Los tribunales penales federales en la ciudad de Buenos Aires están situados en un enorme edificio solitario, como salido de una novela de Kafka. Imponentes bajorrelieves y decoraciones de piedra en la fachada contrastan con la apabullante decrepitud de sus instalaciones.
La gira urgente de Guaidó avanza por la región suramericana buscando rearmarse junto a sus aliados antes de regresar a Caracas y tras cierto distanciamiento con EU. Un retorno que demanda el 85% del país, y sobre el que planea la duda de si el gobierno bolivariano ejecutará la orden de detención.
La versión argentina de la Lava Jato, la operación que reveló una red de corrupción en Brasil y buena parte del continente, empieza así: de febrero de 2005 a octubre de 2015, cuando el kirchnerismo comenzaba a despedirse del poder.
El recuerdo de los errores del kirchnerismo, los procesos judiciales de corrupción contra miembros del anterior gobierno y la división de la oposición peronista fueron elementos eficaces para el triunfo de Cambiemos. Parecía que el camino a la reelección en 2019 no tenía obstáculos.
La Argentina otra vez en su tormenta. Crecen las olas, el viento ruge, el mar se encrespa y ahora, entre las olas, hay un monstruo, ese que los argentinos nos acostumbramos a pensar como la fuente de todas las desgracias: el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La llegada de Mauricio Macri al Gobierno argentino, en diciembre de 2015, estuvo acompañada de un enorme desafío: normalizar una economía afectada por la alta inflación, un alto déficit fiscal y una caída en el nivel de actividad. Fue la herencia que dejó Cristina Kirchner.
Desde su tumba, el fiscal Alberto Nisman ha logrado lo que no pudo conseguir en vida: sentar a Cristina Fernández de Kirchner en el banquillo de los acusados por el presunto delito de encubrimiento a los sospechosos iraníes en el atentado a la mutual judía AMIA en 1994.
