Al día de hoy hay un saldo oficial de más de 220,000 muertes por COVID-19 y un impacto social y económico de proporciones aún incalculables. Pero aún es incierto el saldo de impunidad social que dejará en un país como México en el que la justicia, desde antes del coronavirus, ya estaba en agonía.
Solo en 2020, según el más reciente informe de Centro Mexicano de Derecho Ambiental, se registraron 65 casos de agresiones y 18 asesinatos de defensores. Fue el año más violento para la defensa de los derechos humanos ambientales en lo que va del actual gobierno.
El informe presentado ante las Naciones Unidas por la Misión Internacional Independiente sobre Venezuela (FFM, por su sigla en inglés) le ha dado a la fiscala de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, una oportunidad de oro para saldar su deuda con Venezuela...
Hace dos semanas, en este mismo espacio, hablé de la política del trampantojo. Leía sobre la relación entre Mozart y Salieri, cuando recordé la disputa entre Parrasio y Zeuxis, la cual me hizo pensar en la trampantojización de la política.
Sabemos que en la cuarentena se han incrementado los índices de violencia en contra de las mujeres: los feminicidios durante el mes de junio alcanzaron la cifra más alta de 2020.
En el acuerdo se disponen dos cuestiones más, ambas de gran importancia. La primera, que las tareas encomendadas a la Fuerza Armada permanente en apoyo de la Guardia Nacional no podrán extenderse más allá del 27 de marzo de 2024.
En la esencia de la aspiración democrática de ejercer el poder público se anida el conjunto de propuestas sobre lo que se desea hacer.
Hace unos días, Human Rights Watch (HRW) presentó el Informe Mundial 2020 sobre la práctica de derechos humanos en el mundo. Se trata de la trigésima edición de uno de los estudios más importantes para valorar las condiciones de respeto y protección en esa materia por prácticamente cien países.
Las sociedades modernas suelen considerarse plurales y complejas. Tal pluralidad implica una diversidad de actuares, pensares, creeres, imaginares, y distintos sentires que también conllevan, enormes retos para que todo quepa como mejor se pueda, si no en un continente único, sí al menos limitado.
Los padres abrazaban a sus hijos tras las puertas cerradas de las guarderías, mientras los disparos resonaban en las calles. Hombres con rifles Kalashnikov y camiones incendiados bloquearon las principales carreteras y los accesos al aeropuerto.
La inseguridad nos sale muy cara. En América Latina y el Caribe, el crimen cuesta cada año un 3.5% del PIB regional. Eso es, aproximadamente, la misma cantidad que invertimos en infraestructura esencial como carreteras, aeropuertos u hospitales. También es la mitad del gasto en salud o educación.
La iniciativa establece que podrán ser liberados siempre y cuando los sujetos no sean reincidentes, no hayan estado sentenciados por lesiones, homicidio o secuestro, y no haber usado armas de fuego en el delito que se le imputa.
La Ley de Amnistía presentada por el Presidente Andrés Manuel el pasado 15 de septiembre es una muestra más de algunas de sus estrategias que —con frecuencia— suelen tener más un efecto simbólico que práctico. Las mujeres acusadas por el delito de aborto se verían beneficiarias con la misma.
El presidente de la República mexicana acaba de presentar al Congreso de la Unión su iniciativa de ley de amnistía. Se trata, en principio, de un intento para restablecer algunas condiciones de paz en el país.
El Estado moderno tiene el “monopolio de la violencia”, dijo Max Weber. Por supuesto, me refiero a la violencia o a la fuerza legítimas, o puesto de otro modo, al despliegue racional de aquéllas para proteger los bienes y derechos de los ciudadanos.
Joaquín El Chapo Guzmán Loera fue un personaje de corrido musical, no una estructura de poder. Su fama creció por dos rocambolescas fugas de penales de alta seguridad y se consolidó cuando tuvo en su refugio a la actriz mexicana Kate del Castillo y al actor estadunidenses Sean Penn.
El fin del proceso es un duro recordatorio para México. La sentencia que acaba con la vida pública de Guzmán ilustra el fracaso del sistema judicial mexicano para castigar a aquellos que se han beneficiado de la debilidad del Estado.
Tengo claro que el ministro Zaldívar no estará solo en esta empresa, seguro estoy de que consolidará un equipo de personas comprometidas con la visión garantista de los derechos que ha buscado impulsar desde su llegada a la Corte.
Los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón utilizaron las instituciones de justicia para negarle acceso a su defensa y protección. A Lydia Cacho se le impusieron tres juicios civiles para evitar que continuara con su trabajo periodístico.
El ultraderechista ha adoptado un tono muy distinto al que ha venido utilizando en sus arengas diarias a sus seguidores por Facebook pero sí que ha repetido algunas de sus controvertidas declaraciones, por ejemplo, contra las minorías o a favor de liberalización de la venta de armas.
