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Chocan gobierno y ONU por 43 desaparecidos 

2018-05-10

(ANSA) - CIUDAD DE MEXICO, 10 MAY - La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, en 2014, volvió a enfrentar al gobierno de México y a la Organización de las Naciones Unidas, cuyo exrelator Juan Méndez lo calificó como un "caso envenenado". La controversia se enfoca en acusaciones de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas por los Derechos Humanos a la que acudieron la mayoría de los procesados por este crimen que alcanzó dimensiones internacionales.

El gobierno mexicano publicó el lunes anterior una carta dirigida a ONU-DH en la cual criticó el documento "Doble Injusticia: informe sobre Violaciones de Derechos Humanos en la Investigación del Caso Ayotzinapa", publicado el 15 de marzo por esa oficina, con sede en Ginebra.

En la carta, el gobierno del presidente Enrique Peña acusó al Alto Comisionado de violar el acuerdo firmado el 22 de febrero de 2017, en el cual le otorgó un permiso de estancia en el país a sus miembros, pero ONU-DH respondió que el acuerdo había vencido el 1 de febrero último y no fue renovado.

En su respuesta, el organismo internacional reafirmó, "después de una lectura minuciosa" del reclamo del gobierno de México, que "operó dentro del mandato establecido" en el acuerdo suscrito en 2002 que estableció una oficina en el país.

Los 43 estudiantes desaparecidos y se presume muertos la fatídica noche del 26 de septiembre de 2014, fueron atacados por policías y entregados a miembros del crimen organizado que se sospecha los confundieron con un grupo rival.

Los jóvenes se habían apoderado por la fuerza de varios autobuses para supuestamente recaudar fondos a fin de financiar un viaje a la Ciudad de México, donde participarían en la conmemoración de la matanza de decenas de estudiantes en el barrio de Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968.

La Procuraduría General concluyó que los jóvenes fueron entregados por los agentes municipales al grupo criminal Guerreros Unidos, que les dio muerte y quemó sus cuerpos junto a un basural en la localidad de Cocula, vecina a Iguala.

El reporte lanza duras críticas a la forma en que la fiscalía condujo la investigación y concluyó que "al menos 34 personas detenidas en el caso fueron torturadas y muchas de ellas detenidas arbitrariamente".

Se ha manejado la hipótesis de que uno de los autobuses llevaba a bordo un cargamento de armas o de heroína destinado a ser enviado a Estados Unidos y por eso fueron agredidos.

Entre los detenidos figura el entonces alcalde de la ciudad de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, acusados de colaborar con la banda criminal Guerreros Unidos.

Al menos 129 personas, entre policías y delincuentes, fueron detenidas entre septiembre de 2014 y enero de 2016 por la desaparición de los 43 estudiantes, que desató un clamor internacional por justicia y aun hoy es objeto de periódicas demostraciones callejeras en la capital y en Guerrero.

De 63 casos de procesados por la justicia revisados por la ONU, 51 fueron víctimas de "posibles actos de tortura" por parte de fuerzas federales y en 34 se hallaron "evidencias sólidas" de que fueron sometidos a intentos de asfixia, agresiones sexuales y presión sicológica.

El abogado y activista Juan Méndez, ex relator de la ONU sobre Tortura, señaló al diario Reforma que el asunto se contaminó seriamente por los testimonios obtenidos bajo coerción en el marco de la investigación, que presumió de haber hallado la "verdad histórica" del caso.

"El gobierno no puede utilizar información obtenida bajo tortura contra nadie que haya hecho declaraciones o confesiones", expuso.

En cambio, el análisis elaborado por la ONU que arrojó pruebas de tortura fue "muy detallado, concreto y hecho con gran rigor", indicó el ex relator. La ONU y el gobierno se han confrontado públicamente en torno al mismo caso en el pasado reciente, y en general en torno al tema de los derechos humanos.