El papel de algunos militares tanto en la desaparición de 43 estudiantes de magisterio en el sur de México en 2014, como en la ocultación de lo ocurrido y sus presuntos vínculos con el crimen organizado, están en el centro de un caso que ha generado conmoción en México y el exterior.
Así lo anunció la Secretaría de Gobernación en un comunicado en el que indicó que el viernes se presentó una denuncia contra el juez de la ciudad norteña de Matamoros, Samuel Ventura Ramos, por la “probable comisión de delitos contra la administración de justicia y lo que resulte”.
El proceso de Ayotzinapa tuvo un giro el mes pasado luego que la Comisión de la Verdad difundió un nuevo informe que consideró el caso como un “crimen de Estado” tras reconocer la responsabilidad de los tres niveles de gobierno, incluyendo elementos del 27 Batallón de Infantería de Iguala.
Un grupo de manifestantes destruyó el miércoles cámaras de seguridad y pintó grafitis en la fachada de la embajada de Israel en la capital mexicana, incidente que fue condenado por las autoridades diplomáticas israelíes.
Tres miembros del ejército fueron detenidos por su presunto vínculo con la desaparición de 43 estudiantes ocurrida en 2014 en el sur de México, informó el jueves el gobierno.
Encinas denunció que el mismo juez que absolvió a Abarca, “uno de los principales involucrados en la desaparición de los muchachos” fue también quien “liberó a 77 presuntos perpetradores implicados en la desaparición de los estudiantes”.
De acuerdo al informe, los seis normalistas fueron retenidos en un lugar denominado la “bodega vieja”, y el 30 de septiembre del 2014 una persona identificada como “el coronel” comentó que “ellos se encagarían de limpiar todo y que ellos ya se habían encargado de los 6 estudiantes”.
Cansado, cada vez más encorvado en su silla y con la cabeza entre sus manos. Así recibió Jesús Murillo Karam la noticia de ser el primer ex procurador general de México en ser procesado por obstrucción a la justicia, tortura y desaparición forzada en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos...
El representante en México del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), Jan Albert Hootsen, expresó que la organización ya se comunicó con el medio donde Román publicaba sus columnas, y que le informaron que no tenían conocimiento de amenazas previas.
La detención del exfuncionario se da un día después de que el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación de México, Alejandro Encinas, dijera que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa fue un «crimen de Estado».
La Fiscalía General de México detuvo el viernes al exprocurador Jesús Murillo Karam por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia relacionados con el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de magisterio en el sur de México en 2014.
El subsecretario anunció que ya se presentaron en la fiscalía todos los elementos necesarios para que deslinde responsabilidades de 33 personas, entre las que hay funcionarios federales que no especificó. Lamentó también que 26 “personas clave” en la investigación han muerto o fueron “ejecutadas”.
Presuntos miembros del crimen organizado secuestraron el jueves a punta de pistola durante varias horas a dos mujeres militares que estaban fuera de servicio en el destino turístico de Puerto Vallarta, informó el Ejército mexicano.
“Son secuestradas por el simple hecho de formar parte del ejercito mexicano”, dijo Pérez López. “No tenían nada que ver con cuestiones operativas”. El militar agregó que presumen fueron miembros del crimen organizado por la forma en la que actuaron.
En esta zona del estado de Guerrero (suroeste) los descuartizamientos eran cotidianos en años recientes, por una guerra entre cárteles que se disputan la producción de goma de opio, amapola y marihuana en sus vastas serranías, y el acceso a puertos del Pacífico como Acapulco.
Además, la CNDH se sumó "a la exigencia, tanto del GIEI como de la sociedad mexicana en general", para que, a más de siete años de los sucesos, los padres y madres de los estudiantes desaparecidos y asesinados "tengan acceso a la verdad de los hechos ocurridos" y acceso a la Justicia.
Tras ser baleados, sus restos fueron incinerados y arrojados al basurero de Cocula, de acuerdo con la misma tesis. Esa parte de la narración es rechazada por familiares de las víctimas, el gobierno de López Obrador, el GIEI y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
El nuevo informe, divulgado este lunes por el GIEI, denunció más "simulaciones" en la llamada "verdad histórica" sobre la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa en México, así como la ocultación de información y la probable participación en más hechos de las Fuerzas Armadas.
La Marina de México fue parte activa en la manipulación y ocultamiento de pruebas en la investigación posterior a la desaparición de 43 estudiantes en el sur del país en 2014, así como en la construcción de la versión oficial del gobierno de entonces que resultó ser falsa, indicó el lunes...
Sustituir homicidios por desapariciones resulta útil narrativamente: si los homicidios bajan es bueno para el gobierno, porque los estados miden mayoritariamente sus niveles de violencia letal con la tasa de homicidio doloso; pero también para los criminales, porque llaman menos la atención.
