El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó el viernes cargos contra 28 miembros del poderoso cártel mexicano de Sinaloa, entre ellos los hijos del famoso narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, en el marco de una extensa investigación sobre el tráfico de fentanilo.
Pero lo más grave, según los expertos, es que a pesar de que el propio presidente dio seis veces la orden -incluso por escrito- al jefe del ejército para que colabore, la Secretaría de la Defensa, que ha multiplicado sus funciones y poder durante su administración, sigue sin hacerlo.
La agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) señaló este viernes a los cárteles mexicanos de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación como las principales amenazas "para la salud y las comunidades" en territorio estadounidense.
Portillo Gil era señalado desde 2018 también como el principal sospechoso del homicidio del profesor estadounidense Patrick Braxton-Andrew, quien según las autoridades fue asesinado a balazos tras ser confundido con un agente de la agencia antidrogas estadounidense DEA.
De droga desconocida a enemigo público número uno. El fentanilo ha monopolizado los últimos capítulos de la guerra contra el narcotráfico en México y Estados Unidos. Más potente, barata y difícil de detectar, esta droga sintética está detrás de una crisis de salud pública con tintes epidémicos.
Un hombre que admitió haber comprado armas de fuego que sabía que irían de Estados Unidos a un cártel del narcotráfico en México fue arrestado en Texas después de que se descubriera que una de las armas estaba vinculada con el reciente secuestro de cuatro estadounidenses según documentos judiciales
Los reclamos desde Washington subieron de tono tras el secuestro, el 3 de marzo, de cuatro estadounidenses en la ciudad mexicana de Matamoros (frontera norte), dos de los cuales murieron en manos de sus captores, presuntos narcotraficantes. Los cuatro ya fueron repatriados.
Desde sus ruedas de prensa matutinas, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha respondido que defenderá la soberanía de ese país, ha arremetido contra los republicanos estadounidenses, a los que ha llamado "mequetrefes e intervencionistas", y ha pedido que nadie los vote.
Zindell Brown, de 28 años y oriundo de Lake City, Carolina del Sur, tenía algo más que nervios mientras se preparaba para su primer viaje fuera de Estados Unidos. Quizá era una premonición sobre el viaje que él y varios de sus amigos iban a hacer a México.
Quienes viven en Matamoros, que forma parte del estado de Tamaulipas y se encuentra al otro lado del río Bravo del sur de Texas, sobrellevan a diario el estallido de la violencia que consume la vida desde que las organizaciones criminales comenzaron a afianzar su control de la ciudad.
Se suponía que sería un viaje divertido a México de cuatro estadounidenses, amigos desde la infancia: una aventura postpandemia, pero poco después de cruzar la frontera comenzó el horror, y dos de ellos no volverían a casa. Una quería una cirugía estética después de tener seis hijos.
Se trata de los mismos cinco hombres que presuntos miembros del Cártel del Golfo (CDG) habrían abandonado el jueves en una calle de Matamoros, acusándolos de haber cometido el rapto sin autorización de sus jefes en esa organización criminal, informó una fuente de la fiscalía a la AFP.
“He estado tratando de encontrarle sentido durante toda una semana. Estaba inquieto; no podía dormir ni comer. Es una locura ver que te quiten a tu propio hijo de esa manera, de una manera violenta como esa. No se lo merecía”, expresó James Woodward a los periodistas el jueves.
El caos que se desarrolló en la ajetreada intersección de tres vías en la zona centro de Matamoros, podría haberse recordado solo como un acto de violencia angustiosamente común en una ciudad fronteriza agobiada por la violencia. Excepto que en esta ocasión las víctimas eran estadounidenses.
Un viaje por carretera a México para someterse a una operación de cirugía estética acabó con dos estadounidenses muertos y otros dos encontrados vivos en una zona rural cercana a la costa del Golfo tras un violento tiroteo y secuestro que fue grabado en vídeo, informaron autoridades el martes.
El Departamento de Estado mantiene desde hace años una alerta máxima para que los estadounidenses no viajen a la zona pero es habitual que habitantes de las poblaciones fronterizas crucen a México para hacer compras, ir a consultas médicas -que son más baratas- o visitar a familiares.
Una absolución podría desatar una tormenta en México, poniendo en duda la capacidad de las autoridades estadounidenses para recopilar pruebas convincentes sobre la corrupción mexicana de alto nivel que, tradicionalmente, ha recibido menos escrutinio que los delitos de los líderes de los cárteles.
Ese no fue el único pago de la Fiscalía capitalina en el Gobierno de Mancera a una empresa de García Luna. Un año antes, en 2016, Glac Security Consulting fue contratada para que hiciera un “diagnóstico integral de capacidades institucionales” de la unidad Antisecuestros.
"El crimen es transnacional y nosotros tenemos que estar también muy coordinados. Hay que saber quién nos contesta el teléfono cuando llamamos a otro país", dijo el subsecretario de Seguridad y Protección de México, Luis Rodríguez Bucio, sobre las acciones conjuntas anunciadas.
La Compañía de Jesús decidió reforzar con tres sacerdotes más su presencia en un poblado del norte de México donde hace más de siete meses fueron asesinados dos jesuitas sin que aún se haya detenido al presunto responsable del hecho, lo que llevó a la Comisión Interamericana de los Derechos...
