“Hay temor y angustia”, dijo Tovar, quien añadió que lleva más de tres meses en Juárez tratando de obtener una cita a través de una aplicación que Estados Unidos ha pedido a los migrantes que utilicen para presentarse en un punto de entrada fronterizo y solicitar la admisión.
La última ola de personas que abordaron "la Bestia" eran en su mayoría venezolanos pobres, de acuerdo a autoridades y activistas, incluidas familias con niños pequeños que buscan llegar principalmente a Ciudad Juárez, fronteriza con El Paso, Texas.
"Aquellos migrantes que no puedan ser expulsados bajo el título 42, y no tienen una base legal para permanecer en los Estados Unidos, serán colocados en procedimientos de deportación bajo el Título 8", afirmó en un mensaje difundido en español en redes sociales.
El suceso tuvo lugar a eso de las 8:29 a. m. del domingo. La policía de Brownsville informó que había recibido varias denuncias de un accidente de tráfico frente al Centro Ozanam, un albergue para personas sin hogar que suele alojar a inmigrantes que cruzan la frontera desde México.
Contará asimismo con cientos de policías de otras agencias del Departamento de Seguridad Nacional, 400 voluntarios y 1,000 personas encargadas de las llamadas entrevistas "de miedo creíble", que evalúan si existe una posibilidad de que la persona sea perseguida o torturada si regresa a su país.
Funcionarios y legisladores estadounidenses han dicho que el plan para contener los cruces en el Tapón del Darién es uno de los principales pilares de los esfuerzos para hacer frente a la migración.
En una llamada con periodistas del martes, funcionarios de la administración estadounidense informaron que el Ejecutivo planeaba abrir más de 100 centros de procesamiento de migración en el hemisferio occidental y que lanzaría una nueva plataforma de citas en línea en los próximos días.
"Florida penaliza a los inmigrantes por haber tenido la mala suerte de nacer en países convulsos y haber tenido el valor de buscar aquí la paz y la prosperidad", declaró Tessa Petit, directora ejecutiva de la organización Florida Inmigration Coalition, en un comunicado enviado este miércoles.
El jefe de la Iglesia de Inglaterra condenó el miércoles un proyecto de ley del gobierno británico que frenaría drásticamente la capacidad de los inmigrantes para solicitar asilo en Gran Bretaña, calificando la política de “aislacionista, moralmente inaceptable y políticamente impracticable”.
Los largos botes de madera repletos de migrantes con chalecos salvavidas de color anaranjado llegaban uno tras otro, navegando con motores fuera de borda por el río Turquesa. Al final del día, las autoridades habían registrado a unos 2,000 migrantes.
El gobierno estadounidense empezará a partir del jueves a negar el asilo a los migrantes que lleguen a la frontera entre Estados Unidos y México sin haber presentado su solicitud primero por internet o que no hayan buscaron primero la protección de uno de los países por los que hayan pasado.
Las escenas se producen cuando el Título 42 expirará justo antes de la medianoche del jueves. La política ha estado vigente desde marzo de 2020, el comienzo de la pandemia de COVID-19, y ha permitido a las autoridades estadounidenses expulsar a cientos de miles de migrantes a México
El lunes, la gobernadora de Arizona Katie Hobbs hizo un llamado para que la Casa Blanca ponga más fondos a disposición de las comunidades fronterizas, y presente un plan satisfactorio para lidiar con cualquier incremento de migrantes. Al igual que Biden, Hobbs es demócrata.
También ha habido repercusiones lejos de la frontera sur. La alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot emitió una declaratoria de emergencia en respuesta a un incremento de 10 veces en el número de solicitantes de asilo que llegan a la ciudad requiriendo de albergue temporal y demás asistencia.
Precisamente, este martes el Departamento del Tesoro ha anunciado la imposición de nuevas sanciones contra uno de los hijos del Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán López, tres miembros más del cártel de Sinaloa y dos empresas más por su papel en el tráfico de droga hacia Estados Unidos.
En la sureña ciudad de Tapachula, muy cerca del límite con Guatemala, unas 3,000 personas abarrotaban este lunes unas improvisadas oficinas instaladas desde hace unos meses en un parque para otorgar permisos de tránsito por México.
Adams, un demócrata, anunció el plan el viernes para trasladar a los inmigrantes en autobús a los dos condados al norte de la ciudad de forma voluntaria. Explicó que el programa ayudaría a la ciudad a atender a los más de 37,500 solicitantes de asilo bajo el cuidado de la ciudad.
Es un mensaje que las autoridades federales han estado repitiendo. Pero compiten contra una poderosa red de tráfico de personas que facilita la migración hacia el norte y saca provecho de la desesperación de los migrantes, que sienten que no tienen otra opción.
Una regla de salud pública de emergencia ha permitido a los gobiernos de Donald Trump y Joe Biden expulsar rápidamente a los migrantes y bloquear la mayor parte del acceso al asilo en la frontera desde marzo de 2020, cuando la pandemia de coronavirus se ponía en marcha.
De noche, sobre el asfalto de Brownsville en Texas, migrantes buscan un lugar cómodo para pernoctar. Han cruzado la frontera desde México, adelantándose a un anunciado cambio en las regulaciones estadounidenses que podría complicar a los que vienen detrás.
