Los detenidos supuestamente estaban promocionando la llamada “caravana salvadoreña”, que saldría de El Salvador el viernes y sábado y giraron indicaciones para que los interesados en viajar compraran un paquete de transporte terrestre que incluía una prueba de COVID-19.
Miles de migrantes hondureños comenzaron a caminar hacia la frontera con Guatemala antes del amanecer del viernes, impulsados por la pobreza y la esperanza de llegar a la frontera de Estados Unidos, donde algunos creen que recibirán una bienvenida más cálida con el gobierno de Joe Biden.
Al caer la tarde, algunos de ellos ya habían llegado al cruce fronterizo en la ciudad de Corinto. El grupo comenzó a caminar el miércoles pero hizo una pausa durante la noche antes de llegar a donde estaban unos 75 policías antimotines en las afueras de San Pedro Sula.
Debido a que los niños no pueden ser encarcelados con sus familiares, las familias fueron separadas y los menores quedaban bajo custodia de los Servicios Humanos y de Salud. La política fue un lío colosal: no existía ningún sistema para reunir a los niños con sus familias.
El gobierno de México dijo el miércoles que él y otros 10 países de América Central y del Norte están preocupados por los riesgos de salud que supone el COVID-19 entre los migrantes que carecen de la documentación adecuada.
Alrededor de 200 migrantes iniciaron el miércoles en la noche una marcha a pie por una carretera hacia la frontera con Guatemala, dos días antes de la fecha prevista para la salida de una caravana desde San Pedro Sula.
Hace dos años, el presidente Trump le ordenó al buró utilizar registros administrativos para determinar quién estaba ilegalmente en el país luego que la Corte Suprema bloqueó el esfuerzo de su administración de incluir una pregunta sobre ciudadanía en el cuestionario del censo 2020.
Frente al auge de la migración de familias centroamericanas que pusieron rumbo a Estados Unidos de manera masiva en los últimos años, menores de edad como Ervin y jóvenes adultos son el nuevo perfil de migrantes que MSF está viendo más en medio de la pandemia.
A poco más de dos semanas para que termine la presidencia de Donald Trump, las constructoras trabajan a marchas forzadas para construir el mayor cantidad de muro fronterizo cono sea posible, una obra que Biden prometió durante su campaña que detendrá tan pronto asuma el poder.
El juez federal de distrito Nicholas Garaufis había ordenado al gobierno federal publicar un aviso público informando que aceptaría las solicitudes bajo los términos vigentes antes de que el presidente Donald Trump pusiera fin al DACA en 2017 con el argumento de que era inconstitucional.
La Secretaría de Gobernación aseguró que, junto con la Cancillería, buscaría planes de apoyo para los migrantes varados en la frontera entre ambos países, como parte del programa “quédate en México”, luego de que el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, se comprometió a desmantelarlo.
El naufragio fue reportado el lunes por las autoridades de Acandí, un municipio ubicado frente al Golfo de Urabá, una ensenada en el Caribe rodeada por una densa selva. Miles de inmigrantes atraviesan el golfo cada año a bordo de pequeñas embarcaciones.
“Hay camionetas sospechosas que se estacionan o que dan vueltas con dos o tres hombres adentro”, aseguró el migrante hondureño Michael Castañeda, de 27 años, quien ayudó a organizar la vigilia. “Sabemos que (delincuentes) nos están viendo, y saben que estamos viéndoles también”, agregó.
Jueces federales han limitado el impacto de la prohibición a ciertas visas, la cual iba a expirar el jueves. Biden, que ahora está obligado a decidir cuándo y cómo suspender las prohibiciones después de asumir la presidencia el 20 de enero, no se refiere específicamente a ellas en su plan.
Estados Unidos ha enviado a territorio mexicano a unos 60,000 migrantes, la mayoría provenientes de Centroamérica y otros países latinoamericanos, bajo el programa "Quédate en México" impuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump.
Con los hospitales públicos abrumados por los casos del virus, los migrantes con padecimientos cardiacos o embarazos difíciles no tienen a quién acudir. Otros han recibido prescripciones inefectivas porque una serie de médicos se ven forzados a tratarles sin un historial médico.
Durante una conferencia de prensa en Wilmington, Delaware, Biden dijo que ya empezó a discutir el tema con el presidente mexicano y con “nuestros amigos en América Latina” y señaló que la “línea de tiempo es hacerlo para que en realidad lo mejoremos y no lo empeoremos”.
Biden, un demócrata que se desempeñó como vicepresidente de Obama, se ha comprometido a presentar una legislación que ofrecezca un camino hacia la ciudadanía a los 11 millones de inmigrantes que se estima hay en Estados Unidos ilegalmente, incluidos los inscritos en DACA.
Durante una audiencia de tres horas y media, Texas y otros ochos estados pidieron al juez federal Andrew Hanen que pusiera fin al programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus iniciales en inglés), que ofrece protecciones limitadas a aproximadamente 650,000 personas.
El gobierno del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, está considerando un plan para proteger a más de un millón de inmigrantes de Honduras y Guatemala de la deportación después de que los países fueran azotados por huracanes en noviembre.
