El Parlamento israelí dio aprobación preliminar el miércoles a un proyecto de ley que permitiría al legislativo invalidar un fallo de la Corte Suprema por mayoría simple, y que de ser sancionado, según los detractores, alteraría gravemente el equilibrio democrático en el país.
Frente a su esposa, su bebé recién nacido y su hijo adolescente, fue detenido por policías antimotines armados que llegaron en tres patrulleros a su casa y sin orden judicial ni explicaciones lo llevaron a una cárcel de máxima seguridad, un día antes de los comicios del 6 de noviembre de 2021.
El expresidente peruano Pedro Castillo solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ordene al Estado peruano su "inmediata libertad" y restitución como mandatario del país andino, informó este martes su exministro de Defensa Walter Ayala.
Si bien la decisión final y "soberana" correspondió a Ortega, estimó que la puesta en libertad de 222 presos políticos tuvo que haber implicado intercambios diplomáticos con el embajador estadounidense en Nicaragua, Kevin Sullivan, así como con el Departamento de Estado del país norteamericano.
"Nos oponemos a pronunciamientos laudatorios como los emitidos por el Departamento de Estado de EU, en los que se presenta un hecho violatorio de derechos humanos como 'pasos positivos' para la consolidación de las relaciones entre países y el camino a la democracia", subrayaron.
El gobierno israelí seguía adelante el lunes con un controvertido plan de reformar el sistema legal del país, pese a una indignación sin precedentes que ha incluido protestas masivas, advertencias de militares y empresarios y llamadas a la moderación de Estados Unidos.
Decenas de activistas quechuas y aymaras descansan en colchones sobre el piso a la espera nuevas manifestaciones contra el gobierno, mientras algunos voluntarios preparan un desayuno de arroz, pasta y verduras.
Castillo —en prisión provisional en una cárcel exclusiva de Lima para expresidentes— fue llamado por el Parlamento para ejercer su defensa mediante una videoconferencia, pero el exmandatario pidió asistir de forma presencial al Legislativo, una petición que no fue aceptada.
En enero pasado, el Gobierno peruano expresó mediante una carta diplomática su "enérgica protesta por un nuevo acto de injerencia" de Petro en asuntos de política interna, luego de que este se pronunciara sobre el desalojo de cientos de manifestantes en una universidad de Lima.
"Es lamentable que un presidente quiera intervenir en políticas del Estado peruano", dijo antes de señalar la necesidad de que "los partidos políticos hagan un pronunciamiento para invocar al señor presidente de Colombia que se dedique a gobernar su país, igual que el presidente de México".
Xi y Raisi asistieron a la firma de 20 acuerdos de cooperación que incluían temas como comercio y turismo, según el gobierno chino. Los documentos se sumen a un acuerdo estratégico de 25 años firmado en 2021 para cooperar en el desarrollo en petróleo, industria y otros campos.
Las confiscaciones de propiedades fueron una práctica común durante el primer gobierno sandinista (1979-1990), del cual Ortega fue presidente durante cinco años. Miles de casas, haciendas y empresas industriales fueron expropiadas a personas ligadas al derrocado dictador Anastasio Somoza.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, envió la semana pasada a 222 líderes políticos, sacerdotes, estudiantes, activistas y otros disidentes a Estados Unidos, una liberación que la comunidad internacional reclamaba desde hacía mucho tiempo.
Miles de iraníes recorrieron las principales calles y plazas engalanadas con banderas, globos y carteles con eslóganes revolucionarios y religiosos. El ejército exibió misiles balísticos y de crucero Emad ySejjil, además de aviones no tripulados Shahed-136 y Mohajer.
El ministro de Relaciones Exteriores José Manuel Albares explicó que España hacía la oferta debido a la decisión de Nicaragua de despojar a los presos de su ciudadanía. Efectuó sus comentarios a la agencia privada de noticias española Servimedia y su ministerio los confirmó.
Aunque el destierro fue una decisión unilateral de Ortega, Estados Unidos llevaba meses pidiendo la liberación de los presos políticos tras la ola de protestas que sacudió el país en 2018 con peticiones para que renunciara y que acabaron con cientos de muertos, presos y desaparecidos.
Esa crisis se acentuó tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.
Las manifestaciones también ocurren en la capital desde fines de enero luego que miles llegaron desde los Andes, sobre todo del sur. Muchos de ellos viven del apoyo de sus familiares, amigos o de redes de vecinos que han aportado dinero para su modesta manutención en Lima.
“Esto parece ser una especie de válvula de escape porque ha habido mucha presión internacional, presión de la UE (Unión Europea), de Estados Unidos, de otros”, señaló Antonio Garrastazu, director regional para América Latina y el Caribe del International Republican Institute en Washington.
Las manifestaciones antigubernamentales en Perú tras un mes de la muerte de 19 peruanos durante una protesta en la ciudad comercial más importante del sureste del país dejaron en la víspera 23 civiles heridos, incluido un niño, informaron las autoridades el viernes.
