubernamentales para proveer bienes o servicios.

Por lo tanto, no se puede atribuir este reacomodo entre una gestión y otra a que surgieron "empresas más innovadoras, con mejores productos y más avanzada tecnología, sino que efectivamente obedece a decisiones de tipo político", dijo Kaiser.

"La primera conclusión que podemos sacar de esto es que los criterios y las relaciones personales son lo que ayuda a ser un mejor competidor en el sistema de contrataciones públicas de México", expuso. Los contratos obtenidos por las 73 empresas más favorecidas en 2016 alcanzaron los 127,000 millones de pesos (unos 6,500 millones de dólares).

Lo más preocupante de todo esto es que el 71% de los contratos se otorgan por asignación directa, sin ninguna licitación ni concurso de por medio y que los 30 primeros proveedores acaparan el 20% de las asignaciones.

La ONG planteó en su capítulo de recomendaciones una reforma a las leyes de Adquisiciones y la de Obras Públicas para "eliminar las excepciones en las contrataciones que realiza el gobierno y evitar riesgos de corrupción".

Para el IMCO, este reparto de contratos típico del llamado "capitalismo de compadres" (crony-capitalism), tiene un impacto muy importante en el desarrollo del país.

Al no existir competencia para proveer al Estado "se limita la innovación y el desarrollo tecnológico".

Además, los beneficiarios de los programas del gobierno reciben productos en peores condiciones con relación a países donde existe una real competencia entre los proveedores de la administración pública.

El problema se agrava porque la situación en los 32 estados del país es similar, e inclusive no existe una homogeneidad en las normas que rigen las contrataciones gubernamentales en cada uno de ellos, hace notar el reporte.

En respuesta al estudio, el monopolio estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE), uno de los dos grandes entes gubernamentales, junto con Petróleos Mexicanos (PEMEX), señaló que ha reducido entre 2012 y 2017 de 69 a 12% las contrataciones directas.

La CFE es clasificada por el IMCO como una de las 10 instituciones del gobierno con "mayor índice de riesgo de corrupción". 
 



yoselin


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