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Estados Unidos endurece la represión contra los inmigrantes indocumentados 

2018-06-08

Joan Faus, El País

Donald Trump está furioso. Prometió que fortificaría la “muy peligrosa” frontera entre Estados Unidos y México para frenar la llegada de inmigrantes indocumentados. Pero no lo está logrando. Mayo fue el mes con más arrestos de inmigrantes, una vez cruzada la frontera, en sus 16 meses de presidencia. El efecto disuasorio registrado al inicio de su mandato se ha disipado. Mientras busca culpables, Trump redobla su política migratoria de mano dura.

El trumpismo no puede entenderse sin la demonización de la inmigración irregular. Al anunciar su campaña a la Casa Blanca, en 2015, el republicano prometió levantar un muro a lo largo de toda la frontera con México para frenar la llegada de, según sus palabras, delincuentes y violadores e insistió en que lo pagaría el país vecino. Como presidente, sin embargo, ese sueño parece lejano ante la reticencia del Congreso a financiar una barrera completa. Pero Trump no ha cambiado. Cuando le conviene, dibuja un paisaje apocalíptico en la frontera y atiza el miedo al extranjero. Lo que más teme es proyectar debilidad.

La policía fronteriza detuvo en mayo a 51.912 personas procedentes de México, más del doble de los 19.940 arrestos de mayo de 2017. Por tercer mes consecutivo, las aprehensiones se mantuvieron por encima de las 50,000 y siguen al alza. La cifra de mayo, sin embargo, se mantiene por debajo de los 55.442 arrestos en ese mismo mes de 2016 y los 68.804 de 2014, bajo el Gobierno del demócrata Barack Obama.

El aumento de la llegada de inmigrantes ha llevado a Trump a reforzar su contundencia. En abril, anunció el despliegue de militares en la frontera. Y en mayo, el Departamento de Justicia empezó a aplicar una polémica política de “tolerancia cero”: se presentan cargos delictivos a cualquier persona que cruce la frontera, lo que implica detener a adultos y separarlos de sus hijos menores de edad.

“Lo que estamos viendo es atroz”, dice por teléfono Megan McKenna, portavoz de la ONG Kids in Need of Defense, que asesora legalmente a menores indocumentados. Algunos de los niños separados tienen 11 meses. McKenna advierte de que la segregación de sus padres, que puede durar días o meses, es “dañina a corto y largo plazo” para los niños. Y esgrime que hay soluciones menos traumáticas e igual de efectivas mientras se resuelve judicialmente si los inmigrantes pueden quedarse en EE UU, como establecer un sistema de vigilancia de familias mientras viven en casas.

Hay más acciones polémicas. El pasado martes, se llevó a cabo la mayor redada migratoria contra una empresa durante la presidencia de Trump. La policía de deportaciones arrestó a 114 trabajadores en una compañía de jardinería en Ohio sospechosos de ser inmigrantes indocumentados. Ahora están en un centro de detención mientras se tramita su expulsión del país. Muchos tienen hijos que estaban en la escuela en el momento de la detención.

El viernes anterior, otro caso desató el pánico entre los inmigrantes. Un indocumentado fue detenido en Nueva York tras entregar una pizza del restaurante en el que trabajaba de repartidor en una base del Ejército. El personal de seguridad le pidió un carnet de identificación a Pablo Villavicencio Calderón, un ecuatoriano de 35 años, y descubrió, en la base de datos policial, que tenía una orden de deportación desde 2010. Su esposa asegura que podría ser expulsado de EE UU la próxima semana.

El objetivo de Trump es claramente disuasorio. Asustar a los inmigrantes que se embarcan en un peligrosísimo y desesperado viaje desde Centroamérica en busca de una vida mejor en el país más rico del mundo, que les permita huir de la espiral de violencia en la que están atrapados. Y también atemorizar a los indocumentados que ya viven en EE UU: a diferencia de la anterior Administración, cualquiera, aunque no haya cometido un delito violento, puede ser deportado si no tiene los papeles en regla.

Por ahora, sin embargo, la política de miedo no ha rebajado la llegada de indocumentados a la frontera. El Gobierno pide paciencia, mientras las organizaciones de defensa de inmigrantes ponen el grito en el cielo por las últimas medidas.

1,600 inmigrantes trasladados a prisiones federales

La nueva política del Gobierno de Donald Trump está dejando sin espacio los centros de detención de inmigrantes indocumentados. Como alternativa, la Administración republicana está utilizando por primera vez a gran escala las prisiones federales. Alrededor de 1,600 indocumentados, incluidos solicitantes de asilo, han sido trasladados a cinco centros penitenciarios, según la agencia Reuters.

Desde mayo, el Departamento de Justicia presenta cargos contra cualquier adulto que entre ilegalmente a EE UU. En caso de que vayan acompañados de menores, la policía fronteriza separa a padres y niños en los centros de detención, una práctica que había terminado en 2006. Los adultos están bajo custodia hasta, al menos, la primera sesión judicial para determinar si serán expulsados de EE UU. Bajo el anterior Gobierno de Barack Obama, se permitía a la mayoría de los inmigrantes sin antecedentes graves seguir en libertad mientras esperaban juicio.

Las autoridades también tienen problemas para mantener bajo custodia a los menores y están considerando utilizar bases militares, según la cadena NBC, como ya hizo el Gobierno de Obama. Por ley, los niños no pueden estar más de 72 horas en centros de la policía fronteriza pero, según la NBC, la mayoría lo superan por el retraso en el proceso de recolocación en instalaciones del Departamento de Salud y Servicios Sociales hasta que se encuentre una familia de acogida.