El despliegue de 6,000 miembros de la Guardia Nacional en la frontera sur del país, como parte de los acuerdos con Estados Unidos para evitar la aplicación de aranceles a las exportaciones mexicanas, comenzó este fin de semana, generando miedo y zozobra entre migrantes.
El gobierno mexicano advirtió el lunes que no tolerará la trata de personas en su campaña para frenar a los migrantes que cruzan por su territorio en camino a Estados Unidos y dio nuevos detalles sobre el “rescate” que hizo el fin de semana de casi 800 migrantes que viajaban en semirremolques.
Con carteles y paraguas en las manos, decenas de personas protestaron el domingo bajo una intensa lluvia afuera de un inmueble del sur de Florida que se ha convertido en el sitio más grande del país para la detención de inmigrantes menores de edad.
El mecánico cubano de 36 años tiene la mirada perdida mientras recuerda cómo funcionarios de la estación migratoria Siglo XXI rompieron el documento que le acreditaba como solicitante de refugio en México. Era el principio de una pesadilla que empeoraría con la llegada de más migrantes detenidos.
Las detenciones de este sábado afianzan el mensaje de mano dura que quiere escuchar la Casa Blanca y alejan los fantasmas de aranceles, con los que ya amenazó Trump a México el pasado 30 de mayo si no se comprometía a reducir la migración que llega hasta la frontera estadounidense.
Miles de efectivos de la Guardia Nacional y miembros de otras fuerzas de seguridad se están desplegando en la frontera de México con Guatemala, mientras las autoridades mexicanas tratan de cumplir el reciente acuerdo con el gobierno estadounidense para reducir la migración no autorizada.
Muchos de los centroamericanos que hicieron fila en una oficina de apoyo a refugiados en el sur de México dijeron que podrían abandonar sus planes de llegar a Estados Unidos y permanecer en México si el presidente Donald Trump reprime aún más la inmigración.
México logró esquivar la amenaza de una guerra comercial con Estados Unidos con un acuerdo de último minuto. La crisis más profunda entre ambos países de los últimos años ha centrado los esfuerzos del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en contener el éxodo de migrantes desde Centroamérica.
Un tribunal federal de apelaciones en Washington falló el viernes contra una política del gobierno de Donald Trump a la que describió como una “prohibición generalizada” que impide que adolescentes inmigrantes bajo custodia del gobierno aborten, y ratificó una orden que bloquea la política.
La Red Fronteriza para Derechos Humanos emitió el viernes un reporte basado en docenas de testimonios de migrantes recabados en el último mes y medio.
Un acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos que evitó la imposición de aranceles a bienes mexicanos ha encontrado una creciente resistencia, incluso entre parlamentarios del oficialista partido MORENA, a medida que se van aclarando los detalles y sus implicaciones.
Todas las fuerzas del orden de Florida tendrán que cooperar con las autoridades federales de inmigración conforme a una ley promulgada el viernes por el gobernador Ron DeSantis durante una ceremonia que con frecuencia adquiría visos de un evento de campaña para él y el presidente Donald Trump.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador reconoció el viernes que hay 68 cruces fronterizos en el sur del país que no tienen vigilancia pero garantizó que muy pronto la habrá.
Hasta ahora, el Gobierno mexicano había desvelado que como parte del acuerdo sobre migración con EE UU iba a poner en marcha un proceso de identificación y registro de los migrantes al cruzar su frontera sur.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que su acuerdo migratorio con México incluye un plan de “tercer país seguro” si otros esfuerzos para contener la crisis en la frontera entre las dos naciones fracasan.
Entre miles de migrantes, cargando a su bebé de un año y junto a su otro hijo de ocho, la venezolana Betania Ramírez ingresó a Perú, poco antes de que entre en vigor una ley que dificulta el ingreso de quienes huyen de la crisis del país caribeño.
Migrantes centroamericanos ansiosos por evitar una ofensiva de México en su frontera sur con Guatemala ingresaron al país el jueves, mientras el gobierno se preparaba para enviar a miles de efectivos de la Guardia Nacional a vigilar el poroso límite.
Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Cámara de Diputados, sostuvo que México violó leyes internas con el envío de la Guardia Nacional para detener a los migrantes de Centroamérica y aseguró que el gobierno puso un muro en su frontera sur.
Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, acusó a Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), de invadir las facultades en materia migratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Los acuerdos para conjurar la aplicación de aranceles a las exportaciones aztecas a Estados Unidos obligarían a recibir de vuelta a unos 50,000 migrantes en México, lo que hace temer una crisis humanitaria en la frontera común.
