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No abandonemos a los niños migrantes 


2018-09-10

Comité Editorial, The New York Times


Entre todos los misterios que existen sobre el cerebro humano, su desarrollo se comprende bastante bien. La infancia temprana y la adolescencia son momentos cruciales en los que se da el mayor crecimiento neural. Tal como la confianza y la estabilidad pueden incrementar ese crecimiento, el miedo y el trauma pueden impedirlo. La institucionalización, en particular, puede tener efectos profundos y perjudiciales, que podrían detonar un espectro de retrasos en el desarrollo y trastornos psiquiátricos de los cuales es difícil —o incluso imposible— recuperarse.

A la luz de este conocimiento, la última acción del gobierno del presidente Trump contra los niños inmigrantes es especialmente preocupante. El 6 de septiembre, el Departamento de Seguridad Nacional propuso nuevas regulaciones que permitirían al gobierno tener detenidos a los niños migrantes por tiempo indefinido. Los funcionarios actualmente tienen prohibido detener a los menores durante más de veinte días debido a lo que se conoce como el acuerdo Flores, que ha estado vigente desde 1997. Las nuevas reglas pondrían fin a ese acuerdo y abrirían las puertas a una expansión de los centros de detención en todo Estados Unidos.

El Departamento de Seguridad Nacional afirma que, al eliminar el acuerdo Flores, los funcionarios desalentarían la inmigración no autorizada, con el razonamiento de que es menos probable que los adultos sin papeles ingresen al país si desde el principio saben que no pueden evitar ser detenidos durante un largo periodo simplemente por tener con ellos a un menor de edad. Activistas que trabajan con inmigración dicen que los objetivos reales de la propuesta son mucho más simples y diabólicos. “Desean eliminar cada una de las protecciones para los niños inmigrantes detenidos”, dice Omar Jadwat, director del proyecto de derechos de inmigrantes de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU).

Aun con el acuerdo Flores en vigor, esas protecciones han demostrado ser escasas. Los refugios para jóvenes migrantes —alrededor de cien instalaciones de ese tipo que albergan a más de diez mil menores en todo el país— han sido denunciados por una larga lista de abusos, incluidos abuso físico, abuso sexual, negligencia médica flagrante, la inyección forzada de medicamentos antipsicóticos, la sujeción ilegal de niños angustiados y reglas severas que prohíben incluso que los hermanos se abracen entre ellos. Los refugios, varios de los cuales enfrentan demandas, son parte de una red que ha recibido millones de dólares del gobierno federal tan solo en los últimos cuatro años. El dinero ha seguido llegando incluso cuando las acusaciones de abuso se han multiplicado.

El gobierno es el único responsable por estas violaciones, en gran parte debido a que su breve y desastrosa política de separación familiar ha generado caos en un sistema que ya estaba plagado de problemas. Tan solo la vergüenza debería ser suficiente para que los funcionarios federales trabajen arduamente para corregir el daño de esa política y para prevenir más daño a los niños a su cargo, más allá de que es lo que corresponde de acuerdo con un gran número de acuerdos y normas internacionales.

No obstante, es probable que su plan más reciente profundice los problemas existentes y no que los resuelva. Las regulaciones propuestas eliminarían la exigencia de que los centros de detención se sometan a inspecciones estatales y reduciría el espectro de familiares a los que los menores pueden ser entregados, acotándolo solo a padres y custodios legales —no a tías, tíos ni a otros integrantes de la familia extendida—. También desataría una proliferación de nuevas instalaciones: el gobierno estima que los lugares de detención operados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos se incrementaría de tres mil a doce mil. El número de refugios para menores inmigrantes sin acompañante también podrían crecer.

Las propuestas estarán abiertas a comentarios públicos durante los próximos sesenta días antes de que puedan ser finalizadas. Los lectores que deseen registrar su preocupación pueden hacerlo en el sitio web del Registro Federal.

Después de ese periodo, es casi seguro que el tema se dirige a las cortes. Analistas dicen que es probable que el mismo juez que ha fallado en contra de intentos anteriores para socavar el acuerdo Flores anule también este intento.

Lo cual pinta una espantosa realidad sobre qué es lo que motiva esta acción y cuál es su objetivo en última instancia: el gobierno sabe con seguridad que esta propuesta tiene pocas posibilidades de triunfar, pero sin duda animará a la base política del presidente Trump a medida que las elecciones intermedias se acercan. Así que mientras el gobierno juega a la política, el bienestar de miles de niños que llegaron a Estados Unidos para buscar protección y seguridad será puesto en riesgo (hoy y, en temas de desarrollo, durante el resto de sus vidas).



regina


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